31 octubre, 2020

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"Es un procedimiento grave contra la libertad de prensa"

0010756100    La Fundación Libertad de Expresión + Democracia (LED), a través de su presidente Silvana Guidici, manifestó su preocupación por el allanamiento a la radio y portal digital de noticias La Brújula 24 de Bahía Blanca. El operativo fue ordenado por el juez federal Santiago Martínez y tendría como finalidad impedir la difusión de escuchas vinculadas a una causa de narcotráfico que involucra a Leonardo Fariña y Juan Suris.

«Es un grave procedimiento contra la libertad de prensa para evitar la difusión de contenido. Las fuentes periodísticas están protegidas por la Constitución», afirmó Silvana Giudici. Y agregó: «El hecho tuvo lugar en el momento preciso en el cual la emisora estaba poniendo al aire la primera de las grabaciones que originaron el allanamiento, configurándose así un caso de censura directa sobre el medio afectado».

La ex titular de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados reforzó su argumento explicando que el artículo 43 de la Constitución «establece taxativamente que ‘no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística'» y que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA garantiza que «todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales».

«No es la primera vez que la causa judicial en cuestión es motivo de un intento de limitación a la libertad de expresión y de prensa. En julio de este año, Francisco Zamora, hijo de Gerardo Zamora, presidente provisional del Senado de la Nación, intimó mediante cartas documento a los medios Última Hora Diario de Santiago del Estero y la Agencia Paco Urondo para que retiraran de sus portales de internet artículos en los cuales se lo vincularía con Juan Suris, detenido en el marco de la investigación que lleva adelante la Justicia federal», recordó Giudici.

En este sentido, la ex diputada nacional detalló las faltas en las que incurre este accionar: «En primer lugar, el intento de conocer las fuentes periodísticas. Al mismo tiempo, se estaría impidiendo el derecho a buscar, ‘recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole’, sin previa censura consagrado por el Pacto de San José de Costa Rica. Y finalmente, se lesionaría el derecho de los ciudadanos a acceder a información de interés público».

«LED ha manifestado en reiteradas ocasiones que la utilización de instancias judiciales para restringir el derecho a la libertad de expresión y de prensa, o directamente para intentar presionar a los trabajadores y medios de prensa constituye una práctica incompatible con el Estado de derecho que lamentablemente se está volviendo habitual en nuestro país», finalizó Giudici.

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