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Inteligencia criminal y una agencia federal, el reclamo de los especialistas contra el narco

0011824190     A pesar de que hace más de 30 años que la Argentina recuperó la democracia, la palabra » inteligencia » sigue estando, para muchos, asociada al espionaje y la persecución política. Sin embargo, una política de seguridad que no cuente con algún tipo de inteligencia criminal basada en datos propios -y no únicamente en aquellos provistos por agencias internacionales- está condenada a un accionar esteril, a ciegas, que no dará respuestas adecuadas a los desafíos que el crimen organizado plantea en el siglo XXI, donde las bandas han evolucionado hacia una suerte de «empresas criminales» que combinan negocios lícitos e ilícitos, en algunos casos transnacionales pero también locales. Esa fue una de las conclusiones a las que llegaron especialistas, funcionarios y miembros de fuerzas de seguridad y armadas que participaron del seminario «El hemisferio americano: Desafíos para el desarrollo y la seguridad», organizado por la editorial Taeda y que contó con el auspicio de Infobae.

El diputado provincial Marcelo Sain, especialista en seguridad y ex director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, sostuvo que, contra los diagnósticos -a los que acusó de «homogeneizantes» y de estar vinculados a agencias de cooperación internacional- que hablan de una «colombianización» y, más recientemente, «mexicanización», en el cono sur, y en la Argentina en particular, el fenómeno del narcotráfico tuvo un origen y una evolución diferente.
Si bien reconoció que en los últimos años bandas internacionales comenzaron a operan en el país -con un grado de articulación local- para enviar cargamentos a Europa, Sain alertó sobre «la estructuración en los últimos 10 o 15 años» de «prolíficos mercados de consumo de cocaína», cuya expansión «está íntimamente vinculada a pautas culturales» -es decir, «no vinculado con la seguridad»- y que en mayor medida es «recreativo» y «no problemático». Estos mercados se estructuraron sobre la base de grupos criminales locales preexistentes, antes dedicados a robos o piratería del asfalto, y que ya tenían capacidad de negociación con la policía. Esta situación, afirmó, estuvo acompañada de una alta «regulación» policial y aceptación de la política, que a cambio de que la policía mantenga el negocio invisible, mira para el costado.
Frente al diagnóstico, el ex director de la PSA afirmó que este problema «es de poca tensión para los organismos internacionales que tienen algún tipo de relavancia en la construcción del relato argentino sobre el narcotráfico». Por ello, señaló la necesidad de contar con «un sistema de inteligencia criminal federal unificado», ya que la Secretaría de Inteligencia en la actualidad no cumple con esa función. «Ahora se puso de moda que conducir policía es hacer de comisario por parte de los funcionarios políticos, que encabezan procedimientos. La conducción política de las fuerzas de seguridad no es eso: es establecer prioridades. Si te ponés la gorra y vas a hacer procedimientos, pero el diagnótico te lo hace un organismo internacional distinto del tuyo, vos no tenés inteligencia propia y no sabés cuál es tu prioridad, la verdad es que eso me parece una sobreactuación para una campaña electoral pero no me parece una política seria para combatir a las drogas«, sentenció.
Por su parte, el fiscal general de la Cámara Federal, Raúl Pleé, sostuvo se enfocó en los aspectos económicos de la lucha contra el crimen organizado. «Es tanto el dinero que genera el narcotráfico que se han incorporado a todos los ámbitos de la economía: tenemos narcos de otros países y narcos de la Argentina haciendo inversiones inmobiliarias, manejando ciertos ámbitos de las transferencias al exterior y el mundo financiero». Si Argentina es la principal plataforma para mandar droga a Europa, razonó, «significa que acá también hay cárteles, o por lo menos tenemos cárteles en formación. Que tenemos gente muy rica gracias al narcotráfico, no me cabe ninguna duda».
Sin embargo, «ante empresas delictivas cuyos cabecillas razonan y actúan como empresarios», la investigación penal no ha dado la respuesta adecuada. Como ejemplo, contó que sólo hay cuatro sentencias condenatorias en casos de lavado de dinero y que la investigación penal suele terminar con el apresamiento de los criminales y no con el decomiso de bienes producto de la actividad ilícita. El modo más efectivo, entonces, de luchar contra la amenaza narco es «ir a buscarle la plata a la organización».
«Nuestros sistemas de detección de movimientos dinerarios del crimen organizado son paupérrimos», dijo Pleé, al señalar que «lamentablemente seguimos ideologizando la actuación de los mecanismos dedicados a la prevención del lavado de dinero». Por ello, el fiscal abogó por «modificar la cultura de la investigación penal», recordando que si bien desde 1921 existe la figura del decomiso, en general, quienes llevan a cabo la investigación penal de este tipo de delitos consideran terminada la investigación cuando apresan a los miembros de la banda». Como ejemplos, explicó que cuando se llevan a cabo allanamientos, se suele disponer del auxilio de policías, técnicos en computación y perros para detectar la droga, pero «todavía no estamos mandando a un especialista contable que sepa cuáles son los papeles o instrumentos financieros que sirvan para establecer a dónde va a el dinero que pasa por ese lugar». «Los perros y la policía pasan al lado de una mesa donde hay papeles de fideicomisos, sociedades, extractos bancarios, y siguen de largo, no se lo llevan», graficó. También, ironizó: «Lo más importante que le han secuestrado a los narcos son los autos, para entregarlos en depósito judicial a los jueces».
Pleé apoyó la idea de una agencia federal única dedicada al crimen organizado, que en su opinión debería haber especialistas en la investigación financiera y el movimiento de los flujos dinerarios. Además, llamó a cambiar la cultura de policías, jueces y fiscales para establecer un sistema que apunte a «atacar el órgano más sensible del ser humano, que es el bolsillo».

 

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