23 octubre, 2020

FM Cosmos

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LA PAMPA ANOTA PUNTOS EN EL CONFLICTO CON MENDOZA

ADVIERTE DIARIO DE LA PAMPA EN SU EDITORIAL EN EL CONFLICTO POR EL AGUA :

Aguas benditas, aguas malditas

rio-atuel

Temas de la semana que se fue: la sorpresa positiva, el fallo de la Corte Suprema de Justicia que beneficia a nuestra provincia en el marco de la lucha por el Atuel; y la sorpresa negativa: el agua de Colonia 25 de Mayo no es apta para consumo humano.

Una de cal…

No son demasiadas las ocasiones en que una sorpresa sobre los asuntos públicos resulta una buena noticia, así que con más razón se justifica la generalizada celebración que causó en nuestra provincia el histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto del río Atuel.

El máximo organismo judicial decidió analizar por sí mismo esa problemática, que llegó hasta allí merced a la presentación de dos abogados pampeanos, cuando el gobierno provincial e incluso otros actores involucrados en el asunto preferían mirar para otro lado o tramar distintas estrategias.

La decisión de la Corte no sólo realza la voluntad que tuvieron esos profesionales para plantear el reclamo que otros no formularon, sino que modifica el escenario actual de modo contundente: por un lado, queda demostrado -en principio- lo legítimo del reclamo pampeano, ya que la CSJ interpreta que ha existido un daño y da por hecho que el río Atuel debe correr por nuestra provincia.

Además, genera cambios de tipo político: la provincia de Mendoza, que se venía manejando frente al tema con un desinterés bastante parecido a la suficiencia -cuando no a la certeza de impunidad- tendrá que dar explicaciones concretas en ese ámbito y una muestra clara de que el fallo fue un golpe a sus aspiraciones es el hecho de que, repentinamente, anda buscando un “marco institucional de diálogo” con los funcionarios pampeanos.

Finalmente, otro punto clave es que la resolución de la Corte obliga a que entre en análisis si la Provincia de La Pampa necesita presentar otra demanda -con la inversión de recursos que ello significa- o le conviene, para acortar tiempos y obtener mejores y más rápidos resultados, participar en ese mismo expediente, tal como le está permitido, y agregar los planteos que considere necesarios, cuestión para la que también aparece habilitada.

Andrés Gil Domínguez y Miguel Palazzani fueron los abogados que dieron el primer paso para que la demanda fuera una realidad: el ninguneo al que fue sometida la presentación no hace más que describir el papel que han cumplido, en general, los funcionarios pampeanos frente al asunto.

La decisión de la Corte, entre otras cosas, deja en evidencia la tibieza que han tenido las autoridades provinciales; refresca las torpezas y retardos, bajo la excusa de propiciar estrategias “diplomáticas” o diálogos políticos que, cuando existieron, resultaron un fracaso.

En ese sentido, el gobierno provincial ha reaccionado frente al histórico fallo con una respuesta por lo menos dubitativa y escasa: el secretario de Recursos Hídricos Néstor Lastiri se limitó a decir que nuestra provincia está en condiciones de presentar lo que la Corte reclama.

Hubiera sido el colmo que La Pampa no contara con esa información básica y elemental, al mismo tiempo que viene jactándose desde hace largos meses con la intención de presentar una demanda para la cual ha ido a buscar -curiosamente- al tan reconocido como cotizado estudio Badeni: siempre resultó llamativo el dato de que, habiendo dos abogados pampeanos que se metieron desde hace tiempo y de lleno en la problemática -y que, además, lograron la atención de la Corte Suprema- el Ejecutivo hubiera ido a buscar profesionales porteños para defender intereses de nuestra provincia.

El verdadero interrogante para la Provincia, ahora, no tiene nada que ver con la información que reclama el máximo organismo judicial: es obvio que tiene los elementos para responder a esos interrogantes.

El asunto real para nuestra provincia es resolver si el gobierno interviene, no por mera formalidad sino con real convicción y entusiasmo, en el expediente que ya tiene este grado de avance: a esta altura de los hechos, no parece que la comunidad o los sectores de la población que se han movilizado por esta causa pudieran perdonarle al oficialismo que le quite el cuerpo a ese compromiso y participe del asunto como si fuera una cuestión menor.

La realidad ha puesto al gobierno frente a una disyuntiva que se veía venir: el fallo de la Corte fuerza a los funcionarios a demostrar algo que en todo este proceso estuvo en cierta duda, es decir la voluntad política de defender el interés provincial y la lucha histórica por el Atuel.

…y una de arena…

También con sorpresa, pero en este caso de las malas, se conoció durante la semana que se fue que el agua de la red de Colonia 25 de Mayo no es apta para el consumo humano, de acuerdo a un análisis que hizo el Ministerio de Salud y que el área de Epidemiología salió a difundir de manera urgente para evitar que se potenciara el riesgo para la comunidad.

El comunicado oficial carecía de algunos datos esenciales -luego, ante consultas puntuales, fueron aportados en algún caso por el responsable del área, Héctor Luci– y daba cuenta de que para volver a consumir el agua sin peligro había que aguardar a que “se modifiquen las actuales condiciones”, pero sin detallar tampoco a qué se aludía exactamente con ese “las actuales condiciones”.

En síntesis: la revelación oficial sobre la situación del agua veinticinqueña dejó en claro que no era apta para el consumo humano, pero sin explicar por qué y sin aclarar tampoco desde cuándo tiene lugar esa situación.

Más desorientación cunde en la población a partir de que el intendente de la propia 25 de Mayo, David Bravo, apareció públicamente no para expresar preocupación o inquietud, sino para desmentir y relativizar los informes oficiales, luciendo enojado por la revelación que se hizo desde la Provincia.

El jefe comunal contó que nadie le comunicó oficialmente la situación -episodio que trasluce cierta desprolijidad en el modo de manejarse entre autoridades- y al mismo tiempo aclaró que “no desconozco” la problemática hídrica, con lo cual volvió a dejar dudas respecto de cuál es la real situación, desde hace cuánto tiempo existe, cuánto tiempo más se prolongará y cuáles son las razones.

Cuando las explicaciones oficiales se dan tan a medias, encima sosteniendo versiones diferentes de acuerdo a la jurisdicción que representa cada funcionario, no sólo se potencia la incertidumbre de la ciudadanía, sino que se deja el campo abierto a que surjan especulaciones de distinto tipo, sobre todo en una zona como la de Colonia 25 de Mayo, en que la actividad petrolera siempre ha estado bajo la lupa y no son novedad -por ejemplo- los derrames sobre el río Colorado.

Tampoco han explicado, ni la Provincia ni el municipio, cada cuánto se hacen esos análisis y con qué real objetivo: el intendente Bravo salió a decir que, a partir de la difusión que hizo el Ministerio de Salud, decidió solicitar un estudio a un laboratorio privado.

Por un lado, ese trámite deja en evidencia la falta de credibilidad y confianza que el jefe comunal tiene y promociona respecto de los organismos oficiales que él no maneja; por otro lado, deja la sensación de que su objetivo, más que conocer el real estado del agua de red, es desmentir al gobierno provincial.

El grado de irresponsabilidad de los funcionarios suele hacerse patente ante diversas problemáticas que se vuelven asuntos de discusión pública, pero en este caso en particular -cuando se habla nada menos que del agua que una comuna pone a circular en sus redes bajo la supuesta garantía de que es potable- sería deseable que las autoridades tengan especial cuidado a la hora de abordar la cuestión.

Hay veces en que para algunos funcionarios -de distintos niveles- cualquier lucha intestina por espacios de poder, cualquier puja por acceder a sitios de influencia, o poner palos en la rueda de los enemigos, suele ser más importante que el objetivo formal que tienen entre manos, que no es otro que gobernar y tratar de que los ciudadanos que pertenecen a ese ámbito vivan mejor: quien pierda de vista esa meta estará cometiendo un suicidio político.

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