24 octubre, 2020

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Cancillería: el funcionario acusado de racista fue protegido por su pareja

Por  | LA NACION

Una alta funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores encubrió las denuncias por racismo , acoso laboral, persecución política y otros presuntos delitos e irregularidades que acumuló su pareja, también funcionario de la Cancillería, desde noviembre pasado, sin permitir que avanzaran los expedientes que se abrieron y cuyas copias obtuvo LA NACION.

El encubrimiento lo lideró la secretaria de Coordinación y Cooperación Internacional, Paula Verónica Ferraris, que de ese modo protegió a Héctor Hugo Merlo mientras éste avanzaba sobre distintas áreas del ministerio sobre las que carecía de competencia, como las direcciones de Seguridad e Infraestructura.

Desplazado Merlo sólo horas después de que LA NACION revelara días atrás sus presuntas conductas delictivas, su encubrimiento continúa vigente. El sumario que ordenó iniciar el canciller Héctor Timerman quedó dentro del área que lidera la propia Ferraris, responsable máxima de controlar el presupuesto de la Cancillería y, tanto o más importante para los diplomáticos, de la junta examinadora para sus ascensos.

LA NACION llamó a la Cancillería desde el martes pasado para consultarle a Timerman sobre Merlo, Ferraris y los avances del sumario anunciado, pero no obtuvo respuesta mientras trascendía el supuesto ofrecimiento de renuncia por parte de Ferraris, sin que prosperara.

 

Video: El video que capta al ex director Hugo Merlo en una situación sospechosa

 

La protección, sin embargo, excede a Merlo, según cuatro diplomáticos, empleados y distintos documentos oficiales de la Cancillería. También beneficia a por lo menos otros dos miembros del entorno de Ferraris.

Uno de ellos es Héctor Bogado, quien mintió al declarar que había cursado el bachillerato en una escuela de Lanús que, en realidad, jamás pisó. Pero lejos de ordenar una sanción y radicar una denuncia penal desde que se le informó, en noviembre, Ferraris lo reacomodó a su lado. Desde entonces, Bogado trabaja como el cafetero de Ferraris, con un salario de bolsillo de $ 8600 por mes, según consta en la liquidación de su sueldo, a la que accedió LA NACION.

Junto a Merlo y Bogado, el tercer funcionario al que Ferraris protege es el director general de Infraestructura de la Cancillería, Ángel Cammilleri, también bajo su órbita funcional. Ferraris y Cammilleri coincidieron en Esteban Echeverría, donde la primera se desempeñó como secretaria de Hacienda hasta 2009, y el segundo, como secretario de Obras Públicas hasta su renuncia, en julio de 2012.

Cuatro meses después, el 12 de noviembre pasado, Merlo, Bogado y Cammilleri ingresaron a la Dirección de Seguridad (DirSeg) de la Cancillería y, sin tener facultades sobre esa área, ordenaron retirar bolsas de documentación sensible -parte ya triturada en pequeñas tiras-, la propia trituradora y otros materiales.

Su ingreso en la DirSeg quedó registrado por una cámara de video instalada en esa área, cuya copia también obtuvo LA NACION. Expone cuando Merlo olvidó su cuaderno personal, que terminó por costarle su renuncia, dos semanas atrás.

Cuatro días después, los responsables de la DirSeg presentaron una denuncia por el «registro y apoderamiento indebido» del material sensible y la «intimidación, simulando autoridad y/o representación o de una falsa orden», lo que generó la apertura del expediente MRE:0050300/2012.

Las denuncias contra Merlo comenzaron a apilarse. En una nota dirigida a Ferraris, los delegados de ATE rechazaron «la «incentivación» de la delación entre compañeros» que promovía su pareja, al igual que sus «expresiones violentas, discriminatorias y hasta xenófobas», y el «abuso de poder y maltrato laboral».

Los trabajadores de mantenimiento le enviaron a Ferraris su propia nota, fechada el 15 de noviembre, mientras que la agrupación Cancillería Libre lanzó la primera volanteada. Su primera línea fue «¿Quién es Héctor Hugo Merlo?», con críticas que alcanzaban a su pareja.

La DirSeg optó por radicar nuevas denuncias. Inició el expediente MRE:0050891/2012 para alertar a las autoridades del ministerio que habían detectado que Bogado había mentido al declarar que había egresado de la Escuela de Educación Media N° 8 de Lanús. Y el MRE:0139912/2012 para informarles «el daño a la propiedad e ingreso debido» de Merlo y otros tres colaboradores en el depósito y archivo de «material clasificado e informes de antecedentes personales».

«ÚLTIMAS CONSECUENCIAS»

Pese a ésos y otros expedientes y reclamos gremiales, sin embargo, Merlo continuó dentro de la Cancillería. Al punto que, semanas atrás, los delegados de ATE mantuvieron una reunión formal con Ferraris.

Ausente Timerman, su jefe de Gabinete, Carlos Poffo, participó en ese encuentro. Se mantuvo callado y tomó nota de los reclamos, mientras que Ferrari reiteró su apoyo a Merlo y Bogado y, según el gremio, les retrucó que se regía por su «propia ley».

La presencia de Poffo en ese encuentro, sin embargo, abre dudas sobre la versión que brindó Timerman horas después de que LA NACION revelara el avance de Merlo sobre distintas áreas de la Cancillería. Por radio, Timerman dijo que se enteró de lo que ocurría no por Poffo ni los gremios, sino «por los medios»; que lo supo «el domingo a las 8», y que «en menos de dos horas» resolvió la salida del funcionario racista.

Timerman también afirmó, por radio, que se investigaría «hasta las últimas consecuencias». Declaró que lo ocurrido debía ser una «lección» que afirmó que pretende que «no se repita». Ferraris quedó a cargo.

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