Puede que el Fondo Monetario Internacional (FMI) tenga mala fama entre muchos latinoamericanos por las políticas de ajuste que suele recomendar. Puede que tampoco haya mejorado su imagen el hecho de que tres de sus últimos cuatro directores gerentes enfrenten causas judiciales por presunta corrupción en sus respectivos países, desde la actual jefa, Christine Lagarde, hasta sus antecesores Dominique Strauss-Khan y Rodrigo Rato. Sin embargo, el FMI de Lagarde busca renovar su reputación y agenda con conferencias regionales como la que este sábado finalizó en Santiago de Chile y en la que se debatió sobre el desafío de cómo mantener y ampliar la reducción de la pobreza y la desigualdad en tiempos de fuerte desaceleración económica latinoamericana.
En la reunión del FMI, en la que expusieron ministros de Hacienda y gobernadores de bancos centrales de Brasil, México, Argentina, Colombia, Perú y Chile, el 55% del público asistente a una mesa redonda sobre desigualdad de ingreso y avances sociales advirtió de que el actual parón latinoamericano, con caída de los precios de las materias primas y financiamiento externo más estrecho, puede poner en riesgo las mejoras en redistribución del ingreso del decenio 2003-2013. La reciente reducción de la inequidad en la región aún más injusta del planeta rompió una tendencia histórica y además se diferenció del empeoramiento de esta variable en el resto del mundo. Por fortuna, como señaló en el panel la directora ejecutiva de la ONG Oxfam, Winnie Byanyima, el 65% de los encuestados en el encuentro del FMI considera que un reparto más equitativo del ingreso no atenta contra el crecimiento, tesis que todavía es sostenida por el restante 35%. En línea con la teoría del economista francés Thomas Piketty, la ugandesa Byanyima sostuvo que una mayor igualdad contribuye al crecimiento a largo plazo.
Expertos de ONG, gobiernos, universidades y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aportaron sus recomendaciones para seguir reduciendo la pobreza y la desigualdad, con medidas como la mejora de la calidad educativa, el aumento de productividad, la formalización laboral y de las empresas y una recaudación tributaria mayor y más justa. Byanmiya recomendó centrarse en la educación, la sanidad, las pensiones y un sistema impositivo más equitativo. Recordó el bajo nivel de recaudación tributario latinoamericano en relación con los países desarrollados, el excesivo peso del IVA como porcentaje total de la recolección de gravámenes y el elevado fraude en países donde existen “grandes oportunidad de evadir, como México”. Reclamó además un acuerdo internacional contra los paraísos fiscales y recordó que allí se alojan cuantiosos fondos de brasileños, mexicanos, argentinos y venezolanos.
La líder de Oxfam también sugirió que se elevara el apoyo a los pequeños agricultores, aquellos que ni antes ni ahora se han beneficiado de los precios de las materias primas de exportación porque se dedican a la producción familiar. Y añadió que, para elevar la participación en el mercado laboral, las mujeres necesitan parvularios y transporte público.
Ricardo Paes de Barros, asesor de la Presidencia de Brasil, concentró su discurso en la productividad. Opinó que su país cuenta con unos 150 programas para aumentarla, pero sigue estable y es hora de apuntalar aquellos que han sido más efectivos. También abogó por reducir las desigualdades de productividad en un país que produce al mismo tiempo aviones y servicios de bajo valor añadido, y advirtió de que el 10% más pobre de la población permanece desconectado del motor económico del país y depende de las subvenciones.
La matrícula de estudiantes universitarios se ha triplicado en este siglo en Latinoamérica, destacó presidente de la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN), Alejandro Foxley, pero de inmediato alertó: “Hay psicólogos e ingenieros comerciales atendiendo las cajas de supermercados y eso tiene que ver con la capacidad de la economía para aumentar la productividad”. La mejora de la calidad educativa fue planteada por el exministro de Hacienda y Relaciones Exteriores chileno.
Foxley añadió que deben mejorarse las condiciones de acceso al empleo de jóvenes y mujeres pobres, a quienes una mayor inversión en las escuelas y universidades no alcanzaría. El mexicano Santiago Levy, uno de los vicepresidentes del BID, opinó que esas personas necesitan otros mecanismos para elevar su formación. Foxley no dejó de señalar las posibles tensiones de intereses entre una clase media emergente y con creciente poder político que “quiere disfrutar de la vida en el mall (centro comercial)», desendeudarse y acceder a educación superior de calidad y gratuita con los que aún permanecen en la pobreza en tiempos que los presupuestos se acotan.
«Nuestro sistema económico ha vinculado el acceso a bienes sociales, como educación, salud y justicia, a la capacidad de pago», advirtió el director ejecutivo de la ONG Techo, el chileno Juan Cristóbal Beytia. «Esa estructura va a seguir perpetuando la desigualdad si no la cambiamos de alguna manera», añadió Beytia. “Cuando hay mercados sin suficiente competencia y sin suficiente regulación, la gente se siente abusada”, lamentó Foxley.
El hecho de que el 55% de los trabajadores latinoamericanos se desempeñe en la informalidad y el alto índice de empresas en la economía sumergida también colabora con la desigualdad, advirtió Levy, del BID. Pero Paes de Barros le aclaró que en Brasil subió la formalidad laboral, pero no la productividad.
El vicepresidente del BID planteó dudas sobre si las subvenciones a los pobres desalientan el trabajo o el empleo informal o si la universalización de las pensiones desalientan las contribuciones a la Seguridad Social. “No desmantelemos lo que está, pero fomentemos el ahorro, el trabajo y la formalidad”, reclamó Levy. En cambio, Nora Lustig, profesora de economía latinoamericana de la universidad norteamericana de Tulane, destacó que estos subsidios han supuesto una inversión en el “desarrollo humano” dado que están condicionados a la asistencia de los hijos a la escuela y a controles sanitarios y además han “generado pequeñas economías muy pobres pero con efectos positivos”. De hecho, lejos del hotel Sheraton donde se reunía el FMI, en las poblaciones chilenas y en otros barrios de chabolas esos ingresos han posibilitado el pequeño comercio de bienes y servicios en personas que necesitan ingresos adicionales para complementar esas ayudas y sobrevivir. En tiempos de presupuestos ajustados, Lustig pidió evitar recortes de programas sociales que cuestan poco e impactan mucho.