26 octubre, 2020

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Una tradición suiza que Europa descubre

Por Urs Geiser, swissinfo.ch 

Los ciudadanos helvéticos, al igual que los de la Unión Europea (UE), tienen derecho a lanzar una iniciativa para exigir cambios. Aunque este instrumento político no tiene el mismo alcance en Suiza que en los Veintiocho, ambos pueden aprender de la experiencia del otro, sostiene Lorenz Langer, coautor de un estudio comparativo.

El investigador del Centro para la Democracia de la Universidad de Zúrich ha examinado minuciosamente los dos tipos de iniciativa, junto con su colega de la Universidad de Innsbruck (Austria), Andreas Th. Müller. Su trabajo revela que existen múltiples diferencias, pero también varias similitudes. En palabras de Lorenz Langer, los dos tipos de iniciativa son “parientes lejanos más que hermanos”.

La Iniciativa Ciudadana Europea entró en vigor en abril de 2012, mientras que la iniciativa popular suiza, en su forma actual, cuenta con más de 120 años de historia. Otra diferencia fundamental es su impacto dispar en la política (ver recuadro).

Lorenz Langer, historiador y experto en Derecho.Lorenz Langer, historiador y experto en Derecho.
(c2d.ch)

swissinfo.ch: ¿Los ciudadanos de la Unión Europea y los suizos lanzan iniciativas sobre temas análogos?

Lorenz Langer: Las cuestiones que les preocupan son muy similares. La diferencia reside en qué medidas estas preocupaciones pueden traducirse en una iniciativa.

Por ejemplo, después de la catástrofe nuclear de Fukushima en 2011, tanto en Suiza como en países miembros de la UE se lanzaron iniciativas que reivindicaban el abandono nuclear.

En Suiza, se reunieron las firmas necesarias para exigir una votación nacional. La UE, en cambio, cortó de raíz los intentos, porque la propuesta no cumplía los criterios que establece Bruselas en la materia.

Se consideró que iba más allá de la competencia de la UE, ya que las cuestiones nucleares a escala europea están reguladas en un tratado de la Comunidad Europea de Energía Atómica.

Otro ejemplo es la iniciativa que reivindica la garantía de un salario mínimo y que los expertos declararon inadmisible por tratarse de un tema que no puede regularse a escala de la UE.

Los promotores de la iniciativa tuvieron que replantearse la cuestión y presentarla en otra versión: en lugar de pedir la introducción directa del salario mínimo, solicitaron que se llevaran a cabo estudios sobre la factibilidad y uso del mismo.

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