Según publicó Infobae en exclusiva, el juez federal Norberto Oyarbide declaró por escrito en un sumario interno realizado por la Cámara Federal que Carlos Liuzzi, segundo de Carlos Zannini en la Secretaría Legal y Técnica, lo llamó cuando se realizaba un allanamiento a una financiera en diciembre pasado y le exigió que frenara el procedimiento. Las críticas de la oposición no se hicieron esperar.
«Exigimos la inmediata renuncia de Zannini y de Liuzzi», sentenció la diputada de Unión por Todos, Patricia Bullrich. Y adelantó que solicitará «que dichos funcionarios sean investigados por la Justicia de manera urgente, respetando la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sea quien sea».
«Lo sucedido es un ejemplo más del poco respeto que el gobierno kirchnerista les tiene a los valores republicanos, intentando que el Poder Ejecutivo someta a los otros dos poderes, que exista una sola voz y que nadie puede investigarlos», concluyó Bullrich.
En sintonía, el diputado del PRO Federico Pinedo comentó: «El reconocimiento por parte de Oyarbide de que paró un allanamiento después de recibir un llamado de un señor cercano al secretario Legal y Técnico de las Presidencia exige que se le inicie juicio político«.
Y agregó: «También, deberán investigarse en el mismo juicio los detalles de la causa en la que Oyarbide absolvió a ese mismo señor que lo llamó (Carlos Liuzzi), al que estaba investigando por enriquecimiento ilícito«.
El diputado por la UCR Manuel Garrido también fue tajante: «Las declaraciones de Oyarbide son de una gravedad inusitada, porque por un lado admite que tiene contactos informales con el Poder Ejecutivo y, por otro, que paró un allanamiento por pedido de un funcionario», señaló.
Además, el ex fiscal anticorrupción adelantó a Infobae que promoverá la interpelación de Zannini y de Liuzzi, y que pedirá un Jury de enjuiciamiento que analice las confesiones de Oyarbide.
El senador nacional UCR Chubut Mario Cimadevilla aclaró que «la relación de Oyarbide con el poder político no es un tema nuevo«. Y explicó: «Por algo en el Consejo de la Magistratura nunca logramos la mayoría para enjuiciarlo porque el oficialismo se oponía».
También diferenció «dos visiones enfrentadas del Poder Judicial». «Nosotros entendemos que los jueces deben ser independientes y que hay que darles garantías para que puedan manejarse así. En cambio, desde el partido del Gobierno creen que ni la Constitución ni la ley deben limitar al poder», razonó.
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