El proyecto presentado hoy da marcha atrás con el acuerdo entre la Presidenta y el titular de la Corte, antes de la sanción de la reforma judicial.

El proyecto presentado hoy da marcha atrás con el acuerdo entre la Presidenta y el titular de la Corte, antes de la sanción de la reforma judicial. | Foto: DyN

El kirchnerismo ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que le quita al Poder Judicial y a la Corte Suprema facultades presupuestarias, de manejo de personal y hasta de fijación de sueldos y se las pasa al Consejo de la Magistratura, tras haber retrocedido en esos puntos cuando se trató en la Cámara Baja la Ley de los cambios en la conformación del organismo.

En esa oportunidad, las sorpresivas variantes motivaron una denuncia de la diputada Elisa Carrió, quien vociferó contra el “pacto espurio” entre el Gobierno y el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.

Ahora, el texto modifica seis leyes nacionales y vuelve a lo que fue el proyecto original del Ejecutivo sobre el Consejo de la Magistratura que, entre otras cuestiones, le otorga al Consejo la potestad de “aprobar” con mayoría simple el anteproyecto del Presupuesto anual del Poder Judicial, cuando el actualidad sólo “toma conocimiento” del mismo y lo pasa, “para su consideración”, a la Corte.

Tras el fallo de la semana pasada que anuló la elección directa de jueces y abogados por consideralo “inconstitucional”, el Gobierno disparó contra la Corte duras declaraciones y se denunció una supuesta investigación fiscal de la AFIP hacia Lorenzetti, que el organismo negó.

El nuevo proyecto, que presentaron los diputados del Frente para la Victoria, Diana Conti, Carlos Kunkel, Héctor Recalde, José María Díaz Bancalari, María Teresa García y Gloria Bidegain es un texto similar al que originalmente había enviado el Ejecutivo en el paquete de leyes de Reforma Judicial y fue uno de los pocos cambios que aceptó hacer el kirchnerismo.

Una fuente del Frente para la Victoria le dijo a DyN que haber retrocedido en su momento “era parte del acuerdo para mantener la administración del Poder Judicial, a cambio de no dictar la inconstitucionalidad de la norma”, pero como no se cumplió con esa parte “ahora, se vuelve a la idea original”.

En otras partes del articulado queda claro que se eliminan artículos de la reciente Ley 26.855 que reglamente el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y se vuelve al texto original, dejando de lado que las leyes modificadas señalaban que iban a quedar “sin efecto” todas las disposiciones “que importen un detrimento de la administración del Poder Judicial por el Consejo de la Magistratura de la Nación”.

Así, el proyecto de los diputados ultrakirchneristas le permite al Consejo de la Magistratura “reajustar los créditos del presupuesto”, “fijar las dotaciones de personal de los Tribunales, juzgados y dependencias” y “llevar adelante la administración de personal de todo el Poder Judicial de la Nación, incluida la capacitación, el ingreso y promoción y de la escala salaria, con exclusión del personal de la Corte Suprema”.

En muchos casos, la redacción de los nuevos artículos reemplaza donde dice “presidente de la Corte Suprema” por el Consejo de la Magistratura de la Nación.

También el Consejo podrá “cubrir los cargos de secretarios y de personal auxiliar de los tribunales” y podrá “redistribuir o trasladar” a quienes se desempeñen “en cualquira d elos fueros”. Por otra parte, “fijará las dotaciones de personal de los distintos Tribunales y organismos”.

“El presupuesto del Poder Judicial de la Nación será atendido con cargo al Tesoro Nacional y con recursos específicos propios del del citado poder y será administrado por el Consejo de la Magistratura de la Nación”, se señala en el artículo 8 del proyecto. También el Consejo será el encargado de “establecer” las remuneraciones de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial.

Por último, el proyecto le acuerda al Consejo de la Magistratura y al Poder Ejecutivo la facultad de reglamentar la ley en materia de “administración financiero-presupuestaria”.

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