20 octubre, 2020

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El dólar y los despidos sacaron del cajón la reforma del Código Civil

cristina1    Tras una pausa de casi un año, la Cámara de Diputados intentará sancionar el miércoles próximo el nuevo Código Civil y Comercial, una herramienta que introduce importantes cambios en materia de matrimonio, adopción, divorcio y composición de sociedades comerciales, entre otros cosas.
 ¿Por qué el apuro después de tan larga pausa? Que lo cuente la economía. Ahora, Cristina Fernández necesita un nuevo golpe de efecto.
 Anoche lo definió el bloque de diputados kirchneristas. De acuerdo con lo que tiene planeado el oficialismo, la iniciativa se aprobará sin cambios, tal como fue sancionada en el Senado, a fines de noviembre.
 Si el kirchnerismo logra reunir la mayoría para la votación, algo que en la Cámara baja dan por descontado, el nuevo código entrará en vigor a partir de 2016.
 La decisión de avanzar con el tratamiento tomó por sorpresa a todas las bancadas de la oposición e incluso a algunos miembros del Frente para la Victoria.
 En el bloque que conduce Juliana Di Tullio aseguraron que la decisión estaba tomada desde hacía varias semanas.
 En la Cámara alta, la oposición rechazó la iniciativa, que se aprobó sólo con los votos oficialistas. Lo mismo pasaría en Diputados.
 El artículo que más debate genera es el 19, que indica que «la existencia de la persona humana comienza con la concepción», redacción que no toma en cuenta los casos de fertilización asistida.
 En el propio código quedará establecido que dos temas quedarán pendientes de regulación: la protección de los óvulos, así como la regulación de su uso en los casos de fertilización asistida, y la cuestión de la propiedad indígena. Para eso, el Congreso deberá sancionar leyes especiales, como ya hizo en el caso de la responsabilidad civil del Estado.
 Entre los cambios más importantes, el nuevo código modifica el estatuto de la adopción, permitiendo el acceso al derecho de personas solas o que no estén legalmente casadas. Además, se agiliza el trámite de divorcio y habilita a los cónyuges a realizar una separación de bienes previa a la concreción de la unión. Se mantienen, eso sí, la protección de los alimentos y de la vivienda.
 Asimismo, se permiten las sociedades de un solo socio: nace la figura de sociedad unipersonal, lo que facilita la asignación del patrimonio e incentiva las inversiones, según los impulsores del proyecto.
 El freno se había generado por las diferencias internas en el oficialismo a partir de los cambios efectuados a último momento, antes de la votación en la Cámara alta, para complacer a la Iglesia. Y, sugestivamente, el nuevo avance se confirmó tres días después del almuerzo de Cristina con el Papa en Santa Marta.
 Desde el kirchnerismo, sin embargo, intentaron desligar la decisión del encuentro entre la Presidente y Jorge Bergoglio. Y admitieron que necesitaban aprobarlo para retomar la iniciativa y evitar el avance de proyectos opositores vinculados al Código.
 «Empezaron a salir temas que no podíamos parar», reconoció en privado un diputado del Frente para la Victoria, que dio como ejemplo la discusión sobre la nueva ley de adopción que comenzaba a tomar fuerza en la Comisión de Familia, presidida por el massista Felipe Solá.
 «Hubo acuerdo, lo vamos a sacar sin cambios y lo que se tenga que modificar será con proyectos aparte», señaló anoche un diputado oficialista.
 «La negociación no terminó», contrapuso otro, del grupo que resiste las concesiones a la Iglesia.
 El proyecto fue elaborado por una comisión de juristas encabezada por Ricardo Lorenzetti y presentado en marzo de 2012, un año antes de que Bergoglio se transformara en Francisco.
 El proyecto tiene 2.671 artículos y entrará en vigencia el 1° de enero de 2016. Dividido en seis libros, modifica la regulación de la transmisión de derechos, las relaciones de familia, el estatuto de la adopción, obligaciones y contratos. La ausencia del acceso al agua potable como derecho fundamental fue uno de los puntos que generó más controversias.
 También que establece que una deuda, en caso de haber sido contraída en moneda extranjera, podrá cancelarse en pesos.
 Otros temas polémicos quedaron para ser tratados aparte, como la responsabilidad del Estado (ya sancionada) y los derechos de los pueblos originarios. «Por fin vamos a poder concretar un largo trabajo con un Código moderno y de neto corte humanitario», dijo la kirchnerista Diana Conti.
 «El Gobierno perdió el GPS en cuanto a las prioridades. Una reforma así no se saca a las patadas», cuestionó el radical Mario Negri.

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