Tras la fuga de los exrepresores, el director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, aseguró que «debe investigarse la responsabilidad del juez federal sanjuanino que autorizó el traslado transitorio» de Olivera y De Marchi.De esta manera, el funcionario se apartó de la responsabilidad y respondió al juez federal Miguel Gálvez, quien justificó su autorización del traslado para los reclusos pero señaló que las medidas de seguridad para evitar la fuga le corresponden solamente al personal del Servicio Penitenciario Federal.
Hortel no es el primer funcionario nacional que carga las tintas contra Gálvez, ya que también el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, responsabilizó al magistrado sanjuanino por la autorización del traslado en declaraciones a la agencia periodística Telam.
A las acusaciones contra Gálvez también se sumó Eloy Camus, víctima del aparato represivo militar, quien también atestiguó en el megajuicio contra los exmilitares.
Protección para testigos
La provincia, a través del Ministerio de Gobierno, dispuso que ofrecerá el programa de protección de testigos a todos aquellos que hayan declarado en el megajuicio por delitos de lesa humanidad que se llevó a cabo en la provincia y finalizó el pasado 4 de julio.
Más de 300 fueron los testigos que aportaron lo que sabían y recordaban de los años de plomo en razón a los delitos de homicidio, torturas, privación ilegítima de la libertad y violación, entre otros cargos, por los cuales los siete exmilitares recibieron condena.
Ahora, tanto los testigos como los familiares de las víctimas podrán pedir protección al Ministerio de Gobierno en caso de sentirse amenazados o persuadidos en su seguridad. Del anuncio participó también el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez.
diario huarpe
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