20 octubre, 2020

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«(…) En menos de año y medio, sin posibilidad de otra reelección, la Presidenta tendrá que abandonar la Casa Rosada, donde los problemas más urgentes se pasan, como una pelota, del corazón del Ejecutivo al de las finanzas. Dicho de otro modo, del vicepresidente procesado por corrupción, Amado Boudou, a la deuda pendiente con los llamados fondos buitres y otros acreedores que no entraron en la reestructuración del 2005 y del 2010. (…)»

por CARMEN DE CARLOS

MADRID (Es Global). La Casa Rosada hace equilibrios entre el proceso por corrupción contra el vicepresidente argentino, la deuda pendiente con los fondos buitre y un escenario económico poco optimista.

El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner parece ir de final en final. Terminado el Mundial de Brasil, los partidos que disputa en casa son claves para afrontar el último tiempo de legislatura y de ciclo kirchnerista.

En menos de año y medio, sin posibilidad de otra reelección, la Presidenta tendrá que abandonar la Casa Rosada, donde los problemas más urgentes se pasan, como una pelota, del corazón del Ejecutivo al de las finanzas. Dicho de otro modo, del vicepresidente procesado por corrupción,Amado Boudou, a la deuda pendiente con los llamados fondos buitres y otros acreedores que no entraron en la reestructuración del 2005 y del 2010.

En ambos casos una decisión equivocada puede convertir el tramo final de la despedida del poder de la viuda de Néstor Kirchner en un doloroso camino de espinas y llevar a la Argentina a una situación de bancarrota, un escenario que, en rigor, resulta inverosímil imaginar o “una irresponsabilidad política enorme”, en palabras de Ricardo Delgado, director de la Consultora Analytica.

Amado Boudou, de 51 años, es el 2do. vicepresidente de Cristina Fernández, un político, a diferencia suya, que no viene del peronismo. Lo eligió como ministro de Economía en su primer mandato (2007-2011) y le volvió a elegir después como compañero de fórmula a la Presidencia, que reconquistó en el 2011 con el 54% de los votos.

En esa decisión pesó la mala experiencia anterior vivida con Julio Cobos, miembro de la Unión Cívica Radical (UCR) y candidato adjudicado –tal y como reconoció el difunto ex presidente– por Néstor Kirchner. La presidenta no le perdonó a Cobos que, a los pocos meses de su investidura, votara en el Senado un desempate en contra de un ajuste impositivo para el sector agropecuario, un proyecto de ley que se había convertido en estandarte de su Gobierno.

Fernández estaba convencida de que con Amado Boudou esa historia de rebeldía no podría repetirse. De su delfín rescataba lealtad y ser el autor de la idea original de estatizar los planes de pensiones y jubilaciones, iniciativa propia, –aseguró– de “un hombre sin miedo”.

Aquella apuesta por Boudou, tres años más tarde, únicamente le da y le ha dado disgustos a la mujer más poderosa de Argentina. Su vicepresidente está procesado y tiene embargados bienes por –presuntamente– apropiarse de una imprenta que imprime papel moneda de curso legal. Originalmente conocida como Ciccone Calcográfica, la firma, tras sucesivos cambios de nombre, fue estatizada –por  la mayoría oficialista– pese a desconocerse quién era su propietario.

El juez federal Ariel Lijo se la adjudica a Boudou y le atribuye la figura de “cohecho pasivo” y“negociaciones incompatibles” con el cargo, pero la causa judicial tiene otras ramificaciones, graves, en curso. Dicho esto, no es la única que tiene al todavía vicepresidente contra las cuerdas de la justicia.

El próximo procesamiento, una crónica anunciada, será por falsedad en documentos de propiedad de un vehículo marca Honda, papeles que truchó (falsificó) para dejar el coche fuera de su divorcio, según otro juez federal. La lista de asuntos pendientes con la justicia para Boudou no termina ahí.

De momento ronda la decena –llegó a tener 53– y entre éstas sobresalen cuatro acusaciones de enriquecimiento ilícito, negocios incompatibles con su cargo por cobrar para asesorar en la renegociación de la deuda de Formosa, una de las provincias más pobres de Argentina y adquirir, con información privilegiada, bonos de deuda pública en vísperas del canje del 2010. Esto es, de llevar a cabo –presuntamente y con intermediarios– algo muy parecido a los fondos buitres,comprar los títulos del Estado cuando están bajo mínimos y beneficiarse después, en su caso, con un canje muy favorable.

Este escenario, insólito en la historia de  Argentina, ha abierto una crisis de Gobierno sin precedente. La oposición exige que Boudou pida una excedencia o, directamente, presente su dimisión. El vicepresidente se resiste y la Presidenta, pese a las presiones, aún le protege.Hubo un intento de juicio político en el Congreso a Boudou pero fue descartado in limine (sin posibilidad de presentar argumentos que lo justificaran) por el rodillo kirchnerista.

En este contexto, conviene recordar un antecedente importante de la llamada causa Ciccone, que arranca de abril del 2012. Boudou comenzó a abrir el ventilador y provocó la renuncia del procurador general (equivalente a fiscal general), Esteban Righi, la del primer juez de la causaDaniel Rafecas y la del fiscal Carlos Rívolo pero, además, dejó entrever que disponía de munición gruesa en la recámara de la memoria. La oposición está convencida de que apuntaba directamente a Néstor Kirchner y a su viuda. Esa sería la única explicación para entender por qué el vicepresidente de Argentina sigue en su cargo.

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