Un tribunal penal de El Cairo ha condenado este martes a 43 empleados de cuatro ONG extranjeras, entre ellos 19 estadounidenses, a penas de prisión de entre uno y cinco años por «crear sucursales de organizaciones internacionales sin licencia gubernamental» y«captar ilícitamente fondos del extranjero«. El veredicto puede tensar las relaciones diplomáticas y amenazar la ayuda de Estados Unidos y la Unión Europea.
Los 27 trabajadores extranjeros que abandonaron el país y han sido juzgados en rebeldía han sido condenados a cinco años de cárcel. Pertenecen a la Fundación alemana Konrad Adenauer (KAS), afín a la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Angela Merkel, y las organizaciones estadounidenses Freedom
, Instituto Republicano Internacional e Instituto Democrático Nacional, vinculados de manera no oficial a los partidos republicano y demócrata respectivamente y que presiden el senador John McCain y la ex secretaria de EstadoMadeleine Albright.
El único estadounidense que decidió permanecer en el país árabeha recibido junto a otros cuatro acusados la pena de dos años de prisión. Los 11 restantes han sido condenados a un año de prisión suspendida. El juez, parapetado detrás de una hilera de micrófonos, ha dictado ademásel cese de actividad de las cuatro ONG extranjeras involucradas y la confiscación de sus sedes, material y fondos por parte del Estado. Entre los condenados a cinco años, figura Sam LaHood, hijo del secretario de Transporte, Ray LaHood, y ex director de la oficina del Instituto Republicano en Egipto.
La pesadilla, un brutal golpe a la sociedad civil egipcia, comenzó en la navidad de 2011. Las sedes de 17 ONG fueron blanco de una redada policial. En una huida hacia delante que desató las críticas de la diplomacia internacional, 43 empleados fueron acusados de «crear sucursales de organizaciones internacionales sin licencia gubernamental» y «captar ilícitamente fondos del extranjero».
Durante más de año y medio, el ‘vía crucis’ judicial ha paralizado los proyectos de las organizaciones bajo sospecha. Todos los extranjeros -excepto un estadounidense- huyeron del país y han sido juzgados en rebeldía. Los 13 egipcios, sin embargo, han sufrido durante meses los estragos de un juicio iniciado en la etapa de la transición gobernada por la Junta Militar.
«Desde entonces no he conseguido trabajo. No me han prohibido viajar al extranjero ni me han encarcelado, pero desgraciadamente se ha convertido en un estigma», reconocía hace unos días a ELMUNDO.es Hafsa Halawa, abogada y ex empleada del Instituto Democrático Nacional que ha sido condenada a un año de prisión suspendida. En el último año y medio, ha tenido que comparecer una vez al mes en los tribunales.
Una ley que amordaza
El veredicto coincide con la tramitación de una controvertida ley de asociaciones y sociedad civil en la Shura, la Cámara Alta que ejerce temporalmente todo el poder legislativo. La norma, propuesta por el ‘brazo político’ de los Hermanos Musulmanes y cuya última versión ha sido remitida al Hemiciclo por el presidente egipcio, Mohamed Mursi, aumenta el control estatal sobre la financiación y las actividades de las ONGy mantiene a la sociedad civil como un asunto de seguridad nacional.
«El proyecto de ley arruina todas las esperanzas de que los grupos independientes puedan operar libre e independientemente después de la revolución», advierte Sarah Leah Whitson, directora de Oriente Próximo y Norte de África de Human Rights Watch (HRW).
La propuesta legislativa -agrega- «proporcionaría al gobierno carta blanca para interrumpir la financiación y detener las actividades de aquellos grupos que considere incómodos. Es hostil a la noción misma de sociedad civil independiente». Por su parte, la Unión Europea también ha mostrado su preocupación por algunos aspectos de la norma que «pueden limitar el trabajo de las ONG en Egipto» y obstaculizar las ayudas europeas.
diario el mundo