29 octubre, 2020

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Exintendentes: piden que se anule el juicio

Los defensores de Gil y Ortiz dicen que la causa tiene anomalías y prescribió.Por Walter Rios – Diario De Cuyo

Ayer comenzó finalmente el juicio contra los exintendentes ulluneros Jorge Agapito Gil y Alfredo Simón Ortiz, acusados de fraude contra la administración pública, y los abogados defensores ya pidieron que sea anulado. El Tribunal pasó a un cuarto intermedio para hoy a las 10.30 con el objetivo de estudiar y resolver los planteos. La causa lleva 15 años de idas y vueltas desde que se radicó la denuncia por pagos de servicios que supuestamente nunca se ejecutaron en el departamento y está en el límite de la fecha de prescripción, que es el próximo 9 de septiembre. Si los jueces consideran que hay actos nulos, el expediente volvería para atrás y por el tiempo, quedaría en la nada.

El debate comenzó con la lectura de la acusación contra los exjefes comunales y otros tres exfuncionarios municipales: Mario Serrano, Pedro Bravo y María Esther Reinoso. El delito por el que están siendo juzgados es excarcelable, por lo que si hay una condena ninguno iría preso. Pero en el caso de Gil, que es secretario del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, y Ortiz, que está al frente de la Unidad de Coordinación de Bosques Nativos, deberían dejar sus puestos porque la ley no permite que los condenados trabajen en el Estado. Ambos aseguraron a DIARIO DE CUYO que los trabajos contratados se realizaron y que la denuncia se debió a cuestiones políticas (ver recuadro).

A la hora de los planteos preliminares, el abogado Jorge Sánchez, que defiende a Serrano y Reinoso, solicitó la prescripción de la causa porque no hubo una resolución judicial en un plazo razonable. Sin embargo, la fiscal Leticia Ferrón remarcó que la causa prescribe el 9 de septiembre. Por su parte, el defensor Adrián Riveros, que asesora al resto de los imputados, pidió la nulidad del requerimiento de elevación a juicio debido a que contiene actos nulos. El instrumento es una pieza clave del proceso, ya que es el que contiene la acusación contra los implicados. Los jueces Ricardo Conte Grand, Eugenio Barbera y Eduardo Gil, de la Sala III de la Cámara Penal, decidirán hoy si lo aceptan o no. En el caso de que lo rechacen, seguirán con las indagatorias de los imputados.

El caso se denunció en 1998 cuando Gil era el intendente y Ortiz era el jefe de Patrimonio de la comuna. A ambos y al resto de los exfuncionarios se los acusa de haberse quedado con la suma de 3.690 pesos. Según el expediente, la maniobra habría consistido en facturar servicios (como arreglos en el camping municipal, la refacción de maquinarias, nivelación de suelos y la colocación de postes para alumbrado público) que nunca fueron ejecutados ni pagados al titular de los comprobantes.

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