19 octubre, 2020

FM Cosmos

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Presiones del Gobierno para que la Corte falle a su favor

Reclamo de sus principales referentes ante la inminencia de una decisión sobre la reforma de la Magistratura

Por   | LA NACION

Ante un inminente fallo de la Corte Suprema sobre la constitucionalidad de la ley que prevé la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, el Gobierno redobló ayer su presión sobre el máximo tribunal para obtener una sentencia favorable en este controvertido aspecto de la reforma judicial.

Los reclamos al máximo tribunal para que falle según los designios del Gobierno corrieron por cuenta de los ministros de Planificación, Julio De Vido; de Desarrollo Social, Alicia Kirchner; del senador Aníbal Fernández, y de su colega Miguel Pichetto. Siguieron casi al pie de la letra el guión fijado por la presidenta Cristina Kirchner una semana atrás, cuando la mandataria presionó a la Corte desde Río gallegos y luego vía Twitter, para que avale la elección de los consejeros por el voto popular.

Fue, también, la estrategia que desplegó el oficialismo días atrás, en vísperas de que la jueza federal María Servini de Cubría declarara inconstitucional la nueva ley y decidiera suspender las elecciones de consejeros, previstas junto con las próximas elecciones primarias, el 11 de agosto. Esa vez el plan no dio el resultado que esperaba la Casa Rosada.

Hace siete días, la Presidenta había encabezado las hostilidades contra la Corte para responder al argumento de que la elección popular de los consejeros implicaba una politización. Lo hizo al sacar a relucir el origen político del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, cuando recordó que su designación surgió del consejo de un político. Y cargó además contra el juez Carlos Fayt por sus 95 años. A través de Twitter, cargó entonces contra la Corte.

Ayer, Alicia Kirchner declaró que detrás de la reforma judicial, cuya constitucionalidad está cuestionada, se juega la libertad. «La libertad es el pulmón de los pueblos y la Justicia tiene que asegurarla», dijo.

«Hay muchos magistrados que representan a la Justicia de una manera excelente y que quieren la reforma» judicial, pero «hay otros que no», expresó. «A 30 años de la vuelta de la democracia todavía falta resolver la democratización de la Justicia», incluida la posibilidad de que accedan a ella los sectores populares, dijo.

Su colega De Vido fue más tajante: «Con el tema de la reforma judicial, vemos cómo se vapulea el concepto de soberanía popular. Por eso, que en las elecciones del Consejo sea aplicada en toda su intensidad», reclamó el ministro durante un acto realizado en la Casa Rosada, en el que anunció obras públicas para intendencias de Misiones.

El pronunciamiento de De Vido se produjo en la misma dirección de las declaraciones del presidente del bloque del Frente para la Victoria del Senado, Miguel Pichetto, quien previamente había dicho que «la Corte Suprema de Justicia no es un suprapoder y tiene que ejercer con prudencia y responsabilidad».

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó ayer a favor de la elección popular de los consejeros y la nueva integración del Consejo de la Magistratura, y pidió a la Corte Suprema que acepte el per saltum planteado por el Gobierno, con lo cual el máximo tribunal quedó en condiciones de dar a conocer su decisión en las próximas horas o recién mañana. La única señal al respecto la dio Lorenzetti cuando aseguró que la Corte emitiría un fallo «inmediatamente».

Ya en tono de campaña, De Vido dijo que la Presidenta «es la única garantía de continuidad del modelo nacional y popular, para que siga profundizándose». Y señaló que las próximas elecciones son «importantísimas, porque hacen a la profundización del modelo o a entregarlo a sectores reaccionarios para que lo liquiden».

Aníbal Fernández, por su parte, dijo que el fallo de Servini se origina en una «sospecha íntima» de la jueza, «sólo justificable por una intoxicación de operaciones mediáticas».

«A veces la intoxicación mediática llega a niveles tan altos que puede hacer que un jefe de gobierno dicte un DNU ridículo por un chisme [por Mauricio Macri y la norma en favor de la libertad de expresión ante la posibilidad de que el Gobierno interviniera Clarín] y una jueza federal determine la inconstitucionalidad de una ley por un presentimiento.»

Al fallo de Servini de Cubría se agregó ayer otro en el mismo sentido, dictado por el juez en lo contencioso administrativo federal Esteban Furnari ante el cuestionamiento del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Declaró la inconstitucionalidad de los artículos que establecen la nueva integración de 19 miembros y los que convocan a elecciones populares de los representantes de jueces, abogados y académicos.

PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO CONTRA LA PROCURADORA

 

  • La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sumó ayer un nuevo pedido de juicio político en su contra. La diputada Elisa Carrió (CC-ARI) acusó a la procuradora de tener «parcialidad en la tarea desempeñada en violación a los deberes de funcionario público», y anunció que hoy hará efectiva la presentación.

 

 

  • Carrió entendió que con el aval de Gils Carbó a la elección popular de consejeros, la procuradora «atentó contra el orden constitucional y republicano previsto en el artículo primero de la Constitución Nacional». Según dijo, la acusación contra Gils Carbó es «por ser un ariete del Gobierno en la grave alteración al orden constitucional que afecta el orden democrático y elimina de hecho el sistema republicano de gobierno».

 

 

  • A comienzos de este mes, los senadores radicales José Cano, Gerardo Morales y Ernesto Sanz ya habían hecho un pedido de juicio político similar, por presunto mal desempeño y comisión de delito.

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