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wpid-img_20141023_181333.jpg    La organización Reporteros Sin Fronteras instó este jueves a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) a»demostrar su independencia» y su apego por los «procedimientos» contemplados en la Ley de Medios en cuanto a su aplicación sobre el Grupo Clarín.

La ONG de lucha por la libertad de prensa y el acceso a la información hizo ese llamado en vistas de la adecuación de oficio que la autoridad de aplicación de la Ley de Medios pretende realizar sobre las licencias del multimedios que mantiene una feroz pelea con el Gobierno Nacional.

Tras la declaración de constitucionalidad de los artículos impugnados, el holding presentó su plan de adecuación voluntario a la Ley, que en los últimos días fue rechazado por el órgano controlado por el cristinismo.

Reporteros Sin Fronteras reconoció que «continúa la pugna entre el Gobierno y Clarín» por cómo será la adecuación de la empresa a la Ley, lo que incluye reducir el número de licencias de radio y televisión que hoy explota.

Lucie Morillon, Directora de Programas de la ONG, reiteró el apoyo de la misma a los «principios generales» de la Ley de Medios y pidió que su entrada en vigor no sea afectada «por la fuerte polarización política y mediática del país».

Por otro lado, Morillon dijo que la AFSCA «debe demostrar su independencia, así como un estricto respeto de los procedimientos previstos por la ley en la adecuación del grupo Clarín » la Ley.

La AFSCA, con mayoría K, es presidida por el ultracristinista Martín Sabbatella, quien protagoniza un campaña que pretende instalar que el Grupo Clarín «hace trampa» en cuanto al cumplimiento de la ley.

Sabbatella, señaló que el plan de adecuación voluntaria presentado, que divide al Grupo en 6 unidades de negocios, eran “maniobras claras que burlan el espíritu de la ley”, debido a que se encontraron presuntos vínculos societarios y comerciales entre los administradores y, por lo tanto, falta de independencia entre las nuevas entidades.

El directorio de la AFSCA aprobó finalizar los procedimientos de adaptación voluntaria del grupo Clarín (con 5 votos a favor y 2 abstenciones) y dar así inicio a la adecuación de oficio, lo que significa que a partir de ahora el Estado argentino se encargará de hacer una evaluación, tras la cual lanzará una licitación para la venta de las licencias de difusión de algunas de las empresas del grupo que excedan las nuevas normas.

Clarín denunció en un comunicado «el intento del gobierno de avanzar en una arbitraria e ilegal adecuación de oficio”, buscando “apropiarse” de los medios de comunicación del grupo, y afirmó que recurrirá a todas las instancias que corresponda para resguardar sus derechos y que se cumpla el plan de adecuación propuesto.

De acuerdo al ranking 2014 de Reporteros Sin Fronteras, la Argentina retrocedió un puesto en materia de libertad de expresión. Este año el país pasó al puesto 55 desde el 54 obtenido en 2013, años en el que mostró el  retroceso otros 7 casilleros.

Según el último informe de la ONG, la Argentina se incluye entre los países de la región en los que «la divergencia entre el sector privado y el sector público (o el estado) deriva en confrontación, a veces violenta». Menciona como caso extremo el de Venezuela.

«Un ejemplo extremo es Venezuela, donde el nivel de insultos y ataques físicos aumenta durante las frecuentes  campañas electorales. Existe un clima similar en  Ecuador y Bolivia y, algo menos, en Argentina», señala el informe.

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