19 octubre, 2020

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Suris dijo que emitió facturas truchas para empresas vinculadas al Gobierno

Por  | LA NACION

Procesado ya como supuesto jefe de una banda narco, Juan Ignacio Suris admitió ante la Justicia su responsabilidad en otro delito: contó que emitió facturas truchas por millones de pesos, que beneficiaron a empresas de la provincia de Santa Cruz, algunas de ellasrelacionadas con el gobierno nacional.

El amigo del «valijero» Leonardo Fariña afirmó, sin embargo, que no le consta haber operado con firmas del empresario Lázaro Báez, como investigó un equipo de sabuesos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). «Que yo sepa, no», dijo, aunque de inmediato relativizó su negativa: «No sé cuáles son las empresas de Lázaro Báez«.

Suris también buscó mejorar su suerte procesal al desvincular a su padre, a su contador y a otros colaboradores de la operatoria con las facturas truchas. De ese modo, pretendió evitar que se lo acuse de liderar una asociación ilícita, con una pena prevista mucho más alta.

Durante más de dos horas, Suris detalló además que vendió cientos de facturas apócrifas a las empresas Ingeniería Reyes, Fabián Karas, Expocar SA, Autocar SA y Málaga Construcciones, firma que efectuó obras públicas en Bahía Blanca, entre ellas, la edificación de viviendas del Plan Federal, en la órbita del Ministerio de Planificación, que encabeza Julio De Vido.

Al ampliar anteayer su declaración indagatoria, Suris también relató que a esas empresas se sumaron otras de la Patagonia. «Existen movimientos de sobrefacturación, como algunas empresas del Sur relacionadas con el Gobierno, [y] con municipios de esa zona», declaró, según consta en la copia de su declaración indagatoria que obtuvo el diario La Nueva Provincia. «En la zona de Santa Cruz, con empresas -abundó-, algunas de las cuales están relacionadas con el gobierno nacional y provincial.»

Según reveló LA NACION a mediados de enero pasado, la AFIP había impulsado una investigación sobre Suris por la emisión de facturas truchas que habrían terminado en unas 200 empresas. Entre otras, las controladas por Báez y Cristóbal López. Esa pesquisa comenzó en junio de 2011, pero sufrió un parate cuando el titular del organismo tributario, Ricardo Echegaray, cerró la delegación de la AFIP en Bahía Blanca y desplazó a los jefes del equipo de investigadores.

Esa movida llegó después de que los sabuesos detectaron que las facturas truchas de Suris podían llegar hasta el grupo Báez. En ese caso, sería a través de una empresa constructora como intermediaria, Iberoamericana de Servicios, de Caleta Olivia. Pero, consultado por LA NACION, Báez negó a través de un vocero conocer a Suris o a ese potencial enlace.

En el holding de López, en tanto, la receptora de las facturas apócrifas fue Álcalis de la Patagonia, que regularizó su situación, al menos con respecto al pago del IVA, por $ 2 millones. «Como proveedor de las usinas de Álcalis, nos enchufaron facturas truchas. Pero en cuanto se detectó, se decidió el pago inmediato», indicó entonces un vocero de López que consultó LA NACION.

Ante el juez federal de Bahía Blanca, Santiago Martínez, Suris optó por asumir toda la culpa. Dijo que la facturación apócrifa se emitió «100 por ciento bajo [su] responsabilidad», y dijo que su padre, Eduardo Suris, y otros acusados eran sólo sus empleados. «Les pagaba una remuneración por el trabajo que me hacían», argumentó.

El fiscal general federal en esa ciudad, Alejandro Cantaro, confirmó a LA NACION que Suris admitió su rol protagónico en el circuito de las facturas truchas y que buscó exonerar a quienes lo rodeaban, como su contador. «Dijo que él se dedicaba a todo. Él conformaba y manejaba las sociedades y tomaba todas las decisiones», detalló Cantaro.

Según consta en la ampliación de su declaración indagatoria, Suris aclaró también que podría aportar más nombres y detalles a medida que los recuerde.

«SERVICIOS QUE NO EXISTEN»

El amigo de Fariña relató ante la Justicia que sus primeros pasos como empresario los dio junto a su padre, pero que luego se concentró casi por completo en la operatoria de la facturación fantasma. «Constituí sociedades para organizar servicios a diversas empresas de la ciudad y Argentina […] en su mayoría real, y hay movimientos de sobrefacturación o venta de facturación de servicios que no existen», confesó.

Detenido desde el 13 de enero, cuando la policía lo arrestó en el departamento en la ciudad de Buenos Aires de la vedette Mónica Farro, Suris también aclaró que «todos los movimientos con las empresas citadas [por las receptoras de sus facturas] eran 100 por ciento inexistentes», y que las maniobras incluían «movimientos de sobrefacturación».

La facturación que emitían las sociedades fantasma que manejaba Suris se suma así a las de otros grandes emisores de facturas truchas, englobados en las causas «Viazzo» y «Di Biase», que permitieron a cientos de grandes y medianas empresas del país bajar su carga tributaria. También les facilitó obtener dinero en efectivo para pagar sobornos a funcionarios públicos por cientos de millones de pesos.

Ahora, el juez Martínez debe evaluar si procesa a Suris por esta operatoria económica ilícita, como ya lo hizo por narcotráfico el 30 de enero, en duros términos.

«No cabe ni la más mínima duda de que Juan Ignacio Suris usufructuó una relación de poder desde la cual no sólo adquiría estupefacientes en la ciudad de Buenos Aires, sino, además, definía quién la trasladaba, cómo lo hacía, a quién se la entregaba, con qué periodicidad, a cambio de cuánto dinero; y, una vez en esta ciudad, decidía con quién operar, cuándo distribuir, a qué precio vender, cuánto estirar la mercancía, cómo era la forma de pago y quién se encargaba de recolectar el pago por las ventas ilícitas», fundamentó el juez, quien también ordenó embargar sus bienes por $ 12 millones

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