La petrolera británica BP presentó una demanda judicial contra la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA) por su decisión de excluir a la compañía y a sus empresas afiliadas de las ofertas públicas de suministro de gasolina y otros derivados a organismos estatales después del vertido del golfo de México de 2010. Según la petrolera, se trata de «un abuso de la capacidad de discreción», y considera que la EPA no tomó en consideración «el historial de responsabilidad de BP como contratista del Estado».

La EPA emitió esta prohibición a la compañía en noviembre de 2012 con motivo de la «falta de integridad» de la empresa. En enero de 2013, BP se declaró culpable del vertido y aceptó un acuerdo con EE.UU. para pagar 4.525 millones de dólares. 

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