27 octubre, 2020

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Exintendentes: el jueves comienzan los alegatos

La fiscal acusará a Agapito Gil y Alfredo Ortiz de fraude, mientras que la defensa va por la absolución. Walter Rios – Diario De Cuyo

El juicio oral y público contra los exintendentes de Ullum, Jorge Agapito Gil y Alfredo Ortiz, ingresó en la recta final, ya que el jueves comenzarán los alegatos. La fiscal Leticia Ferrón de Rago adelantó que los acusará, al igual a que a otros 3 exfuncionarios municipales, de fraude contra la comuna, mientras que los abogados defensores aseguraron que pedirán la absolución. Tras la exposición de los argumentos, en la Sala III de la Cámara Penal analizan la posibilidad de dar el veredicto al día siguiente. Los exfuncionarios están sospechados de haberse quedado con 3.690 pesos que estaban destinados a la realización de trabajos en el departamento, los cuales nunca se habrían ejecutado.

La causa estuvo signada por la demora y los vaivenes judiciales, dado que el juicio comenzó después de 15 años de que se radicara la denuncia. Es más, estuvo a 1 mes de prescribir, es decir, de quedar en la nada por el paso de tiempo. Tras el inicio, en 6 días declararon los imputados y los testigos, lo que abrió el paso a los alegatos para pasado mañana. En esa instancia, tanto la fiscal como los defensores expondrán sus argumentos y los sostendrán con las pruebas que se incorporaron al caso. La primera solicitará un castigo (no adelantó la pena), mientras que los segundos pedirán que se los desvincule definitivamente. El Tribunal tendrá la última palabra y a la hora de resolver, puede tomar algunos elementos de los fundamentos de las partes.

El delito por el que se los juzga a Gil y Ortiz es excarcelable, por lo que si son hallados culpables no irían a la cárcel. Sin embargo, ambos se juegan sus carreras políticas. El primero es secretario del bloque oficialista en Diputados, mientras que el segundo está al frente de la Unidad de Coordinación de Bosques Nativos. Si reciben un fallo adverso deberán dejar sus puestos porque la ley no permite que los condenados trabajen en el Estado.

Los hechos ocurrieron en 1997 cuando Gil era intendente y Ortiz era el jefe de Patrimonio y luego pasó a ser encargado de servicios (después fue jefe comunal en 2 períodos, desde 2003 al 2011). Pero no son los únicos, ya que también están implicados Pedro Bravo, exencargado de Compras, María Esther Reinoso, la por entonces tesorera, y quien fuera el encargado del camping municipal, Mario Serrano. La fiscal Ferrón de Rago manifestó que mantendrá la acusación originaria. La misma señala que los implicados se apoderaron de 3.690 pesos a través de una mecánica que consistió en facturar una serie de trabajos que no se realizaron, como arreglos en el camping municipal, la refacción de maquinarias, nivelación de suelos y la colocación de postes para alumbrado público. Los comprobantes eran del dueño de una pequeña empresa de servicios, Alberto Molina, pero quien las entregó fue Hugo Albornoz, un metalúrgico que trabajaba con él. Precisamente, Molina aclaró que no facturó ni hizo ninguna tarea, por lo que tampoco recibió pago alguno.

Frente a ese escenario, el abogado Adrián Riveros, quien junto a Ricardo Pozo defiende a Gil, Ortiz y Bravo, resaltó que acreditaron (con fotos y testimonios) que los trabajos se hicieron y el que cobró fue Albornoz, quien tenía una sociedad “de hecho” con Molina. Por eso, afirmó que pedirá la absolución. Albornoz se encuentra prófugo de la Justicia (ver recuadro), pero cuando se investigó el caso, declaró en el juzgado de instrucción que él no facturó ni realizó ninguna obra. Por su parte, el defensor Jorge Sánchez, quien asesora a Reinoso y Serrano, dijo que las tareas se ejecutaron y que no hubo irregularidades en el proceso de compra. Así, dijo, Reinoso y Serrano actuaron como empleados y cumplieron sus funciones.

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