29 octubre, 2020

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La Justicia sobreseyó a un diputado y un exedil

Son Roberto Correa y Ramón Molina. La Sala II dijo que no cometieron delito, como denunció una jueza de Faltas. Leonardo Domínguez – Diario De Cuyo

El diputado justicialista Roberto Correa y su asesor y exconcejal, Ramón Molina, quedaron liberados de culpa y cargo en una causa donde los acusaban de cometer delito cuando fueron funcionarios de Rivadavia. La jueza de Faltas del departamento los había acusado de interferir en una orden de clausura de un local comercial que ella misma dictó y en primera instancia fueron procesados por el delito de abuso de autoridad, hasta que la Sala II de la Cámara Penal revocó esa resolución por entender que actuaron de acuerdo a las facultades que tenían y que no violaron ninguna norma. El actual legislador no descartó ahora iniciar acciones contra la denunciante, Gladys Abelín.

El fallo tiene fecha 16 de diciembre, pero recién se conoció ayer. Los tres integrantes de la Sala II, Juan Carlos Peluc Noguera, Ernesto Kerman y José Atenágoras Vega, coincidieron en dejar sin efecto el procesamiento dictado por la titular del Juzgado Correccional Nº 3, Mónica Lucero, y “decretaron el sobreseimiento total y definitivo” de Correa y Molina.

Los hechos sucedieron en el año 2011, durante la gestión del justicialista Elías Alvarez como intendente de Rivadavia, en la que Correa era el secretario General del municipio y Molina el presidente del Concejo Deliberante (ver Cronología). Y fue justo cuando en la comuna se vivía un clima enrarecido, debido a que la jueza Abelín y el jefe departamental no tenían buena relación y ella venía de pedir su destitución (ver De punta).

Todo comenzó cuando la jueza de Faltas ordenó clausurar la parrillada de Juan Carcelero (hermano de Gustavo Carcelero, exconcejal del partido de Ana María López) por no tener habilitación. El comerciante pidió una prórroga de 6 meses en el municipio para cumplir con los requisitos y Molina (en reemplazo de Alvarez, que estaba de viaje) y Correa se la concedieron a través de la firma de un acta.

Al enterarse, la hermana del exintendente Jorge Abelín puso el grito en el cielo por entender que los funcionarios se arrogaron facultades que no tenían y que evitaron que el castigo se cumpliera. Por eso, los denunció por abuso de autoridad y no cumplir con sus deberes, delitos que contemplan penas que van de 2 meses a 2 años de prisión y de 15 días a un año, respectivamente.

Según los jueces de Sala II, la conducta denunciada “no constituye delito” y los funcionarios “actuaron en el marco del ejercicio de sus funciones y deberes”. A modo de argumento, sostienen que de acuerdo a la Carta Orgánica de Rivadavia, el Ejecutivo municipal “goza de poderes para la habilitación de un comercio” y que no tiene ningún impedimento para hacerlo cuando el local está clausurado. Incluso, aseguran que la autorización de Correa y Molina “se formuló sobre la base de dar cumplimiento a las exigencias impuestas por la jueza y esto resulta determinante para una correcta interpretación del obrar” de ambos.

En el mismo sentido, los camaristas advierten que los jueces de faltas municipales “son dependencias administrativas”, que no se los debe equiparar “a un órgano del Poder Judicial” ni darles carácter de sentencia a sus fallos y que están “enmarcados en los ámbitos de las normas que regulan el funcionamiento de la administración municipal”.

El caso causó revuelo en su momento y la denuncia abrió una serie de especulaciones en las filas del oficialismo. Sucede que Abelín la presentó apenas un mes antes de las primarias de 2011, en las que las que el intendente y sus alfiles eran protagonistas (Alvarez quería repetir, Correa buscaba ser diputado y Molina iba por la reelección como edil).

Correa aseguró ayer que siempre tuvo confianza y que estaba tranquilo, “porque nosotros actuamos de acuerdo a la ley y a lo que establece la Carta Orgánica”. Por otra parte, dejó abierta la puerta para contraatacar con una demanda en dirección a Abelín. “Voy a consultar con mi abogado si corresponde alguna acción judicial”, aseguró.

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