La Comisión de Juicio Político se reúne por segunda vez en el año para tratar los ocho pedidos de la oposición para que Amado Boudou comparezca en el Congreso. La sesión comenzó con una fuerte controversia en torno a las dimensiones de la sala donde se desarrollaba el encuentro: es que el lugar se encontraba abarrotado de legisladores, colaboradores y periodistas, que en palabras de la dirigente del PRO Laura Alonso hacían que en ese contexto no fuera «posible trabajar».
La primera en tomar la palabra fue la titular de la comisión, Adela Segarra. La diputada oficialista leyó un extenso documento en el que buscó rebatir los argumentos contra el vicepresidente de cada iniciativa. Así, recomendó que se «rechacen in límine los pedidos«, al señalar que «se basan en hechos y actos que aún tramitan en sede judicial».
En su exposición, la legisladora sostuvo que «los proyectos de resolución tienen términos imprecisos, condiciones vagas, menciones difusas», y aseguró que «la comisión de delitos no se encuentra probada». También dijo que avanzar en ese sentido constituiría una violación de la división de poderes. A su entender, «no existe motivo alguno para que este Congreso intervenga«.
Como otros kirchneristas, Segarra volvió a usar los conceptos de «desestabilización» y «linchamiento mediático» para referirse al caso y dijo que el deber de los diputados es «denunciar las presiones corporativas».
A su turno, Elisa Carrió informó que la oposición defendería un dictamen único, que incluye además pedidos a la Justicia para que remita nuevos expedientes; es decir, se propuso ampliar la acusación. Según dijo, hay «causales gravísimas contra Boudou». Mencionó que entre las denuncias se cuenta el cohecho, enriquecimiento ilícito y mal desempeño de sus funciones.
«HAY CAUSALES GRAVÍSIMAS CONTRA BOUDOU»
Carrió apuntó además al kirchnerismo por ser «cómplices» del vicepresidente y adelantó que, de convalidar el dictamen que leyó Segarra, los llevará a la Justicia. «No admitir este juicio los convierte en encubridores de los delitos que cometió Boudou«, espetó.
A las 16, a poco de comenzado el debate, el oficialismo, sin oír los argumentos de la oposición –siquiera el de los autores de los proyectos– hizo valer su mayoría en la comisión para aprobar a mano alzada un dictamen que acompañaba el informe que leyó Segarra, de manera que se adelantó el rechazo a los pedidos de juicio político y luego continuó el debate.
Uno a uno, los opositores que tomaron la palabra tras una votación que estuvo signada por elescándalo y las quejas denunciaron que el procedimiento fue violatorio de los procedimientos internos.
El radical Manuel Garrido calificó de «lamentable» la decisión del oficialismo y afirmó que «el Congreso debe investigar y producir pruebas». Y la líder del GEN Margarita Stolbizer dijo que «pareciera que no les importara que tengamos un vicepresidente procesado por corrupción».
Similar reproche expresó la aliada al PRO Patricia Bullrich –«les pesará en la conciencia», estimó–, quien además se preguntó si, con el proceder que defendió el FpV, correspondería entonces esperar que un juez de la Corte Suprema que sea acusado de un delito sea primero enjuiciado en un tribunal menor antes de que el Parlamento pueda avanzar en el análisis de su desempeño.
Esta mañana habían circulado versiones de un pedido de licencia que estaría por solicitar el vicepresidente en las próximas horas. Sin embargo, desde el entorno del funcionario negaron que vaya a dar un paso al costado.
Antes de iniciar la discusión, y conciente de que los números no los favorecerán, la oposición desafió al Frente para la Victoria. «Si ellos creen en la inocencia de Boudou, que abran el proceso para demostrarlo», señaló el diputado nacional Julio Martínez, en diálogo con InfobaeTV.
Por su parte, el macrista Pablo Tonelli anticipó: «Lo que nosotros quisiéramos hoy no es sustituirlo ni suspenderlo. Sólo queremos darle inicio al trámite del juicio político: empezar a investigar la conducta del vicepresidente para en algún momento futuro determinar si ha incurrido o no en las causas que exigirían su remoción. No es que lo queremos juzgar y resolver hoy».
De los 31 diputados que integran la comisión, 17 responden al oficialismo y 14 a la oposición. Por eso se descontaba que el Frente para la Victoria descartaría sin mayores problemas los pedidos contra Boudou. En lo que va del año tan sólo se reunieron una vez, tan sólo para cumplir con el trámite formal de dar por constituida la comisión.
Relacionados
La canasta de crianza aumentó un 50% este 2024
Desplome del consumo de carne en la Argentina
Fracaso: Sobreactuación de Milei donde Argentina no figura