En su despedida, Moreno sufrió un nuevo revés en la Justicia por las multas

En su primer día fuera de la Secretaría de Comercio Interior, Guillermo Moreno sufrió un nuevo revés judicial, luego de que la Sala II de la Cámara Federal porteña confirmara su procesamiento sin prisión preventiva por haber multado a las consultoras que medían más del doble de inflación que el INDEC. El tribunal consideró que la causa avanza “decididamente” para someterlo a juicio oral por “abuso de autoridad”.
El tribunal de apelaciones, con la firma de los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun, rechazó el pedido de nulidad que había hecho el abogado Alejandro Rúa, defensor de Moreno, y ratificó el procesamiento que en primera instancia había dictado el juez federal Claudio Bonadio tanto para Moreno como para dos de sus colaboradores en la Secretaría: el director nacional de Comercio Interior, Fernando Carro, y el director nacional de Lealtad comercial, Adalberto Guillermo Rotella.
Los camaristas detectaron en la causa “serios indicios respecto de la arbitrariedad y falta de legitimidad con que procedieron los funcionarios involucrados, configurándose así un abuso de poder”, delito por el que están procesados. Para los jueces, la situación judicial de Moreno, Carro y Rotela avanza “decididamente hacia la etapa de debate”, que es el juicio oral.
Los funcionarios están acusados por multar con $ 500.000 a la consultora Finsoport SA, del ex viceministro duhaldista de Economía Jorge Todesca y que difundía mediciones de inflación superiores en más de 100% a las del Indec. Todesca fue quien inició la demanda por las multas, que también afectaron a otras consultoras, y que fueron rechazadas por la Corte Suprema de Justicia en octubre. Los camaristas consideraron que “no se entendía cómo ni por qué la actividad de una consultora económica podía ser pasible del poder de policía del nombrado órgano administrativo”, y que Finsoport “nunca antes fue sujeta a requerimientos o sanciones de la Secretaría de Comercio Interior”.
Ante la Cámara, Moreno pidió anular los procesamientos y acusó a Finsoport y otras consultoras de actuar en combinación “con el sistema financiero internacional y los bancos locales” para “azuzar” la inflación y lograr ganancias con los bonos de deuda. Incluso, el funcionario indicó que “las mismas consultoras tenían en su patrimonio bonos de la deuda”.
La figura penal de los procesamientos es “abuso de autoridad”, tipificado en el artículo 248 del Código Penal y castigado con “prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo”. Las sanciones impuestas por Comercio Interior fueron revocadas primero por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y posteriormente por la Corte.

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