«Por culpa de la burocracia y la política, el remedio quedó varado en la Aduana. Tuvimos que hacer una presentación judicial y aun así seguía sin llegar a Mendoza», contó Osvaldo Quiroga, esposo de Graciela Guardia, una joven mujer de 46 años que luchó contra el cáncer de mama y falleció el miércoles pasado porque no llegó a tiempo el medicamento para continuar su tratamiento oncológico.
Graciela padecía la enfermedad desde hacía seis años. Como no tenía obra social, la mujer recurrió al Ministerio de Salud desde donde hasta fines del año pasado, a través del Programa Oncológico provincial, se le prestaba el tratamiento de quimioterapia.
En diciembre, por falta del medicamento que se venía aplicando desde hacía tiempo, las autoridades le informaron que debían interrumpir el tratamiento porque la droga que requería era importada y estaba retenida en la Aduana.
La suspensión del tratamiento empeoró el estado de salud de Graciela, debido a una metástasis, y en los últimos meses su panorama se volvió crítico. Su marido reconoció que siempre tuvieron problemas en la provisión de medicamentos y la familia decidió entonces recurrir a la Justicia. El juzgado Civil 20, a cargo de María Cousirat, hizo lugar al reclamo el 20 de marzo y obligó al Estado a proveerle la droga. La respuesta llegó tarde y la mujer falleció sin haber recibido el tratamiento.
Según el portal ‘Vox Populi’, en su dictamen la jueza advirtió: «En cuanto al peligro en la demora, considero que el mismo se encuentra configurado ya que es sabido que por regla general, en cuestiones que tienen que ver con la salud, el no aplicar un determinado tratamiento durante un período de tiempo puede acarrear consecuencias que luego resulten irreversibles o de muy difícil reversión».
Considerando esta situación de extrema urgencia, la jueza resolvió «admitir la medida cautelar solicitada y en tal sentido ordenar al Gobierno de la Provincia que suministre a la actora la cantidad suficiente que requiera para llevar a cabo su tratamiento diario de la droga TDM 1 Kadcyla de 2,4 mgr».
El médico Oscar Torrecilla, representante legal del gobierno mendocino, señaló que era imposible cumplir con lo pedido porque «el medicamento no cuenta con autorización para ser comercializado».
«El laboratorio (Roche) no autorizaba la comercialización en el país, por eso no podíamos traer el medicamento a Mendoza», agregó la doctora Mónica Levín, del Programa de Apoyo al Paciente Oncológico.
Un mes después de la orden judicial, la droga fue liberada pero ya era tarde. «Unos días antes de que muera mi esposa finalmente llegó el medicamento. Eso es lo que más bronca me da, porque a esa altura ya no pudimos suministrarla. No había forma de aplicarla, el estado de Graciela era terminal», se lamentó su marido.
«Las políticas de salud en estos casos son retrógradas. A los políticos les es más fácil que se muera una persona porque el sepelio es mucho más barato que la cobertura de un tratamiento contra el cáncer», agregó indignado por el trágico final.
El fallecimiento de Graciela genera gran conmoción a nivel nacional y destapa nuevamente la situación crítica que viven muchas personas que padecen esa enfermedad y las dificultades para acceder a los medicamentos oncológicos.
Fuente: URGENTE 24
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