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OTRA VEZ EL MUNICIPIO DE ULLÚM ACUSADO DE IRREGULARIDADES

El municipio de Ullum, en la mira por firmas dudosas

Las detectó el Tribunal de Cuentas en expedientes de pago que corresponden al ejercicio 2012. Leonardo Domínguez – Diario De Cuyo

Otra vez, la gestión municipal de Ullum despierta sospechas. Según fuentes calificadas, el Tribunal de Cuentas detectó expedientes de pago con posibles firmas falsificadas y cheques a favor de proveedores que generan dudas acerca de quién los cobró. Todo corresponde al ejercicio 2012 y si bien el organismo sólo debe decidir si lo aprueba a lo rechaza en sede administrativa, puede verse obligado a comunicar la situación a la Justicia Penal para que investigue si se cometió algún delito.

No es la primera vez que la administración que encabeza el intendente Daniel Albarracín atraviesa una situación incómoda. El año pasado, al cabo de un mes, cosechó dos denuncias penales por presuntas irregularidades que despertaron revuelo. El jefe comunal, que fue electo por la basualdismo y después se fue para volver el PJ, las atribuyó a cuestiones políticas y a la fuerte pelea que mantiene con el diputado departamental, Leopoldo Soler.

Esta vez, los reparos están ligados al análisis técnico que está realizando el Tribunal de Cuentas de la documentación que presentó el municipio sobre el ejercicio de 2012. Fue en esa revisión que se detectaron movimientos administrativos que llamaron la atención de los auditores y que obligan a las autoridades del organismo de control a poner especial atención en la cuestión.

La lupa está enfocada en varios expedientes. Por ejemplo, dijeron las fuentes, hay proveedores que fueron contratados para prestar distintos servicios y en las planillas de pago hay firmas que a simple visita no coinciden entre sí ni con las de los destinatarios del dinero. Eso hace sospechar que alguien podría haber falsificado las rúbricas para cobrar y hasta hace dudar de si los servicios realmente se prestaron o si fue algo simulado con la sola excusa de facturarle a la comuna.

Por ahora no hay precisiones de los montos en juego, pero uno de los vocales del organismo contó que los auditores han advertido que es muy evidente la diferencia entre las firmas y que hay recomendaciones internas para que el tema sea puesto en conocimiento de la Justicia Penal. Lo que sucede es que los miembros del Tribunal de Cuentas son funcionarios públicos y como tales, están obligados por ley a denunciar cualquier anomalía que descubran.

En la misma cuenta, aseguraron las fuentes, parece haber anomalías en cheques emitidos por la gestión de Albarracín o, al menos, desprolijidades que no coinciden con el buen proceder administrativo. Entre ellas, algunos instrumentos que podrían haber sido cobrados directamente por funcionarios o empleados municipales, cuando en realidad el pago salió a favor de un proveedor. Para confirmarlo, el organismo está intentando dar con documentación bancaria para saber si fueron endosados, por quién y el nombre del que los depositó o cobró por ventanilla.

Los supuestas anormalidades hacen recordar especialmente a una de las denuncias que recayeron sobre Albarracín. Una contratada del municipio lo acusó en mayo de crear una empresa fantasma a nombre de su hijo discapacitado para cobrarle servicios al municipio y dijo que los importes llegaban a los 50 mil pesos por mes.

El caso está en manos del titular del Juzgado de Instrucción N° 1, Benito Ortiz, quien busca determinar si el chico discapacitado era usado como pantalla para facturarle a la comuna, si hay personas que firmaban en lugar de él y si endosaban y cobraban los cheques que salían a su nombre. Para eso, le pidió colaboración técnica al Tribunal de Cuentas en la investigación y está esperando los detalles del informe para decidir la suerte del jefe comunal.

El Tribunal de Cuentas tiene ahora que resolver si aprueba o desecha el ejercicio contable en cuestión, en función de si el gasto fue legal y si no hay faltante de dinero. Si se inclina por la primera, porque todo está en orden, el intendente ullunero no enfrentará ninguna consecuencia. La segunda, en cambio, implicaría que sea sometido a un juicio de cuentas para reponer de su bolsillo la plata de los gastos que eventualmente no haya justificado. Hasta ahí, todo en la esfera administrativa.

Hay una tercera alternativa, que involucra a la Justicia. Se trata de una especie de medida intermedia. Los miembros del Tribunal de Cuentas puede aprobar la cuenta que está en estudio, pero haciendo salvedades en los puntos que despiertan recelo y dejar todo sujeto a lo que diga un juez del fuero Penal. En ese caso, el magistrado que le toque intervenir podría pedir pericias para establecer de quién o quiénes son las firmas que aparecen en los recibos de pago.

El expediente con el informe del ejercicio 2012 está ahora en poder de la vocal del Tribunal de Cuentas que tiene a cargo el control de los municipios, la bloquista Laura Yanzón. Es la primera que tiene que expedirse, para después ir pasándolo a sus compañeros hasta completar los cinco votos que decidirán qué hacer con el caso de Ullum.

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