24 octubre, 2020

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¿Jueces y fiscales pagarían de su bolsillo por el error? EL FISCAL DE ESTADO LO DA POR HECHO

Mínima sanción sufrieron los jueces por la errónea condena

Los cuatro jueces y los dos fiscales que intervinieron en el caso de Carlos Alberto Brizuela (quien fuera condenado erróneamente a cumplir 16 años de cárcel tras presuntamente haber violado a su hija) sólo fueron mínimamente sancionados por la Corte de Justicia de la provincia, que les hizo un llamado de atención sobre el caso tras un apercibimiento en su conducta, según explicaron fuentes judiciales.

En total fueron 6 los funcionarios ju­diciales sancionados, entre los que se encuentran la titular del Quinto Juzgado de Instrucción, María Inés Ro­sellot; los camaristas Juan Car­los Pe­luc Noguera, José Ate­ná­goras Vega y Néstor Kerman; y los fiscales Da­niel Guillén y Alicia Es­qui­vel Puiggrós.

Por su parte, la defensora oficial del acusado, Mónica Sefair, aseguró en una entrevista brindada a Radio Sar­miento que Brizuela sufrió mucho en prisión: “Durante el tiempo que estuvo en la cárcel mi defendido la pasó mal. Fue mucho el daño: perdió su trabajo, su­mando las consecuencias sociales y psicológicas. Brizuela tuvo la idea de suicidarse. Son tres años de su vida que no vuelven atrás”, aseguró la abogada.

Brizuela además manifestó que el abogado y actual candidato a diputado por el Frente Compromiso Fe­de­ral, Eduardo Cáceres, lo representó durante un tiempo en el proceso, pero después lo abandonó sin causa alguna.

¿Jueces y fiscales pagarían de su bolsillo por el error?

Los cuatro jueces y los dos fiscales sancionados el último martes por la Corte de Justicia, por juzgar ‘indebidamente’ en San Juan los supuestos abusos sexuales cometidos en San Luis por un técnico electricista que pasó 3 años y 4 meses preso, podrían enfrentar una demanda por daños y perjuicios de ese sospechoso liberado el último martes. Y hasta ‘podrían pagar en caso de eventual condena’, dijeron fuentes ligadas a la Fiscalía de Estado.

Para sostener esa teoría se basaron en el artículo 43 de la Constitución provincial, que establece: ’el que en ejercicio de funciones públicas viole por acción u omisión los derechos, libertades o garantías declaradas en esta Constitución o lesione los intereses confiados al Estado, es personalmente responsable de las consecuencias dañosas de su conducta con arreglo a las normas del derecho común en cuanto fueren aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad del Estado’.

El técnico electricista del polémico caso es Carlos Alberto Brizuela (45) y fue liberado el último martes por la Corte, mediante un fallo en el que anuló casi todo lo actuado y aplicó una sanción (inédita por la cantidad) a cuatro jueces y dos fiscales.

Ayer, Brizuela reiteró su ‘inocencia’, dijo que le habían causado ‘un daño muy grande’ a él y a su familia, y que con un abogado de San Luis y otro de Mendoza analizarán una eventual demanda contra el Estado para intentar un resarcimiento económico por el perjuicio causado.

La hipótesis de una demanda a los funcionarios, será de todos modos un asunto mucho más complejo a dilucidar. Fuentes judiciales aseguraron que primero habría que analizar hasta qué punto existió daño y perjuicio, pues el fallo de la Corte habló de una errónea aplicación de la competencia y no dijo que no existió delito: puso en duda esa situación, dejó en pie la denuncia y todo lo actuado contra Brizuela hasta la indagatoria (anulada) y mandará lo que se hizo bien a San Luis.

En caso de que prospere esa posible demanda, jueces y fiscales podrán ser considerados ‘responsables solidarios’, junto con el Estado, generalmente condenado a pagar, precisaron.

Otras fuentes estimaron que en ese complicado cuadro hipotético, habría que incluir también la posibilidad de ver que un eventual fallo condenatorio contra funcionarios, sería como establecer un antecedente que no favorecía a muchos funcionarios expuestos a errores en su actuación.

De Sanctis, sobre la posible demanda al Estado: “Veremos como minimizar los costos”

El Fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, aseguró en los micrófonos de Radio Sarmiento que la provincia “hará frente” a la demanda por daños y perjuicios que presentará Carlos Brizuela después de ser juzgado y condenado “indebidamente” por la Justicia sanjuanina.

“La responsabilidad del Estado es ineludible y existe. Nosotros le vamos hacer frente tratando de minimizar los costos, porque el Estado somos todos”, dijo el funcionario y aseguró que no se descarta que sean los funcionarios involucrados en el caso quienes deban pagar el resarcimiento.

“Hay que probar que existió el daño y que esto haya sido provocado por los jueces. Hay que estudiar el caso y cumplir nuestra función que es cuidar el patrimonio provincial”, agregó De Sanctis.

Brizuela pasó 3 años y 4 meses preso en San Juan después que la Justicia local lo declarara culpable por los supuestos abusos sexuales cometidos en San Luis. El hombre fue liberado el último martes por la Corte, mediante un fallo en el que anuló casi todo lo actuado y aplicó una sanción (inédita por la cantidad) a cuatro jueces y dos fiscales.

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