19 octubre, 2020

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Días complicados: Cristina salpicada por Ciccone, y juicio político a Boudou

Complicadísimo para la Administración Cristina defender a Amado Boudou sin costos hacia adentro del Partido Justicialista, cada vez más distante del Frente para la Victoria; y hacia afuera, cuando la sociedad cuestiona la corrupción, probablemente otra demostración de que la estanflación y el endeudamiento familiar está asfixiando a la sociedad media argentina.

02/09/2008: Cristina Fernández de Kirchner saluda al banquero Jorge Brito durante el acto por la celebración del Día de la Industria en el Salón Blanco de la Casa Rosada. (Foto NA: Presidencia)
02/09/2008: Cristina Fernández de Kirchner saluda al banquero Jorge Brito durante el acto por la celebración del Día de la Industria en el Salón Blanco de la Casa Rosada. (Foto NA: Presidencia)

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La hipótesis de muchos corre por las redes sociales y correos electrónicos durante el fin de semana. Y dice así:

«La imprenta Ciccone estaba en quiebra, pero el juez decretó la continuidad de la empresa y sus trabajadores; y sus instalaciones fueron alquiladas a la empresa Boldt, de Antonio Tabanelli, dueño del casino del Tigre y ligado a Eduardo Duhalde y Daniel Scioli por lo cual Néstor Kirchner acordó con el banquero Jorge Brito y Julio De Vido, el gran contacto del Banco Macro en representación del ex Presidente. Para ello necesitaron del ministro de Economía, quien envió a su amigo José Nuñez Carmona a presionar a la empresa Boldt, representada por su ejecutivo Guillermo Gabella, para que abandonara el alquiler como primer paso para quedarse con la imprenta.
El segundo paso fue levantarle la quiebra y otorgarle un plan de facilidades. Por último hacía falta un capital inicial de $50 millones que aportó el dueño del Banco Macro. El juez Ariel Lijo tiene en su poder más de 300 llamadas de Pablo Amato, el otro yerno de Ciccone, realizadas con otro equipo Nextel perteneciente a la presidencia del Banco Macro.
En tanto, Máximo Lanusse, de esa entidad financiera, aportó $5,4 millones a la nueva Ciccone e ingresó en su directorio por lo cual está claro que cuando Amado Boudou dice que Lijo no investiga al empresario que puso los $50 millones está en lo cierto.
Pero, aparentemente, el magistrado por ahora no piensa citar a indagatoria a Jorge Brito, tal como pidió el fiscal Di Lello, porque de hacerlo se sabría que Néstor Kirchner, Julio De Vido y el banquero citado convinieron la operación calcográfica con el conocimiento de la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner por lo cual, por lo avanzado de la causa, el gobierno decidió cargarle toda la culpa al vicepresidente por los horrores cometidos por su grupo de amigos.
Igualmente, Cristina Kirchner dio la orden de defenderlo para que no sea procesado o que si lo es, el juicio oral se concrete en el 2016. Mientras tanto, que Boudou se mantenga en su cargo  cuestión que no prenda el ventilador. Pero los tiempos se adelantaron y Boudou quería la televisación de la indagatoria para denunciarlo a Jorge Brito sin importarle los daños colaterales, y ese el frio que corre por las espaldas de todos los habitantes de la Casa Rosada.
Este fin de semana, tanto Carlos Zannini como Julio de Vido, están convenciendo a  Amado Boudou que no implique al banquero Brito por cuestiones que se dicen vinculadas a la distribución accionaria de la sociedad anónima controladora de la entidad. Desde hace tiempo, el rol de Jorge Brito no es diferente al de Lázaro Báez. En mayo de 2003, el banquero era mal visto pero otro financista, cercano a Néstor Kirchner, llamado Ernesto Clarens, muy ligado a Lázaro Báez, acercó a las partes, y así Brito se convirtió en el banquero preferido del gobierno.»
Urgente24 no le consta la veracidad de estas elucubraciones. Pero sí tiene la obligación de informar que es lo que corre con la velocidad de un virus informático por las computadoras y teléfonos celulares de millones de argentinos.
En tanto, 5 recortes dominicales:
«Mientras fue director de la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica, entre 2010 y 2012, Alejandro Paul Vandenbroele intercambió varias comunicaciones con dos teléfonos fijos que se usan para acceder desde la distancia a la intimidad del sector presidencial de la Casa Rosada. Uno de ellos pertenece a la Secretaría de la Presidencia de la Nación. En el mismo lapso, esas líneas también cruzaron llamados con Amado Boudou. Lo comprobó la Justicia. Esa coincidencia es una de las tantas pruebas que el juez Ariel Lijo dio a conocer en el escrito de 333 páginas de los autos de procesamiento del vicepresidente.
En el fallo hay otros ejemplos documentados, del mismo tenor, que indican que la Casa Rosada está comprometida en la trama del caso Ciccone.
Los contactos telefónicos de Vandenbroele con la Casa Rosada, por ejemplo, forman parte de la serie de pruebas que Lijo enumeró para demostrar que el ex director de la imprenta trabajaba en coordinación con Boudou. El vice niega conocerlo.
En la página 262 del escrito de procesamiento del vice, el juez dice que la séptima prueba que muestra que Boudou y el acusado de ser su testaferro operaban en conjunto es que “tanto Vandenbroele como Boudou registran varias personas en común con las que se comunicaron telefónicamente”.
El magistrado agrega después que “específicamente, el abonado usado por Vandenbroele o, cuya titularidad está a nombre de T.O.F. y el abonado utilizado por Amado Boudou (1167937222) realizaron y/o recibieron llamadas telefónicas”. El magistrado revela que, entre otros contactos comunes que encontró entre ellos, estaban “ los abonados 1143443600 de la Secretaría General de Presidencia de la Nación y 1141312300 de la Secretaría de Presidencia de la Nación ”.
(…) Aunque Cristina Kirchner no es investigada en esta causa judicial, los hechos demuestran que avaló al menos uno de los contratos multimillonarios con el Estado que consiguió The Old Fund, que, según Lijo, era de Boudou.
 
En abril del 2012, cuando el caso Ciccone ya estaba siendo analizado por la Justicia de la Argentnia y Uruguay, la Casa Rosada aprobó políticamente que esa empresa sospechada imprima 410 millones de billetes de cien pesos, un trabajo por el que el Gobierno le pagó alrededor de 160 millones de pesos.

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