24 octubre, 2020

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Todo preso es político: ¿Cómo funciona el sindicato que avalan los K?

Sindicato-de-Presos-e1416877189619     La polémica se desató este martes 02/12 tras el fallo que estableció la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal hizo a un hábeas corpus colectivo iniciado por la Defensa Pública Oficial y la Procuración Penitenciaria de la Nación, en la que se pidió la equiparación de los derechos laborales de los presos a las condiciones de trabajo libre.

Uno de los pedidos que despertó indignación fue la posibilidad de que los presos cobren un sueldo superior a los jubilados, pero también la posibilidad de que adquieran un aguinaldo.

Sin embargo, esta noticia reveló el dato de que existe el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (S.U.T.P.L.A), que según su descripción: “Hoy es la única representación de los trabajadores alojados en los penales a nivel nacional y único a nivel mundial, defendiendo todos los derechos humanos, jurídicos, sociales y laborales de los compañeros privados de la libertad y sus familias”.

Este sindicato nació en el 2012 en el complejo Penitenciario Federal de C.A.B.A., adoptando este como su casa central, es donde se aloja la comisión directiva nacional, su casa central está en Bermúdez 2651 C.A.B.A.

Desde sus inicios fue ayudado a nivel sindical por la CTA de Hugo Yaski y Gustavo Rollandi; por lo cual se encuentra sindicalmente en la Confederación de Trabajadores Argentinos y su domicilio legal esta en la calle Piedras 1065 de C.A.B.A.

Quiénes son y qué delitos cometieron los jefes del gremio de detenidos

Secretario general: César Rodrigo Díaz. Condenado por robo calificado. Libre.

Secretario adjunto: Roberto Manrique. Procesado por robo calificado y otros. Tiene salidas transitorias.

Secretario de Administración y finanzas: Maximiliano Zeballos.  Perpetua por homicidio agravado por alevosía.

Secretario de Asuntos Jurídicos: Alejandro Gutiérrez. Condenado a 24 años de prisión por robo agravado y tenencia de arma.

Secretario de DD. HH. y Asuntos Penitenciarios. Gastón Brossio. Condenado a 23 años por homicidio en ocasión de robo.

Secretario de Salud y Seguridad: Eric Vilte. Procesado por homicidio en ocasión de robo.

Secretario gremial: Cristian Reyes. Procesado por robo y resistencia a la autoridad.

Secretario de actas: Leonardo Fernández. Procesado por infración a Ley 23.737 (drogas).

Secretario de prensa: Vicente Rago. Purga una condena a siete años de prisión por robo agravado.

Secretario de Acción Social: Gustavo Moreno. Procesado por robo en poblado y en banda, asociación ilícita, abuso de arma y privación ilegítima de la libertad.

Secretario de Organización: Carlos Giménez Guell. Condenado a 11 años de prisión como coautor del delito de robo agravado.

Secretario de deportes: Cristian Lico. Procesado. Delito: robo, resistencia a la autoridad y abuso de arma.

Secretario de extranjería: Jaime García Rivero. Procesado por infracción a la Ley 23.737 (drogas).

Objetivos a Futuro del S.U.T.P.L.A.

•Llegar al Salario Mínimo Vital y Móvil.

•Una vez logrado el MVM, las categorizaciones.

•Pleno empleo en todos los penales de nuestra patria.

•Bancarización de los trabajadores a fin de que las familias puedan disponer de una tarjeta de debito.

•Óptimos servicios de cantina en todos los penales.

•Obra social para que nuestros Familiares cuenten con una Cobertura médica a través de nuestro Trabajo.

•Mutual para que nuestras familias puedan acceder a planes de vivienda, créditos, farmacia sindical, etc.

•Cooperativas para tener una continuidad laboral en libertad y para que nuestras familias tengan trabajo.

Traslado y alojamiento gratuito de las familias de los compañeros privados de la libertad ambulatoria, que estén alojados en distintas cárceles del país.

Con conexiones cercanas al oficialismo, desde este sindicato han participado en diversas manifestaciones de tono kirchnerista, como por ejemplo en apoyo a la Ley de Medios.

Voces a favor y en contra

“Ellos no pueden tener idénticos derechos de los que tenemos nosotros porque ellos eligieron perderlos”, dijo visiblemente molesta por el fallo, Vivian Perrone de Madres del dolor tras conocer el fallo que obliga a pagar a los presos lo mismo que a un trabajado.

Otra dura crítica vino por parte de la filósofa Diana Cohen Agrest, mamá de un estudiante de cine de 26 años asesinado en julio de 2011 en un robo en Caballito. Que advirtió: «En ningún momento se habla de que pactos internacionales se refiere», y subrayó que «el principio de igualdad ante la ley ya ha sido violado por aquel que está preso».

La intelectual recordó que fue la misma Cámara Federal de Casación Penal -que hizo lugar a un recurso de habeas corpus-, la que resolvió que la tenencia de drogas para consumo personal por parte de un preso dentro de una cárcel no es delito, suscripta por los jueces Alejandro Slokar y Angela Ledesma con la disidencia de la camarista Elena Catucci.

Además aseguró que los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (Sutpla), que forma parte de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) que lidera Hugo Yasky, «son prácticamente todos homicidas».

«El preso lo está porque violó la igualdad, que no le corresponde. A ver si pueden seguir hablando de igualdad ante la ley», concluyó Cohen Agrest.

En contraposición, el abogado especialista en sistemas penitenciarios, Leandro Halperín, consideró que los presos que trabajan «tienen los mismos derechos que cualquier otro trabajador». «Si trabajan, corresponde que cobren lo que la ley manda», remarcó.

De todos modos, se quejó que aunque «todos los presos tienen derecho a trabajar, el Estado no lo garantiza». «Hay doble estándar; tenemos leyes del primer mundo, pero en contexto de encierro, no se cumplen. Este fallo trae claridad; la Justicia afirma que el Estado no tiene autorización para violar la ley», afirmó el abogado, en diálogo con TN.

Carta al periodista

El especialista en asuntos penales, Halperín, el pasado 17/10 de 2014 dirigió una dura carta al periodistaJorge Lanata por criticar a Zaffaroni y su postura garantista (la cual comparte plenamente).

Carta a Jorge Lanata

A Jorge Lanata:

Mi nombre es Leandro Halperin y hace más de 20 años que ocupo gran parte de mi tiempo en difundir lo que pasa en nuestras cárceles, defender los derechos de sus prisioneros a no tener otra pena que la pérdida de la libertad y a consolidar la capacitación para el empleo y la educación, especialmente la universitaria en mi caso, como herramientas esenciales para producir oportunidades que pueden integrarnos de manera pacífica e igualitaria como sociedad.

Habitualmente veo su programa, Periodismo Para Todos, y en la emisión del 16 de noviembre realizó comentarios sobre la creación de un Sindicato de Presos que me invitaron a escribirle estas líneas para expresarle mi opinión al respecto.

Como bien informó usted en su programa Periodismo Para Todos, en la emisión del 16 de noviembre, se creó un sindicato para presos –SUTPLA- que defiende los derechos de las personas que están en prisión y por ende también de los detenidos que trabajan en ellas. Esta situación es el emergente de muchos motivos pero tiene dos causas principales, la primera es porque el Estado argentino viola los derechos de las personas privadas de libertad y precisan defenderse de eso y la segunda, es que muchos “defensores de los derechos de todos” tuvieron una mirada complaciente para con el accionar oficial en contextos de encierro durante la última década, algunos silenciaron o aplacaron sus voces, otros las direccionaron hacia donde no irritaran al gobierno nacional; lo cierto es que dejaron espacios vacíos que otros vinieron a llenar.

En las cárceles hay empleo, poco y malo, en los últimos años hay un poco más que antes. Las condiciones en las que desarrollan su tarea esos trabajadores, porque eso es lo que también son, en las mas de las veces son vejatorias de las leyes que lo regulan y no hay justificativo para tolerar ese abuso ni ningún otro; tampoco para que no les paguen por la tarea que desempeñan. No ganan dinero por estar presos, lo hacen por trabajar, es lo que corresponde.

Se que conoce la realidad de las cárceles argentinas. Sabe que la cárcel hace daño a los que aloja, y que también daña a la sociedad que dice proteger. Reproduce las conductas que sanciona y convierte al Estado en delincuente.

En reiteradas ocasiones difundió lo que pasa tras los muros de la prisión. Allí ocurren a diario violaciones a los Derechos Humanos a cargo de funcionarios que representan al Estado argentinos, en espacios donde los derechos se transforman en privilegios a los que para acceder hay que aceptar las reglas de la cárcel, reglas que buscan la caída en el abismo de lo inevitable; condicionan negativas identidades y buscan provocar la eterna reincidencia.

Pocas cosas se pueden hacer mas importantes, también en nombre de la seguridad, que reducir el daño que provoca el sistema penitenciario; y no hay dudas que entre esas pocas están asegurar la posibilidad de acceder al empleo y a la educación. La misma posibilidad que el Estado no le dio a la mayoría de los habitantes de sus prisiones, el 91% no terminó el secundario y un 36% ni siquiera el primario; el 39% estaba desocupado y el 44% no tenía oficio ni profesión cuando fue detenido.

En Argentina no hay cárcel para siempre, y aunque algunos no la sobreviven a causa de la delincuencia estatal, la mayoría en algún momento recupera su libertad. Es de esperar entonces, que la vuelta al medio libre no sea conflictiva para el liberado, su familia, ni tampoco para la sociedad. Para lograrlo no hay muchos caminos, recibimos lo que damos como sociedad. Así como los trata el Estado en prisión, nos tratan algunos de ellos a nosotros cuando recuperan su libertad.

Podemos interrumpir ese perverso espiral negativo si aseguramos la plena vigencia de la ley también donde se alojan los sancionados por infringirla. Caso contrario, el presente, por más malo que nos parezca, será mejor que el futuro.

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