0011404081 Los principales dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) rechazaron de plano este martes el proyecto de Ley de Abastecimiento que impulsa el Gobierno, en medio de críticas y un clima de fuerte malestar, por considerar que «afecta la iniciativa privada».

Así lo hicieron en el marco del encuentro de Junta Directiva de la central fabril, es decir, la mesa ampliada de conducción de la que participan cámaras y las uniones industriales del interior del país. El encuentro estuvo liderado por el presidente de la UIA, Héctor Méndez, quien informó sobre la reunión mantenida el lunes con el secretario de Comercio, Augusto Costa, secundado por el secretario José Ignacio de Mendiguren, a su vez diputado por el Frente Renovador.

El vicepresidente de la entidad, José Urtubey, afirmó a la salida de la reunión que el proyecto oficial que modifica las leyes de Abastecimiento, Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor «no va a ser acompañado por la entidad porque entendemos que afecta a la iniciativa privada y a la inversión».

Urtubey sostuvo que «la principal objeción es la que le otorga al Gobierno la potestad para fijar los márgenes de ganancias de las empresas». Además informó que los empresarios cuestionan un punto que le permite al Gobierno obligar a una compañía a continuar con una línea de producción aun a pérdida, en caso de que la dirección de la empresa hubiera dispuesto la discontinuidad por falta de rentabilidad. «Esto no lo vamos a acompañar. Es inconsistente con la iniciativa privada«, enfatizó Urtubey.

LOS DIRECTIVOS FABRILES CONSIDERAN AL PROYECTO «INCONSISTENTE CON LA INICIATIVA PRIVADA»

Ni siquiera algunos de los sectores empresarios que acostumbran acompañar al Gobierno en sus iniciativas pudieron abstraerse del clima. Manfredo Arheit, vinculado a la Asociación de Industriales
Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), consideró: «Vamos a tener que hablar con el Gobierno».

Por la mañana, en declaraciones radiales, Méndez se mostró contrario a la iniciativa oficial para una nueva ley de abastecimiento, que consideró «peligrosa» porque, según dijo, «puede afectar muy negativamente la inversión y el empleo». Por esa razón, pidió que el proyecto «se debata profundamente y no en forma rápida, que se dé tiempo para analizarla».

El titular de la UIA dijo que el proyecto «propone mecanismos de regulación de precios, márgenes, cantidades, que desde nuestra perspectiva pueden ser perjudiciales».

Una fuente de la entidad fabril informó que el clima de la reunión fue muy tenso, en el cual los industriales calificaron al proyecto de «inconstitucional» y profirieron duras críticas. El Gobierno y la UIA se reunirán el próximo jueves para debatir los alcances de la iniciativa oficial.

Los artículos de la polémica

Los artículos más cuestionados están en el capítulo de la reforma que habla sobre Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo, y fueron anticipados por el secretario de Comercio, Augusto Costa, el día anterior.

«Afecta a la industria», advirtió en radio Mitre el massista José Ignacio de Mendiguren, integrante de la conducción de la Unión Industrial Argentina, un día después del encuentro en el que participó junto a otros directivos de la entidad en la Secretaría de Comercio.

El proyecto, que ya fue ingresado por mesa de entradas del Senado, incrementa las facultades de control y sanciones que en su momento supo tener Guillermo Moreno. De aprobarse, el Gobierno estará habilitado para incautar y vender mercaderías sin la necesidad de un juicio de expropiación previo.

LA INICIATIVA INCREMENTA LAS FACULTADES DE CONTROL Y SANCIÓN QUE TUVO GUILLERMO MORENO

Los artículos que fueron analizados en el marco de una multitudinaria reunión de Junta Directiva de la UIA fueron el segundo y tercero.

La iniciativa del Gobierno fija en el artículo 2 diversas atribuciones que se considera que conspiran contra las metas de las empresas de tender a un desarrollo sustentable, con inversión y generación neta de empleos:

a) Establecer para cualquier etapa del proceso económico márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios o todas o algunas de estas;

b) Dictar normas que rijan la comercialización, intermediación distribución y/o producción;

c) Disponer la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios, como así también en la fabricación de determinados productos dentro de niveles o cuotas mínimas que estableciere la autoridad de aplicación; 

d) Requerir toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico y obligar a la publicación de los precios de bienes o servicios producidos y prestados, como así también su disponibilidad de venta».

Mientras que en el artículo tercero establece: «Los gobernadores de provincia y/o el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por sí o por intermedio de los organismos o funcionarios que determinen, podrán fijar dentro de sus respectivas jurisdicción precios máximos y las pertinentes medidas complementarias».

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