Integrantes de la Defensoría Pública de la ciudad bonaerense de San Nicolás presentaron un «hábeas corpus colectivo» para que se les permita a los presos de la Unidad Penal 3 el uso de teléfonos celulares para comunicarse con sus parientes y así «mantener y fortalecer los lazos familiares y sociales».
La acción judicial responde al «agravamiento de sus condiciones de detención, estando afectado el derecho de comunicarse periódica y asiduamente con su familia mediante vía telefónica en razón de la insuficiencia de medios disponibles y prohibición de uso de aparatos celulares».
El hábeas corpus fue firmado por María Celina Berterame, Defensora de Ejecución Penal Departamental; Pablo Andrés Vacani, Defensor Oficial de San Pedro; Florencia Barrera, secretaria de Ejecución Penal departamental; Joaquín Castro, secretario de la Defensoría, y Patricio Porta, auxiliar letrado del Área de Ejecución Penal.
«Una persona tiene que estar presa en condiciones dignas. La dignidad también es que puedan comunicarse con sus familiares«, argumentó Berterame en diálogo con Luis Novaresioen radio La Red.
De acuerdo a la mirada de la funcionaria, cuando una persona está privada de su libertad tiene muchos derechos restringidos. Y en caso de que no se habilite el acceso a teléfonos celulares se compromete «el derecho a la comunicación» y «el derecho a la libertad».
La condición en las cuales se encuentran alojados los presos fue uno de los grandes temas de debate en el segundo semestre de 2014. Un fallo reciente de la Cámara de Casación Penal ordenó que se equiparen los derechos laborales de las personas privadas de la libertad con los del resto de la sociedad. Esto incluye la posibilidad de que los detenidos gocen de aguinaldo y vacaciones, por ejemplo.
Conocidos los alcances de esta sentencia, fueron varios los detenidos que comenzaron a elevar exigencias al Servicio Penitenciario Federal. Por ejemplo, el sindicalista José Pedraza y el valijero Leonardo Fariña pidieron un trabajo para comenzar a percibir un salario en la cárcel.
La Defensoría de San Nicolás fue más allá y propone ahora no sólo que los presidiarios tengan acceso a teléfonos celulares sino también que no se sancione a quienes compran equipos en forma clandestina. «Pedimos que deje de sancionarse a los internos por este tipo de faltas porque la ley de ejecución penal no prevé que sea algo grave», analizó.
Consultada sobre los secuestros virtuales que se inician desde prisión y por las comunicaciones que involucran a bandas de narcotraficantes, la especialista dijo que no hay ningún antecedente en el Ministerio Público Fiscal que esté vinculado con este tipo de denuncias. «Preguntamos cuántas investigaciones se habían iniciado y nos dijeron que ninguna», sentenció.
La acción fue presentada ante la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Nicolás y reivindica «el derecho a la comunicación, en forma accesible, asidua y regular con familiares y allegados, como un derecho fundamental de las personas privadas de libertad». Los defensores oficiales consideran «el uso del teléfono celular un medio idóneo y más accesible para posibilitar dicho derecho».
fuente INFOBAE
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