21 octubre, 2020

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La oposición criticó la aplicación de la ley antiterrorista en Donnelley y pide derogarla

0011399359  La voluntad del Gobierno de implementar por primera vez la denominada ley antiterrorista contra la imprenta Donnelley por un presunto fraude en su quiebra volvió a abrir el debate en torno a la cuestionada norma. La mayoría de los referentes de la oposición salieron al cruce del Ejecutivo y pidieron derogar o modificar la ley, con el objetivo de evitar consecuencias negativas con su aplicación. En simultáneo a esta pelea, los directivos de la firma norteamericana estarán impedidos de salir del país, hasta tanto no se defina el proceso judicial (y político) comenzado luego del cierre de la planta de Garín.

En sintonía con las críticas a la decisión presidencial, la titular de la Comisión de Legislación Penal,Patricia Bullrich (PRO), agregó en el temario de la próxima reunión prevista para el martes próximo todos los proyectos que proponen derogar o modificar la ley 26.734. La intención es tratar la cuestión y emitir un dictamen.

«Nos parece una buena oportunidad para avanzar con el tema», comentó Bullrich al diario La Nación. «El uso arbitrario que le quiere dar el Gobierno a la ley demuestra que es una herramienta que puede usarse para cualquier cosa», planteó la legisladora, que aclaró que cuenta con el apoyo del resto de los bloques de de la oposición.

Otro de los que se expresaron en esa línea fue Francisco De Narváez. El diputado evaluó que con esa decisión «el Gobierno eligió el peor camino». «Es meter miedo a quienes opinen distinto o actúen en forma diferente de lo que ellos quieren. No es así como se resuelven los problemas que tenemos» los argentinos, indicó el legislador de Unión por Todos, quien recientemente confesó sus aspiraciones para la gobernación bonaerense.

Compartió ese diagnóstico Mauricio Macri. Desde Río Cuarto, Córdoba, el jefe de Gobierno estimó que «la aplicación de la ley antiterrorista no es el camino para conservar el empleo y generar más puestos de trabajo. Todo lo contrario».

Por el radicalismo, el diputado Julio Cobos opinó que la aplicación de la ley en estas circunstancias «genera incertidumbre» y «lo único que hace es desalentar» las inversiones en medio de un clima económico «complicado».

«Todo lo que haga el Gobierno uno lo pone en duda. Lo que hace es avanzar, avasallar», aseguró. «Estas medidas no contribuyen en nada a mejorar la situación económica», añadió.

Desde el Frente Renovador, la diputada Graciela Camaño calificó la medida como un «apriete». «Indudablemente con la actitud de la Presidente se corrobora que lo que pretendían cuando votaron la ley era una herramienta de amedrentamiento a la sociedad», sostuvo.

Su par Adrián Pérez coincidió en que hay que derogar la norma porque «se ha convertido en un cheque en blanco para vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos».

«En algunos casos como este se utiliza como respuesta absolutamente desproporcionada e irracional para un tema que debe ser resuelto por los carriles correspondientes en la justicia civil comercial y eventualmente en las instancias administrativas del Ministerio de Trabajo», afirmó el legislador del Frente Renovador y ex Coalición Cívica.

En nombre de la izquierda, el diputado Néstor Pitrola (Partido Obrero) reclamó al Gobierno que no «barnice» la ley antiterrorista «como una ley antibuitre-«, cuando es una norma «contra el movimiento popular». Y tachó de «demagógico» el anuncio de la Presidente de pedir que se aplique contra los directivos de la multinacional. Vilma Ripoll, del MST, subió la apuesta y dijo que «si Cristina Kirchner quiere sancionar a Donnelley que la expropie, estatice y garantice los puestos de trabajo».

Las posturas de la ex legisladora y Pitrola coinciden con el reclamo de un grupo de trabajadores, delegados y activistas de izquierda de la imprenta estadounidense, que esta semana tomaron la planta y reactivaron la producción. El objetivo de los empleados es replicar experiencias similares como la que ocurrió con la cerámica ex Zanón, de Neuquén, donde la planta se expropió y se la convirtió en cooperativa.

Prohibición

A la par de la disputa política afuera de la fábrica, seguirá su curso el desarrollo del proceso de quiebra solicitado por Donnelley al Poder Judicial. En cumplimiento de los procedimientos habituales, el juez Gerardo Santicchia, quien fue duramente criticado por la Presidente por haber decretado una «quiebra exprés«, ordenó prohibir la salida del país a los tres principales ejecutivos de la imprenta.

El veto a la libre circulación es una regla usual que suelen aplicar los jueces al disponer el quebranto de una empresa. El objetivo de este tipo de medidas es proteger los activos de las sociedades comerciales, en este caso la planta fabril junto a sus bienes, para garantizar el cobro de los acreedores como trabajadores y proveedores de la compañía.

La prohibición de salida pesa para el presidente de Donnelley en Argentina, el ciudadano sueco Luiz Jarlsson Bring, y los directivos Claudio Raúl Vergara y Roberto Antonio Rivas.

Los abogados, en contra

La aplicación de la ley antiterrorista ya había generado un amplio repudio de especialistas. Los abogados Gregorio Badeni, Daniel Sabsay, Félix Loñ y José García Hamilton acordaron en los riesgos que encierra y también sugirieron que podría generar consecuencias en la seguridad jurídica para inversiones.

A esas voces se sumó el consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi al sostener que se trata de una «una vergüenza para la Argentina». «Lo que pasa es que el cristinismo ahuyenta a todo aquel que quiere trabajar y progresar. Por eso se han ido tantas empresas de nuestro país y lo seguirán haciendo», acotó.

En tanto, el abogado y ex diputado Ricardo Gil Lavedra observó que una «norma de dudosa constitucionalidad«, y destacó que «la tentativa de aplicarla respecto a una empresa que se ha declarado en quiebra, es otro manotazo que pega el Gobierno, buscando de qué manera dominar una economía que se les ha disparado de las manos».

«Es una delegación prohibida, la Constitución solo autoriza que la delegación la hace el Congreso y solamente en el Poder Ejecutivo, acá se está invistiendo de facultades al Secretario de Comercio«, dijo a la radio La Once Diez.

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