Para intendente de Lonquimay eran «contención espiritual» para camioneros.
La Corte Suprema envió a la Justicia Federal de Santa Rosa, La Pampa, una denuncia por la presunta protección de funcionarios para un prostíbulo en la ciudad de Lonquimay, cuyas actividades fueron defendidas por el intendente local con el argumento de que brindaban «contención espiritual» a camioneros, viajantes y jóvenes.
En la causa están investigados el intendente de Lonquimay, Luis Rogers; el subcomisario Carlos Adrián Alanis, a cargo de la comisaría local, y el dueño del local Good Night, Carlos Fernández.
La causa se inició en 2009 por denuncia de una policía de Lonquimay, quien «tomó conocimiento de supuestas situaciones irregulares entre el subcomisario a cargo de la mencionada dependencia policial y los dueños de las whiskerías».
«Específicamente, se refirió a la sospecha de que en el local nocturno Good Night funcionaba una whiskería en la que se ejercía la prostitución, que en dicho establecimiento trabajaban mujeres de diferentes nacionalidades y que todas ellas se encontraban en deficientes condiciones de habitación y sanidad», agrega el expendiente.
El caso generó un gran revuelo en esa pequeña comunidad pampeana, a punto tal que cuando fue consultado sobre la denuncia el intendente anunció que no cerraría el lugar porque «es un lugar de contención para los jóvenes» y un «lugar de esparcimiento para jóvenes y camioneros».
La investigación permitió establecer que el policía Alanis conocía las presuntas actividades de explotación sexual en Good Night, pues «convivía con la encargada de la whiskería de Colonia Barón», una localidad cercana en la que también funcionaba un local de similares características.
Y «además mantenía una fluida relación con Fernández -propietario de la Good Night- y con Rogers -intendente de Lonquimay-, quien no sólo defendió ante medios periodísticos provinciales la existencia de este tipo de locales nocturnos sino que, en particular, se pronunció en contra de eventual cierre».
El ex procurador general de la Nación Esteban Righi dictaminó en junio de 2011 que la causa debía tramitar ante la Justicia Federal: «La denuncia y los escasos elementos probatorios colectados hasta el momento dan cuenta de la existencia de algunos de esos extremos que, hacen necesario comprobar si no se está frente a una hipótesis de ese delito», trata de personas.
La Corte Suprema resolvió asignar competencia al juzgado federal de Santa Rosa, a cargo del juez Pedro Vicente Zabala, quien ya recibió el expediente para iniciar la investigación. (DyN)
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