20 octubre, 2020

FM Cosmos

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Denuncia y reclamo de los policías presos políticos de Urribarri

Peligrosa esta democracia tal como la entiende Sergio Urribarri, un exponente de la levedad del Frente para la Victoria. En el combo de groserías en que incurre el gobernador hay que incluir la incomprensible prisión en que mantiene a los policías de Concordia. ¿Capricho del ‘Pato’? ¿Genuflexión horrorosa de la Justicia entrerriana? ¿Qué impide que esos policías esperen el juicio en libertad? La lamentable Justicia entrerriana acaba de liberar a quien estando borracho y drogado atropelló a 2 hermanitos y mató al más chico cuando iban a la escuela, pero mantiene presos a los policías que reclamaron por mejores salarios. Hay magistrados que son peores que los delincuentes. Aquí una declaración de los policías detenidos:

Ser presos políticos en democracia es tan aberrante como cometer delitos de lesa humanidad.

policiaentrerios    Bajo el yugo de un gobierno que se jacta de reivindicar los Derechos Humanos en la Argentina existen, en la provincia de Entre Ríos, 17 presos políticos  todos ellos trabajadores policiales.

Paradójicamente dichos trabajadores  fueron algunos de los cerca de 400 efectivos que participaron de un reclamo salarial y de mejores condiciones laborales después de ser, por muchos años, oprimidos por la institución policial como así también excluidos del sistema democrático y laboral y, hablar de excluidos no es lo mismo que hablar de marginados; el marginado al menos cuenta desde el margen, el excluido está despojado de toda posibilidad.En esta institución policial, se desconoce y no se tienen en cuenta los derechos humanos de quienes la integran y donde muchos jefes vinculados a ilícitos gozan de total impunidad mientras que estos subalternos son privados de su libertad desde hace más de ocho meses.

Pero para que el lector conozca la esencia de esta terrible injusticia es preciso ubicarlo social y temporo-espacialmente.

En el mes de noviembre del año 2013 los trabajadores policiales de la ciudad de Concordia y sus familias comenzaron a realizar manifestaciones pacíficas solicitando mejoras salariales y de las  condiciones laborales, entregando a la cúpula policial local petitorios donde se plasmaban los reclamos para que sean elevados a las autoridades provinciales. Cabe destacar que la policía de la provincia de Entre Ríos se rige por un reglamento de ley que data del año 1975 y está basada en leyes provenientes de la época donde no había estado de derecho. En dicho reglamento de ley, entre otras cosas, se hace mención a la imposibilidad de agremiación y de reclamos colectivos de trabajo, violando nuestra Constitución Nacional, lo enunciado por la Organización  Internacional del Trabajo, el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención Mundial de los Derechos Humanos a la que nuestro país se encuentra adherida desde el 10 de diciembre del año1948.

En aquel entonces (diez meses atrás) el salario percibido por los integrantes de la fuerza, sobre todo los de jerarquías menores, era paupérrimo ($1,350 de básico) incapaz de cubrir las necesidades esenciales de una familia y con una relación sueldo-horas trabajadas muy por debajo de otros trabajadores. Es de destacar que un policía  de la provincia de Entre Ríos trabaja en promedio 240 hs. mensuales, teniendo en su mayoría que realizar varias horas de servicios adicionales para poder subsistir, esta gran carga horaria de trabajo hace que los policías falten mucho tiempo de sus hogares, afectando de este modo directamente al seno familiar.

El día 8 de diciembre y con el objetivo de entregar un nuevo petitorio a las autoridades, un grupo de mujeres y niños se acercaron a las puertas de la jefatura siendo atacados por un funcionario de jerarquía con gas lacrimógeno, generándose así una gresca por lo que  los trabajadores policiales junto a sus familias ingresaron a la jefatura permaneciendo allí hasta ser escuchados por las autoridades.

Se inician así horas de tensión en la ciudad, puesto que un sector de la sociedad valiéndose de que el personal de franco de servicio estaba haciendo el reclamo comenzó a saquear distintos comercios generando un gran caos nunca antes vivido por los concordienses.

Los trabajadores solicitaron la presencia del señor gobernador para entablar un diálogo y llegar así a una pronta solución del conflicto. Luego de idas y vueltas y de dialogar con distintos intermediaros el día 9 de diciembre ¡después de 24 horas! el gobernador recibe en una mesa de  diálogo a un grupo de representantes de los policías, quienes invitaron a participar de la reunión como: mediadores, garantes y testigos al apreciado Obispo de la ciudad Luis Armando Collazuol, al capellán de la institución padreJosé Zabaleta y a integrantes del Centro de Industria y Comercio de la ciudad.

Dicha reunión se realiza en un ambiente afable, pleno de armonía y respeto, acordándose allí: una mejora salarial, no represalias para los manifestantes, una mesa de diálogo permanente y, por primera vez en la historia policial del país, la posibilidad de participar en las próximas paritarias.

Al día siguiente el señor gobernador Sergio Daniel Urribarri convocó a una nueva reunión con algunos de los manifestantes y miembros de la Cámara de Comercio e Industria, comunicando que había dispuesto que las paritarias se llevarían a cabo el día 06 de febrero de 2014 y donde también comentó a los presentes que había mantenido una comunicación telefónica con la Presidente de la Nación quien lo felicitó y se sentía feliz de que se haya llegado a un acuerdo.

Paradojas del destino…

Lo alarmante de esta situación es que el propio gobernador de la provincia de Entre Ríos (actual precandidato a Presidente de la Nación) pidió a los trabajadores policiales que se organicen, tengan representatividad, creen un cuerpo técnico, recorran la provincia en busca de aval y el día 06 de febrero se sentarían en paritarias como cualquier otro gremio.

Sin embargo el día 06 de febrero de 2014, el gobernador en lugar de convocar a paritarias, ordenó la detención de todos los trabajadores policiales que se estaban organizando para el fin que él había propuesto. Y cuando decimos ordenó, aunque suene disparatado, es literalmente así puesto que aquí quedó de manifiesto que en Entre Ríos no existe la independencia de poderes, el ejecutivo provincial manipula a su conveniencia a los demás.

Entonces la pregunta es la siguiente…En un futuro, si alguna vez se atraviesa por otro conflicto ya sea local, provincial, nacional o internacional, teniendo a este señor como presidente, ¿quién querrá oficiar de mediador si se atrevió a burlarse no solo de los trabajadores sino también de prestigiosas personas de esta ciudad y de la propia iglesia que ofició de testigo en el acuerdo, ante semejante antecedente?

La detención de los trabajadores se produce de una manera irregular, con imputaciones totalmente falsas, armadas entre la cúpula policial, la fiscalía y el Gobierno de la Provincia. Vale la pena poner en conocimiento de la sociedad toda que los detenidos en su totalidad se manifestaron dentro de los parámetros establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A. (Organización de Estados Americanos), que recomienda en su informeN°57 de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, que no solo admite estas expresiones legales y legítimas sino que además aconseja cómo hacerlas. Recomiendanparticipar sin armas, franco de servicio o distintivos o equipos policiales. Cuando se menciona la palabra irregular es también debido a que se avasallaron todos los derechos constitucionales, y tratados internacionales trasladando a los detenidos a un penal de máxima seguridad ubicado en la ciudad de Federal donde sufrieron tremendas aberraciones a la dignidad humana que por el resto de sus vidas tendrán secuelas, padeciendo también las familias.

Esto contó con la complicidad del juez de garantías Dr Alberto Funes Palacios que justamente debía ser el garante del debido  proceso,  el guardián del cumplimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y el propio Código de Procedimiento… pues se convirtió en el verdugo, pero no fue gratis, pues este magistrado cuando los trabajadores policiales fueron detenidos era juez de garantías suplente, cuando dicta la prisión preventiva pasó a titularizar su cargo y a los 60 días, cuando confirmó la detención hasta llegar a juicio, pasó a ser camarista en una carrera meteórica, a la que a cualquiera le hubiera llevado años conseguir. Para tal fin tuvo que tratar de “probar” que los policías habrían entorpecido la causa con motivos realmente infantiles como que varios de los imputados se cortaron el cabello, los familiares armaron una carpa frente a la jefatura y que se manifestaron al costado de la ruta…una total ficción jurídica.

No cabe la menor duda que en el marco de la instrucción de esta causa queda profundamente demostrado que en esta provincia la ley se ha torcido, corrompido, se ha arrodillado y vendido.

Aquí no prevalece la idoneidad por mérito, sino la afinidad política. La dificultad para seleccionar juzgadores idóneos se ve agravada por la presión política, que cuando no logra corromper un juez puede optar por su destitución o sometimiento, estos factores han debilitado severamente la institución judicial donde no todos somos iguales ante la ley, o más bien dicho somos todos iguales ante la ley pero no ante quien las ejecuta.

También es oportuno destacar que a dicho reclamo salarial  luego concurrieron cientos de uniformados quienes estaban prestando servicio y dejaron de hacerlo, como así también que se liberaron zonas debido a que había una orden superior hacia los jefes de comisarías que debían permanecer en sus respectivas dependencias junto a sus segundos jefes a cargo de los móviles, pues bien estos comisarios no sólo no acataron la orden sino que fueron más allá autorizando al personal que se encontraba de guardia a concurrir a la manifestación.

Sin embargo, tal como ocurre casi siempre, el hilo se corta por lo más delgado y no sólo es que están detenidos diecisiete “perejiles” subalternos sino que fueron señalados a dedo por un motivo u otro ya sea porque no eran del agrado de la cúpula policial o por reclamar a través de los años por sus derechos, dignidad y democracia en una institución que está compuesta por ciudadanos civiles y por tal motivo gozan de los mismos derechos que cualquier ciudadano y cualquier trabajador tal como lo establece la Constitución Nacional.

Hace apenas unos días atrás se conoció un audio donde hablaba el Gobernador de la Provincia cuando mediaba con los trabajadores policiales diciendo y aceptando que él también era responsable de lo ocurrido, pero hasta la fecha sólo han hecho responsables a los más débiles en este caso, donde queda de manifiesto que lo peor que le puede pasar a un ciudadano es tener al estado en contra aunque sea por error…aunque sea por un rato.

Lo dijo nuestro tan querido Papa Francisco: “Es claro que la construcción de la sociedad depende de la responsabilidad con que tomemos nuestra labor en el campo de la justicia y la paz. Pero también es claro que a mayor autoridad mayor responsabilidad. Es deber de nuestras autoridades sostenernos y proyectarnos en una sociedad donde la paz y la justicia sean reales no solo utopías.”

Mientras tanto los diecisiete trabajadores policiales hace más de ocho meses que continúan privados de su libertad.

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