Soler no descartó denunciar a la mujer que se desdijo. Por Walter Rios – Diario De Cuyo
El diputado de Ullum, Leopoldo Soler, dijo que no descarta iniciar acciones legales contra la mujer que declaró en la Justicia que fue presionada por él para denunciar al intendente Daniel Albarracín por malversación de fondos, según habían señalado fuentes calificadas. El legislador aclaró que primero quiere verificar esas manifestaciones y que entre los caminos a seguir, evaluará la presentación de una denuncia penal. “Si es verdad que esta mujer se desdijo y me involucró, deberá responder ante la Justicia. Es una falta grave”, resaltó en Radio Sarmiento mientras que dejó flotando una sospecha al asegurar que “sí sé que ha vuelto a tener beneficios en la municipalidad y que el jefe comunal le está dando algún tipo de contención social”.
El Primer Juzgado de Instrucción está investigando si Albarracín utilizó los datos personales del hijo discapacitado de la denunciante para crear una supuesta empresa fantasma que le preste servicios a la comuna. Pese la retractación de Mariela Benita Castro, las fuentes remarcaron que la causa sigue su curso para establecer si hay elementos que justifiquen indagar al intendente. Sucede que en la Justicia no desechan la posibilidad de que la mujer haya sido influenciada para cambiar sus dichos.
Por esa razón, en el juzgado están llevando a cabo medidas para verificar las versiones de Castro. En el caso de que no se haya cometido ningún ilícito a raíz de la denuncia y si el juez encuentra pruebas, pude enviar la causa a un fiscal de turno para que investigue una posible falsa denuncia y si hubo presiones. En su segunda declaración, la mujer también cargó contra la abogada Yanina Olmos, quien patrocinó la denuncia, y el concejal Alfredo Carrizo. La primera también evalúa tomar medidas legales (ver aparte).
La situación se da en un departamento que se ha visto envuelto en revuelos políticos durante la última gestión. Soler y Albarracín llegaron a sus cargos por el basualdismo, pero este último regresó al PJ, lo que acentuó las diferencias entre ambos.
Castro era una empleada contratada del municipio y el 16 de mayo le apuntó al intendente por malversación de fondos y administración fraudulenta. Manifestó que Albarracín le ofreció una ayuda para su hijo que tiene un retraso madurativo y le pidió los datos personales. Después se enteraría que con esa información se habría creado una empresa que le facturaba servicios a la comuna y que los importes alcanzaban hasta los 50 mil pesos. Sin embargo, luego declaró en sede judicial que recibió presiones de Soler, Carrizo y Olmos, reconoció que junto con su hijo le prestaron servicios a la comuna, que estaban inscriptos como monotributistas y que cobró cheques.
El legislador dijo en Radio Sarmiento que “creo que si hubo un apriete, no fue de mi parte. Me parece tan absurda la explicación que dio para arreglar su situación con el municipio. A partir de esa retractación, ella volvió a cobrar el beneficio que recibía de la comuna”. Por eso, resaltó que evaluará la posibilidad de radicar una denuncia contra la mujer o que la “intimará” a que ratifique o rectifique la acusación en su contra. Ante todo, Soler recalcó que la Justicia debe resolver si ha existido o no un delito en la comuna, a través de la facturación de servicios por parte de una presunta empresa fantasma. Los investigadores judiciales señalaron que se secuestró documentación del municipio vinculada al emprendimiento a nombre del joven y que se ha enviado todo al Tribunal de Cuentas para que opine si hay perjuicio fiscal.
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