Los fiscales evalúan la medida porque el juez y su abogado dijeron que forman una asociación ilícita. Walter Rios – Diario De Cuyo
Las respuestas del juez civil Carlos Macchi a las acusaciones de haber cometido irregularidades en los juicios de expropiaciones lo pusieron, una vez más, en la mira del fiscal General subrogante, José Mallea, y del fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, quienes no descartaron presentar una denuncia. Ambos indicaron que el descargo que presentó su abogado, Guillermo Toranzo, los señala como integrantes de una asociación ilícita, junto a los 2 diputados que integran el Jurado de Enjuiciamiento, que busca su destitución por una simpatía ideológica con el Gobierno. Frente a ello, Mallea dijo que “es una de las tantas fantasías de la defensa” y destacó que “evaluará la posibilidad de hacerle una denuncia” al magistrado. Por su parte, De Sanctis le apuntó al letrado, sobre el que dijo que “es la expresión de un irresponsable. Llegado el momento veremos el camino a seguir”.
Tras el juicio, los 2 acusadores pueden pedirle al Tribunal que envíe las copias del descargo a una Fiscalía de Instrucción de turno para investigar un posible delito, como la calumnia, explicaron fuentes calificadas. “Es una imputación de extrema gravedad”, aseguró Mallea.
El proceso recién va por la tercera audiencia, en las que ha sobresalido el fuego cruzado entre las partes. Para los acusadores, el defensor del juez ha hecho planteos que representan “chicanas” y “provocaciones”. Es que en los 2 primeros días, Toranzo cuestionó la presencia de un abogado colaborador de De Sanctis y de 2 asistentes. Sin embargo, la Defensa sostiene que está actuando en base a la ley.
Ayer comenzó la lectura del descargo de Macchi ante la acusación que realizó el fiscal de Estado. En líneas generales, la defensa destacó que era el organismo que resguarda el patrimonio provincial, a través de sus abogados, el que debía controlar el proceso y que muchas de las resoluciones del juez fueron confirmadas por la Cámara de Apelaciones. Sin embargo, Mallea se mostró molesto con la respuesta a su acusación. En un tramo del escrito, Toranzo señala que “dos integrantes del Jurado de Enjuiciamiento, el fiscal de Estado y el fiscal General subrogante pertenecen y responden a un mismo signo político” y agregó que “no existe duda que lo afirmado… deja en forma palmaria de manifiesto el destino del presente juicio para el denunciado que no es más (que) su destitución en base a dicha asociación ilícita”.
Macchi está acusado de falta de cumplimiento de los deberes a su cargo, mala conducta y por haber cometido delitos en sus funciones. Todo es por su presunta participación irregular en los juicios en los que el Estado expropió terrenos para hacer obras. Según las denuncias, el magistrado condenó a la provincia a pagar cifras “irracionales”: 23 millones de pesos por 1.500 m2 de un vereda en Desamparados (caso Ruiz), 11 millones por menos de 10 hectáreas en Cuesta del Viento (caso Anes), unos 70 millones por 2 hectáreas del Canal Benavídez y más de 1.000 millones por una porción del Parque de Mayo.
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