Un juez argentino, Javier López Biscayart, allanó este viernes las oficinas en Buenos Aires de Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez, un empresario de reconocida amistad con el fallecido expresidenteNéstor Kirchner (2003-2007). López Biscayart investiga un presunto fraude tributario cometido entre 2009 y 2011 al alquilar durante esos años habitaciones de tres hoteles de Kirchner, fallecido en 2010, y su esposa y sucesora en la jefatura de Estado, Cristina Fernández. La indagación se originó a partir de una denuncia que en el periódico La Nación publicó el pasado domingo el periodista Hugo Alconada Mon y que después motivó una presentación judicial de dos diputados de la oposición, Elisa Carrió y Fernando Sánchez, de la alianza centroizquierdista Unen.
Tras la publicación de La Nación y antes del allanamiento, tanto Báez como el Gobierno de Fernández negaron las acusaciones de fraude tributario y lavado de dinero que vertieron el periódico y los diputados opositores contra el empresario y los Kirchner. El fiscal del caso solo se hizo eco de la denuncia por supuesto impago de impuestos de Báez.
El secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, dijo que los alquileres de habitaciones era «un acuerdo privado entre personas, que fue declarado tanto por el ex presidente como por la presidenta”. También explicó que Báez alquilaba las habitaciones para “subalquilarlas, obviamente, no para tenerlas cerradas”. En uno de los hoteles, el empresario rentó durante más de dos años todos los días un tercio de las habitaciones. La Nación publicó que los Kirchner cobraron por el total de los alquileres 2,2 millones de dólares.
Báez, que, al igual que los Kirchner, es de la provincia sureña de Santa Cruz y cuya constructora participa de la obra pública, reaccionó autodenunciándose ante una juez de su terruño. Además le pidió que se censurara la publicación de artículos con información confidencial de sus compañías que hubiese sido obtenida de manera ilícita. La juez aún debe decidir sobre esa petición, que ha encendido críticas de la prensa y la oposición.
El juez López Biscayart se hizo de documentación en el allanamiento de las oficinas de la compañía de Báez. Aún se desconoce si ese material compromete al empresario.
Báez está investigado desde mayo pasado por un fiscal que lo acusa de presunto lavado de dinero, después de una denuncia difundida por la emisora de televisión del Grupo Clarín. Al mismo tiempo que surgía aquella acusación, la justicia argentina reactivó una investigación contra los propietarios de Clarín, enfrentados con el Gobierno de Fernández, por una denuncia también por lavado de dinero que en 2008 había presentado un exejecutivo de JP Morgan. Esta semana, en la que Báez ha vuelto al centro de la escena, un juez pidió el viernes informes a EE UU y Reino Unido por préstamos presuntamente fraudulentos a una sociedad que Clarín habría formado en el estado norteamericano de Delaware, que está considerado por expertos como paraíso fiscal.
el país/españa
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