Los diputados pampeanos sostuvieron que «hoy es tarde para pensar en arreglos o comisiones interprovinciales«.
Con la firma de la vicegobernadora Norma Durango, del vicepresidente diputado Juan Pablo Morisoli, y de los legisladores de cada uno de los bloques parlamentarios, Daniel Lovera (PJ), Carlos Bruno (Frepam), Sandra Fonseca (Frente Comunidad Organizada), Daniel Robledo (Pueblo Nuevo) y Darío Casado (Propuesta Republicana); la Cámara de Diputados consideró que hay «un nuevo escenario en la lucha por recuperar los caudales del Río Atuel», a raíz de la última decisión de la Corte Suprema de Justicia.
En la declaración, plantearon que “durante la primera semana de este mes de febrero de 2014, tuvimos los pampeanos la buena noticia de que la demanda que habían presentado dos abogados pampeanos, los doctores Miguel Palazani y Andrés Gil Domínguez, solicitando la distribución equitativa de los caudales del Río Atuel en nuestra provincia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tuvo respuesta favorable de parte del alto tribunal, que aceptó su competencia y emplazó a la provincia de Mendoza y al Poder Ejecutivo Nacional”.
“Este gran paso es de máxima importancia para la provincia de La Pampa que viene sufriendo desde hace 66 años el corte de las aguas del Río Atuel de forma unilateral por la provincia de Mendoza, situación agravada por la construcción del complejo los Nihuiles, por parte de la Nación en su territorio”, señalaron.
“Es muy importante el fallo de la Corte, ya que apoyándose en el convenio marco interprovincial del año 2008, en un todo de acuerdo al exhorto de la sentencia de la misma del año 1987, suscrito entre ambas provincias y la Nación, requiere una serie de informaciones a las tres partes involucradas, las cuales deben resolverlas en un plazo de sesenta días.
Esto evidencia que nuestra provincia, siempre actuó en el marco de lo que la Corte mandó en su fallo original, que repetidas veces y en distintos gobiernos se celebraron convenios y protocolos de entendimiento, como así también formamos parte de la CIAI y delineamos en forma conjunta, proyectos y planes para restablecer el equilibrio fluvioecológico y ambiental, cuyos plazos y compromisos Mendoza nunca cumplió”, destacaron.
“El último incumplimiento fue el del convenio marco tripartito de agosto de 2008. Hoy es la herramienta sobre la cual los jueces de la Corte Suprema realizan las consultas a las tres partes, sobre su cumplimiento o abandono de los mismos y porqué razones sucedieron dichos incumplimientos, sobre lo convenido y firmado por los gobernadores de ambas provincias y los ministros del gobierno nacional”, indicaron.
Los diputados recordaron que la Cámara sancionó por unanimidad la ratificación del convenio marco a los pocos meses de firmado: “Esperábamos que Mendoza hiciera lo mismo en sus dos Cámaras, cosa que nunca sucedió y de cuyo incumplimiento son totalmente responsables”.
“Esta Legislatura también sancionó por unanimidad una resolución por la que se solicitó al señor Gobernador de La Pampa que iniciara una demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra la provincia de Mendoza, para exigir un caudal del Río Atuel para nuestra provincia, apoyándose en términos ambientales, de violación al derecho humano al agua y en la necesidad de recuperar y recomponer la desertización causada en nuestro oeste territoriano”, enumeraron.
“Es en estos temas de Estado y de profunda necesidad para la vida de La Pampa, cuando más nos sentimos preocupados por la calidad de vida de nuestros paisanos del oeste, que sufrieron por varias generaciones el corte del Río Atuel y del Salado-Chadileuvú, obligándolos a un exilio forzoso o a malvivir en sus tierras. Estamos dispuestos a seguir en la senda trazada desde hace años por otras composiciones de esta Cámara de Diputados, y a cumplir con lo que dijimos a pocos días de haber asumido el presente período de gobierno”, remarcaron.
“Hoy ya es tarde para pensar en arreglos y comisiones interprovinciales. El no respeto a los plazos y a no cumplir con los compromisos asumidos los ha agotado totalmente”, descartaron.
Finalmente, los legisladores sostuvieron que “hoy vemos con esperanzas el avance anunciado en el fallo de la Corte y confirmamos que fueron los responsables de este anacronismo hídrico-ecológico entre argentinos, optando por desarrollar el sur mendocino con riego, producción y energía, y como contraparte desertizar y despoblar el oeste pampeano. Como decíamos ayer, esta Legislatura, a través de los representantes de todo el arco político, reitera el compromiso de trabajar en la búsqueda de una solución que revierta la situación actual de desertificación del oeste provincial y se respete como un derecho humano de nuestros paisanos y de todos los pampeanos, la posibilidad real de seguir produciendo y viviendo en sus tierras con las aguas de nuestros ríos”.
el diario de la pampa
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