28 octubre, 2020

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Analizan imputar a Milani por enriquecimiento ilícito

Lo tiene que decidir el fiscal Di Lello en base a una denuncia de Carrió y a una ampliación de Ocaña. Además de las sospechas por la compra de una mansión, piden investigar a su esposa y a sus hijos.

Cuando termine la feria judicial, el general César Milani comenzará a ser investigado por la Justicia por supuesto enriquecimiento ilícito. Además de las inconsistencias y omisiones en sus declaraciones juradas, el titular del Ejército deberá dar explicaciones por tres de sus cuatro hijos, quienes cumplieron funciones en los ministerios de Defensa y Seguridad, donde su padre tiene un vínculo directo. La investigación contra Milani, que se suma a las denuncias judiciales por su rol durante la última dictadura, quedó radicada en el juzgado de Daniel Rafecas, en la mira del kirchnerismo tras el escándalo Ciccone. La denuncia original estuvo a cargo de los diputados Elisa Carrió y Fernando Solanas. Y esta semana se le sumó una presentación de la diputada Graciela Ocaña. La ex funcionaria aportó nuevos datos sobre el patrimonio de Milani. Y denunció que tres hijos trabajan para el Estado y que serían “prestanombres”. El lunes cuando termine la feria, el fiscal federal Jorge Di Lello deberá decidir si imputa al titular del Ejército.

Según la denuncia de Ocaña, adelantada en parte por la revista Noticias, César Gerardo Del Corazón Milani (28) fue contratado en el Ministerio de Seguridad, en el área Logística, y a partir de junio de este año “habría sido incorporado a planta permanente”. María Julieta del Milagro Milani (30 años) trabajó en el Ministerio de Defensa. Su nombramiento, para integrar el Programa de Trabajo denominado “Apoyo Técnico Directo a la Unidad Ministro de Defensa”, fue autorizado mediante la decisión Administrativa 127/2011 de la Jefatura de Gabinete. Fue una contratación de excepción porque no reunía los requisitos mínimos para acceder al empleo público. Pero hace más de dos años cumple funciones, con muy bajo perfil, en el Ministerio de Seguridad. “Trabaja como productora audiovisual de los contenidos del ministerio”, dijo una fuente de esa cartera. La segunda hija de Milani es realizadora de cine y figura a cargo de dos empresas. En 2008, fue nombrada como directora de la productora Arca Difusión. Asumió en reemplazo de Liliana Mazure, actual titular del INCAA y segunda en la lista de diputados del kirchnerismo por Capital. La funcionaria acumula más de una docena de denuncias por diversas irregularidades en el manejo de fondos públicos. Una de ellas, justamente, tiene que ver con esa productora, a la que renunció un mes después de ser nombrada en el INCAA.

Según la base de datos Nosis, la joven también es gerente de Zona Virtual SRL, dedica a la importación, exportación y comercialización de sistemas de telecomunicaciones y de procesamiento de datos.

La primera hija de Milani, Ana Verónica del Carmen (31), es monotributista en la categoría B (gana menos de 24 mil pesos al año) y cumple funciones en el ministerio de Seguridad: fue contratada en marzo de 2011 y pasó a planta permanente este año mediante el decreto 68, firmado por la ex ministra Nilda Garré, de estrechos vínculos con Milani. “Con tales antecedentes, se torna imperioso extender la investigación a los hijos ”, denunció Ocaña ante la Justicia.

Las sospechas sobre los hijos de Milani se suman a los datos revelados por Clarín y luego por el programa Periodismos Para Todos y llevados a la Justicia por Carrió y Solanas. En 2010, Milani declaró una fortuna de $ 1.494.610, que creció en 2011 a $ 1.785.889, pese a que su salario pasó de $ 14.000 a $ 15.000. Con esos ingresos, en 2010 adquirió una mansión con un terreno de 1.150 m2 en San Isidro. Milani declaró que cuesta $ 1.500.000, aunque el valor de mercado ascendería a $ 2.600.000. Igualmente no pudo justificar esa operación con sus ingresos anuales ($ 168.938), más dos préstamos ($ 166.350) y todos sus ahorros. Para adquirir la propiedad, Milani vendió un departamento en el barrio de Belgrano. Pero esa operación se efectivizó cinco meses después. Las dudas motivaron la intervención de la Oficina Anticorrupción. El organismo de control también quiso saber por qué no incluyó en su declaración jurada un auto modelo Honda Fit.

clarín

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