28 octubre, 2020

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Barrick: con B de Bachellet y K de Kirchner

Para salvar el proyecto Pascua-Lama, Barrick Gold lleva adelante una audaz estrategia a ambos lados de la cordillera, consistente en efectuar modificaciones “progresistas” en la Constitución de Chile y el Código Civil de Argentina.

Dibujo

 

Por Javier Llorens (*) y Lázaro Llorens (**).

Recientemente Barrick Gold, la megaminera multinacional, anunció el cese temporal de su proyecto binacional Pascua Lama, ubicado en Chile y Argentina, sobre la cordillera de Los Andes, en etapa de construcción. La noticia la dio el presidente de Barrick Jaime Sokalsky, mediante un comunicado en el que informó: “Hemos determinado que el rumbo prudente en esta etapa es suspender el proyecto, pero naturalmente mantendremos nuestra opción de reanudar la construcción y culminar el proyecto cuando se logren mejoras en los desafíos actuales. La decisión de retomar el ritmo de construcción dependerá de mejores condiciones económicas para el proyecto, las perspectivas para el precio de los metales y una menor incertidumbre asociada a asuntos legales y otros requerimientos regulatorios en Chile.”

¿Concretamente a qué se debe este cierre temporal de Pascua Lama, uno de los yacimientos metalíferos más grandes del mundo, donde Barrick Gold, vinculada al grupo Rockefeller, prevé obtener no menos de 30 mil millones de dólares en oro, plata, cobre y otros metales? ¿Cuáles son los “desafíos actuales” e “incertidumbres” a los que alude el CEO de Barrick, Jaime Sokalsky?

Al respecto se puede decir que la explotación del yacimiento binacional Pascua Lama, ubicado en la región de Atacama –Chile- y San Juan –Argentina- pende literalmente de un delgado hilo, por fallos judiciales adversos, nuevas leyes ambientales y fuertes reclamos sociales. Tanto que solo un profundo cambio en las leyes de ambos países pueden salvarlo.

En Chile, la situación es límite. El 26 de septiembre del 2013 la Corte Suprema de Chile, ratificó un fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que ordenó suspender temporalmente las obras de Pascua Lama, a raíz de la contaminación y destrucción de los glaciares y la contaminación de las aguas perpetrados por la Barrick, hasta tanto la empresa posea un adecuado sistema de manejo del agua y del levantamiento del polvo en los glaciares por sus maquinarias. Las pruebas son tan abrumadoras que luego de negarlos durante años la propia Barrick lo reconoció públicamente. “La empresa Minera Nevada -subsidiaria de Barrick Gold- ha reconocido que ha cometido infracciones a la Resolución de Calificación Ambiental por lo tanto, creemos que el fallo se ajusta a derecho”, se sinceró su abogado en Chile José Antonio Urrutia, quien además alegó que este fallo era “un triunfo”, porque la Corte Suprema de Chile no había dispuesto la revocación a la Resolución de Calificación Ambiental, como lo exigían la parte demandante, dado que esta revocación significaba el cierre definitivo del proyecto.

Este pronunciamiento de la Corte surgió de una demanda presentada por cuatro comunidades diaguitas de Chile, que habitan en el norte de ese país, en la provincia de Huasco, en Atacama, “el desierto más seco del mundo”. En el Barrick y otras empresas mineras, desde hace años vienen perpetrando todo tipo de tragedias ambientales y sociales. Fueron estas comunidades unidas las que denunciaron ante los tribunales chilenos que la puesta en marcha de Pascua Lama había afectado seriamente los ríos y glaciares del lugar.

Las causas de esto que Barrick, quien en el proyecto original pretendía trasladar los glaciares de Pascua Lama para poder llegar a los metales preciosos, algo que fue rechazado de plano por las autoridades chilenas, habría dañado drásticamente la composición de la masa glaciar, al no tener precaución con el manejo del polvo que levantaron las descomunales maquinas que hicieron el destape del tajo a cielo abierto, sobre la montaña, al momento de la construcción. Esto hizo que, al depositarse polvo sobre los glaciares, se acelerar su derretimiento, dado que su opacidad no refleja la radiación solar, sino que la absorbe.

Esto, al principio, la multinacional del oro nunca lo reconoció. Ante la justicia, Barrick, a la par que le negaba a las autoridades chilenas realizar las auditorías ambientales, textualmente alegó que el derretimiento de los glaciares no se debía a su actividad sino al cambio climático,

Claro que del lado chileno, los problemas de Barrick no empiezaron ni terminaron en los tribunales. A estos fallos judiciales adversos, la empresa minera capitaneada por el audaz Peter Munk, le tiene que añadir el complejo y singular sistema legal que existe en ese país en lo que respecta al uso del agua. Este se creó durante la dictadura de Augusto Pinochet, con un criterio absolutamente mercantilista y privatista, que dio origen a un codiciado “mercado del agua” en cuyo centro del cuadrilátero están las empresas mineras y los productores agrícolas.

Diseñado por los “Chicago Boys” el “Código de Aguas” chileno fue aprobado por el ex dictador Augusto Pinochet en 1981, luego de una reforma constitucional. Se caracteriza por la compra y venta de agua sin intervención alguna del Estado, sólo por operadores privados, que ofertan cupos de agua mediante un sistema de licitaciones, lo cual ha hecho que en el desierto de Atacama, el agua valga más que el oro, con una gran cantidad de conflictos legales.

“El problema central del Código de Aguas es que la parte regulatoria es demasiado débil. Para graficarlo: en Estados Unidos los derechos de propiedad del agua no son muy distintos a la fórmula chilena, pero van de la mano con una regulación pública fuerte, una autoridad legal por parte del Estado para imponer restricciones al ejercicio de los usos de los derechos privados, ya que se entiende que es necesario un equilibrio” dice al respecto, el investigador norteamericano Carl Bauer, autor del libro “Cantos de Sirena”, donde aborda el marco legal del manejo del agua en Chile.

Fue justamente ésta escases y disputa por el agua, ceñidas por el Código de Aguas, lo que llevó a la minera Barrick Gold a traspasar la frontera hacía Argentina, en busca de algo que para cualquier emprendimiento metalífero a cielo abierto es fundamental: agua. Así surgió, con el apoyo de gobiernos chilenos y argentino, el emprendimiento minero binacional de Pascua Lama. Un proyecto único en el mundo, que por las necesidades industriales de Barrick, abarca los países de Chile y Argentina, obteniendo metales del primero y agua del segundo.
Todo esto está claramente expuesto en el proyecto que la propia Barrick Gold publica en su sitio web http://barricksudamerica.com/pascua-lama/. En él, el proceso industrial de la multinacional del oro será el siguiente: dinamitar la montaña en Chile, en la zona de Pascua; moler en Pascua (Chile) la roca, utilizando una mínima cantidad de agua; transportar la roca molida y humectada por un túnel hasta Argentina en la zona de Lama (Argentina); procesarla en Lama con químicos industriales para extraer de ella los metales nobles y preciosos. Este proceso se efectúa rociando la roca chilena molida, con millones de metros cúbicos de agua argentina, mezclada con cientos de miles de metros cúbicos de cianuro, para separar el mineral de la roca en forma de líquido, y recuperarlos después como sólidos en la planta fabril que se encuentra ad hoc en Lama.
Como síntesis, según el estudio de impacto ambiental que presentó Barrick Gold, por cada gramo de oro extraído en Pascua Lama, se precisará remover 4 toneladas de roca y consumir: 380 litros de agua, 43,6 KWh de electricidad (-equivalente al consumo semanal de un hogar argentino medio-, 2 litros de gasolina, 1,1 kilogramos de explosivos y 850 gramos de cianuro de sodio. En este brutal esquema, todos los desechos industriales contaminantes que arroje el proyecto binacional de Pascua Lama, quedaran del lado argentino, en Lama, mediante los famosos “diques de cola” y vertederos de roca inerte, a la par que la tributación quedará en Chile.

Claro que todo buen plan tiene sus contratiempos. Y el faraónico proyecto minero binacional de Pascua Lama, cuya esencia consistente en valerse masivamente recursos de ambos lados de la cordillera, y que aún está en la fase de la construcción (80%), no se pudo finiquitar. Este año, por dos fallos adversos surgidos de la Corte de Apelaciones de Copiapó y Corte Suprema de Chile, fue frenado en seco por la justicia chilena, debido al impacto ambiental generado en los glaciares y cuencas hídricas de Husaco. “Ya se encuentran edificadas en Argentina y en Chile la mayor parte de sus obras, entre las cuales cabe mencionar: los campamentos, el muro corta fugas, la planta de drenaje ácido, las piscinas de acumulación de agua, la planta de procesamiento de minerales, el edificio de molienda, los equipos de montaje, el equipo de ensamblaje, el túnel para el transporte de mineral hacia Argentina y el camino minero de acceso al rajo, entre otros”, detalló Barrick Gold ante la justicia chilena, procurando instalar el argumento de los “hechos consumados”, quien aun así, en septiembre pasado ordenó el cese inmediato del emprendimiento.

Barrick con B de Bachelet

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La ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, junto con el magnate David Rockefeller.

 

En la historia de la minaría moderna, hay una acertó que dice que en la minería del oro, las reglas las pone el oro. Por eso, a la par que la Corte Suprema de Chile emitía su falló ordenando detener las obras de Pascua Lama, Barrick como último recurso, ya habría impulsado a través del partido de la Concertación y su candidata Michel Bachelet, favorita en las encuestas, un audaz plan de salvataje de su gran proyecto binacional. Este consistiría en una reforma de la Constitución Nacional y el Código de Aguas de Pinochet, dos cuestiones que según el programa de gobierno de Bachelet serán “prioridades en su gobierno” (http://michellebachelet.cl/programa/).

“La Nueva Constitución debe reconocer el dominio público pleno, absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hídricos, mineros y del espectro radioeléctrico. El Estado tiene derecho a regalías por el aprovechamiento de los recursos naturales, especialmente minerales. Se declara las aguas como bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares” promete textualmente Bachellet en su programa de gobierno, dejando entrever su hilacha pro megaminería, al hablar solo del derecho a las tradicionales regalías para el estado, cuando, ante el agotamiento de los recursos naturales, ahora en el mundo se habla de “contratos de participación”.

Y como para que no quedaran dudas respecto a la profunda imbricación entre la megaminería y el agua, en su proyecto de reforma de la Constitución, en el capítulo “Programa Económico”, Bachelet, como si se tratara de hermanos siameses, pone juntos a ambos, demostrando así la pata de la sota pro-minera, como si el agua no tuviese nada que ver con la vida humana u otras formas de vida.

Al respecto, los encuestadores chilenos dan por descontado el arribo de Bachelet a la Casa de la Moneda de Chile, dudando solo si será por nocaut en la primera vuelta o en la segunda. Todo esto sucede mientras, Evelyn Matthei, candidata del partido oficialista, la acusa de recibir una enorme cantidad de financiamiento electoral de orígenes inciertos. Y mientras otros acusan a Bachallet de tener un programa electoral “ambiguo, poco progresista, y busca mantener el sistema neoliberal en el país”. “El problema no es la señora Bachelet ni la señora Matthei, sino quienes están detrás de ellos. Monsanto, Barrick Gold, las AF(J)P (todas del mega grupo Rockefeller)” dice Marcel Claude candidato a presidente del Partido Humanista de Chile.

En este marco, el programa de gobierno “progre” de Bachelet, le apunta precisamente a donde más le aprieta el zapato a la Barrick Gold: el agua. Por ello, la candidata promete: “El agua es clave. La Nueva Constitución reconocerá las aguas como bien nacional de uso público. La actividad minera debe ajustarse a las nuevas exigencias socio-ambientales y debemos mostrar al mundo que nuestra vocación por la sustentabilidad nos impulsa a establecer los mejores estándares. El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad deberá establecer los lineamientos de política para hacerse cargo de este objetivo”.

En cuanto a la modificación del “Código de Aguas” de Pinochet, como un mensaje entre líneas para Barrick, Bachellet asegura, que “hay un tema súper importante: el Agua. Ese es un tema que se ha instalado entre los principales desafíos de Chile y lo tenemos que enfrentar seriamente. Nombraremos un delgado presidencial para que se dedique exclusivamente a desarrollar soluciones en cada región para la escasez de agua”.

Sobre Bachellet y Barrick, cabe recalcar que con el correr de los años, ambos construyeron una estrecha relación. Como candidata a presidenta en el 2005, refiriéndose al proyecto Pascua Lama, la candidata del partido de la Concertación aseguró que no iba permitir la destrucción de los glaciares e iba a legislar para protegerlos. Sin embargo, como denuncian al unisonó las organizaciones ecologistas de Chile, en el 2006 apenas asumió como presidenta, Bachellet no solo no aprobó ninguna ley de protección de glaciares, sino que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Barrick Gold (Nevada Minera) para Pascua Lama. El mismo estudio que según constató luego la justicia chilena había sido incumplido enteramente por Barrick.

Con ese fin, Bachellet designó como ministra de minería a la periodista y master en relaciones internacionales en la Universidad de Columbia, Karen Poniachik, cuyo único antecedente era haberse desempeñado como directora de Programas Empresariales en el “Council of the Americas” (1995-2000), una cámara de empresarios multinacionales, creada y presidida por el banquero David Rockefeller dueño de Barrick.

Su designación fue más que curiosa, dado que la periodista Poniachik y su afortunada familia se habían exilado a Estados Unidos durante el gobierno socialista de Salvador Allende, para regresar recién con el golpe de Estado de Pinochet en 1973.

De hecho, gracias a los buenos oficios de Poniachik, luego de una reunión privada entre la presidenta Bachellet y los ejecutivos de Barrick Gold en la Casa de la Moneda de Chile, la actual candidata a presidente chilena ratificó el polémico Acuerdo Tributario entre Chile y Argentina. “En ese acuerdo tributario, Argentina resigna el derecho esencial de un Estado a recaudar impuestos al ceder (el 75 %) la potestad tributaria en favor de Chile, en realidad en favor de la Barrick” sintetiza al respecto el periodista y ex diputado argentino Miguel Bonasso, autor del libro “El Mal. El modelo K y la Barrick Gold, amos y servidores en el saqueo de la Argentina”.

Por esas delicadas faenas, pocos días antes de terminar su mandato, Bachellet fue agasajada en New York y premiada por Barrick Gold con la “Insignia de Oro de la Americas Society”. El evento se hizo en mayo del 2009, en una cena organizada por el “Council of the Americas”, de la cual su ministra Poniachik había sido directora. Fue auspiciado por Barrick Gold y Chevron, dos empresas vinculadas al grupo Rockefeller, esta última socia de YPF en el yacimiento argentino de Vaca Muerta. En medio de trajes de confección a medida y alta gastronomía, acompañando a Bachellet, esa noche estuvo también presente Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista de Chile y socio político de Bachellet. Ambos compartieron la mesa con el magnate David Rockefeller, dueño indirecto de la Barrick, cuya familia desde 1892 tiene puesta la pata sobre Chile, con la Anaconda Copper y el yacimiento de cobre a cielo abierto “Chuquicamata”, el más grande del mundo, que pertenecía a Bolivia hasta antes de la Guerra del Pacífico ocurrida dos años antes de esa compra.

“Luego de que las organizaciones contrarias a Pascua Lama se enteraron de que Bachelet iría a recibir la Insignia de Oro a Nueva York, el mayor reconocimiento que entregan ambas instituciones, se supo que ya había asistido en el 2005, antes de asumir” apuntó el periodista chileno Javier Karmy, quien resaltó que en realidad, “todos los presidentes posteriores a Pinochet conocieron a David Rockefeller”.

Barrick con K de Kirchner

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La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con David Rockefeller.

 

Si en Chile las cosas no marchan bien para la Barrick, en Argentina no andan mejor. En el 2008, el Congreso argentino sancionó una Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y Ambiente Periglaciar, que fue vetada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, también de buenas relaciones con Barrick. Tras ese polémico veto, que se lo renombró como “el veto de la Barrick”, en el 2010, en medio de una fuerte polémica, el Congreso ratificó dicha ley (N° 26.639) hoy vigente. Al resguardar a los glaciares y la zona periglaciar como reservas de agua, esta ley, puso en jaque el faraónico proyecto de Pascua-Lama dado que por esa norma, las empresas mineras tienen prohibido realizar cualquier tipo de manejo en los glaciares, la zona periglaciar y cursos de aguas adyacentes. En otras palabras, la Ley de Glaciares, le impide a Barrick acceder al recurso natural principal que vino a buscar a Argentina: aguas y glaciares.

Por esta razón, apenas la presidenta Cristina Fernández de Kirchner promulgó la Ley, Barrick Gold impulsó, ante el juez federal Miguel Ángel Gálvez de la provincia de San Juan, donde está el emprendimiento, dos medidas cautelares. En ellas, la empresa minera solicitó que no se apliquen en los emprendimientos Pascua Lama y Veladero (también ubicado en la provincia de San Juan) los seis principales artículos de la Ley de Glaciares por considerarlos inconstitucionales. Básicamente: la realización de él inventario de glaciares; las auditorías ambientales en los proyectos mineros en marcha; y las sanciones a aplicar en caso de constatarse daños en los glaciares.

Por aquello de que en la minería del oro, las reglas las fija el oro, en cuestión de horas, el Juez Gálvez, plagiando los mismos argumentos que la presidenta Fernández de Kirchner había usado en el 2008 para vetar la primera ley, rápidamente aceptó el pedido de Barrick. De esta manera, la multinacional del oro, pudo seguir incumpliendo una ley dictada y ratificada por el Congreso, con amplia mayoría, demostrando que, de los dos lados de la cordillera, Barrick tiene una inusitada capacidad de lobby a la hora de defender sus intereses.
Claro que para este veto, la empresa metalífera no estuvo sóla. Contó con el apoyo total del gobernador kirchnerista de San Juan, José Luis Gioja, impulsor, en los noventa, de las leyes a favor de las megaminería, cuando era diputado nacional y presidente de las Comisiones de Minería del Congreso. Este apoyo se trasladó incluso al seno de la legislatura sanjuanina quién, en supuesta defensa del federalismo, aprobó una ley exprés de protección de glaciares diseñada por Gioja, y que estaba escrita con nombre y apellido, al eliminar en ella todo lo que molestaba en la Ley nacional a Barrick Gold. Esta ley de Gioja, era una manifiesta ilegalidad, dado que conforme las previsiones constitucionales, las leyes nacionales ambientales fijan un piso o requisitos mínimos, que luego las provincias están obligadas a respetar y aduecuar.

“Evidentemente la ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares afectaba los intereses de aquellas empresas mineras que se encuentran operando en zona glacial y periglacial en la cordillera de los Andes” dijo al respecto la ex Secretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolloti, quien denunció que debió renunciar a su puesto de secretaria durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por haberse empeñado en controlar ambientalmente a las empresas mineras. “Tanto Veladero como Pascua Lama no cumplen con la normativa ambiental y minera generando serios y peligrosos impactos para el ambiente y la salud humana” añadió Picolloti, titular de la Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambientales (CDHA).

De esta manera, gracias a las cautelares dictadas por el juez Gálvez y respaldadas pro Gioja, durante un año, Barrick Gold prosiguió imperturbable con sus emprendimientos en Veladero y Pascua Lama violando la ley. Su transgresión duró hasta julio del 2012 cuando la Corte Suprema de Justicia Argentina, dejó sin efecto las cautelares del Juez Gálvez y ratificó la plena aplicación de la Ley de Glaciares aprobada por el congreso nacional. De esta manera, el fallo de la Corte volvió a poner en la cornisa a Barrick Gold y su proyecto Pascua Lama, cuya esencia del lado argentino es el uso masivo de agua, para poder concretar el procesamiento químico industrial sobre la roca metalífera obtenida en Chile.

El nuevo Código Civil hecho con viejas trampas

Nuevamente, estos tropiezos tampoco parecen haber amilanado a la tenaz Barrick Gold. Por el contrario, actualmente, de manera sigilosa, la multinacional del oro estaría operando para relativizar los efectos de Ley de Protección de Glaciares que pende sobre su cuello, mediante el dictado de un nuevo Código Civil y Comercial argentino. El mismo recibió el año pasado un fortísimo impulso por parte de la presidenta Fernández de Kirchner y actualmente está tratándose en las comisiones del Congreso Nacional. Y sobre él, ya hay acusaciones públicas de que está redactado para favorecer a las empresas mineras, soslayando que en la pirámide jurídica, un código es una ley superior que viene inmediatamente después de la constitución, al que deben sujetarse toda las leyes inferiores.

Específicamente, el anteproyecto original de esta iniciativa legislativa, en el que intervinieron los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Elena Higton y otros juristas destacados de Argentina, entre otras cuestiones establecía en su artículo 241, que el acceso al agua potable es un derecho fundamental, al que “todos los habitantes tienen garantizado su acceso para fines vitales”. Sin embargo, según denuncian los legisladores de la oposición, para resguardar los intereses de las empresas mineras, al elevar el proyecto al Congreso, la presidenta Fernández de Kirchner habría introducido sustanciales cambios al texto, borrando de un plumazo el artículo 241, y el de “incidencia colectivas” entre otras cosas.

“La eliminación del artículo 241 sobre derecho al agua potable en el proyecto enviado por el Ejecutivo Nacional junto con el derecho a reclamar daños de incidencia colectiva no parece casual dentro de un contexto en donde en los últimos meses han surgido conflictos relacionados con la actividad de la megaminería metalífera a cielo abierto, que tiene al agua, como principal insumo”, dijo el senador socialista Rubén Giustiniani, presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Cámara Alta.

En relación al artículo de las “Incidencia Colectivas” que menciona Giustiniani, el mismo es el artículo 240 que marca los “límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes”. Este artículo sufrió mutilaciones y agregados muy sugestivos del Poder Ejecutivo respecto al anteproyecto que establecía el ejercicio de los derechos individuales, “debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva” “en los términos del artículo 14”. Pero este párrafo fue modificado por el poder Ejecutivo quién le mochó su terminación al texto original y luego agregó que el ejercicio de esos derechos individuales “debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público”.

En consonancia con lo anterior, la presidenta Fernandez de Kirchner, también mochó el párrafo que establecía que “los sujetos mencionados en el artículo 14 tienen derecho a que se les suministre información necesaria y a participar en la discusión sobre decisiones relevantes conforme con lo dispuesto en la legislación especial”. De esta manera, apartó de un plumazo a los ciudadanos particulares a intervenir directamente en las cuestiones ambientales que pueden perjudicarlos.
En su modificaciones, para disimular la eliminación del artículo 241, al último párrafo del artículo 240 del proyecto original, el Poder Ejecutivo lo transformó en un nuevo artículo 241 referido a la “Jurisdicción” que ahora dice: “Cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los derechos, debe respetarse la normativa sobre presupuestos mínimos que resulte aplicable.”

Y lo anterior no es todo. Todos estos borrones y mochazo a favor de la mega mega-minería de Barrick, fueron también perpetrados en el mencionado artículo 14 referido a los “Derechos individuales y de incidencia colectiva”. Este artículo también fue mochado severamente por la presidenta, al eliminar enteramente de él el inciso b) referido a los “derechos individuales, que pueden ser ejercidos mediante una acción colectiva, si existe una pluralidad de afectados individuales, con daños comunes pero divisibles o diferenciados, generados por una causa común”. Sobre este artículo, cabe destacar que casualmente, es el mismo derecho que esgrimieron las comunidades diaguitas en Chile, y por el cual lograron que la Justicia chilena suspendiera el emprendimiento de Pascua Lama hace unos días, demostrando que “el que se quemó con leche, cuando ve una vaca llora”.
En tal sentido, el Poder Ejecutivo también mochó el inciso “c)” del artículo 14 de ante proyecto, en la parte que decía “el afectado, el Defensor del Pueblo, las asociaciones registradas y otros sujetos que dispongan leyes especiales, tienen legitimación para el ejercicio de derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general”.

Como si todo esto fuera poco, en el proyecto se ratificaron ambiguas disposiciones del Código Civil de Vélez Sarsfield, que data de 150 años atrás, cuando no existía conciencia de la existencia de glaciares, zonas periglaciares, y nivología, sobre todo por los habitantes de la pampa húmeda. Uno es el artículo 238, “Bienes de los Particulares”, que estipula que “los bienes que no son del Estado nacional, provincial o municipal, son bienes de los particulares sin distinción de las personas que tengan derecho sobre ellos”.

El otro es el artículo 239, “Aguas de Los Particulares”, que establece que “las aguas que surgen en los terrenos de los particulares pertenecen a sus dueños, quienes pueden usar libremente de ellas, siempre que no formen cauce natural”. Este artículo se refiere al agua que mana de la tierra y justamente este es el efecto que produce el derretimiento de los glaciares y zonas periglaciares que tanto anhela Barrick. Con lo cual, con el nuevo Código Civil y Comercial, el agua sería del dueño particular, que según la Real Academia es el que tiene el dominio de la cosa.

En otras palabras, por los alcances latos del artículo 239, este bien se podría entender como una virtual privatización del agua de los glaciares, a favor de quienes tengan un dominio minero donde ellos se encuentran. Este justamente es el caso de la Barrick Gold en Cerro Veladero y Pascua–Lama quienes de actuar sobre los glaciares, podrían acelerar su derretimiento como lo hicieron en Chile al cubrirlos de polvos y echarle la culpa al cambio climático. En última instancia si surge algún reparo en cuanto a los alcances de la palabra dueño, la Barrick Gold con la ayuda del clan ultramegaminero Gioja, bien puede terminar comprando las cumbres de los Andes, a cambio de unas monedas, dado que no tendrá competencia alguna para ello.

En definitiva, para solucionar los problemas de Barrick Gold en el lado chileno, donde el agua escasea enormemente, e impedir la litigiosidad judicial que ha paralizado sus emprendimientos, en Chile, Michelle Bachellet propone ahora la estatización total del agua, incluidos los glaciares. Por su parte Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina, donde el agua es mucho más abundante, propone una privatización implícita del agua de los glaciares. Para ello, despliega preventivamente una batería de obstáculos legales, con el objeto de impedir que los particulares damnificados ambientalmente por las actividades mineras de Barrick Gold, puedan emprender acciones judiciales que impidan o paralicen sus proyectos como ya sucedió en Chile. De allí que, entre los “revisores” del anteproyecto de nuevo Código Civil y Comercial parecieran encontrarse la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Mining Club y Barrick Gold de grupo Rockefeller. Este último una palabra cuya traducción es “talador de roca”. Con lo cual, haciendo honor a ese nombre, el grupo Rockefeller, como un conquistador moderno, parece estar empeñado en llevar a cabo esta tarea a toda costa, con el fin de apoderarse primero del agua, para así poder llevarse puesto el oro diseminado en la cima de la cordillera de Los Andes, plan para lo cual cuenta con la indispensable ayuda a ambos lados de la cordillera, de Michellel y Cristina, gobernantas que parecen ser dos “Malinches” modernas.-

(*) Investigador técnico.

(**) Periodista.

http://ecoscordoba.com.ar

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