El camino judicial para esclarecer el secuestro y desaparición hace más de tres meses de los estudiantes de magisterio en Guerrero, estado del sur de México, sigue su curso. María de los Ángeles Pineda, considerada junto a su esposo, el exalcalde de Iguala, autora intelectual del crimen, ha sido este lunes imputada de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y enviada a la prisión federal de Nayarit, estado del oeste de México.
Tras huir de Iguala, la ciudad donde fueron secuestrados los normalistas, la pareja fue capturada por la policía a principios del mes de noviembre en una destartalada vivienda del popular distrito de Iztapalapa, en la capital del país. La versión oficial de la Fiscalíaes que los estudiantes fueron víctimas de la acción concertada del narco y la policía municipal, que siguiendo las órdenes del exregidor y su esposa atacaron a balazos a los estudiantes, los secuestraron y los entregaron al cartel local, Guerreros Unidos.
La vinculación de Pineda con este grupo criminal ha sido una de las hipótesis que ha resonando con más fuerza durante la investigación, que se ha cobrado por ahora más de 70 detenciones, y que finalmente ha sido confirmada ahora por un juez. La acusación formal contra el exalcalde de Iguala llegó antes. José Luis Abarca se encuentra en prisión desde mediados de noviembre y afronta los cargos de secuestro, delincuencia organizada y homicidio.
Tras la detención de la pareja, la Fiscalía solicitó la prisión provisional para Pineda mientras avanzaba en la investigación de los hechos y buscaba pruebas sólidas en que basar la acusación sobre ella. Pasados los 40 días de la medida cautelar, conocida en México comoarraigo, la Fiscalía no había construido aún el andamiaje legal suficiente como para llevar a Pineda ante un juez, lo que levantó una nube de suspicacias en el país. Uno de los efectos del suceso de los 43 normalistas sobre la sociedad mexicana ha sido una considerable reducción de la tolerancia ante la impunidad.
El Fiscal General, Jesús Murillo Karam, aseguró entonces que no había posibilidades de que Pineda Villa fuera puesta en libertad, porque existían elementos en su contra. La investigación ha necesitado en todo caso de un segundo periodo de gracia que venció el pasado domingo.
Las declaraciones del líder del cartel de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, uno de los detenidos, han sido claves en el avance de la investigación. Reveló a las autoridades que la pareja formaba parte de la cúpula local de la organización y que en este entramado la esposa ocupaba un papel central. Hija de una operaria del capo Arturo Beltrán Leyva y hermana de los dos narcos que crearon el embrión de Guerreros Unidos, Pineda Villa manejaba los hilos financieros del cartel en Iguala.
Entres su planes estaba incluso presentarse a la alcaldía en las elecciones de 2015. De hecho, la noche de la desaparición de los normalistas, la pareja había organizado el acto que debía servirle de pistoletazo de salida en su carrera electoral. Fue entonces cuando los estudiantes, percibidos como una amenaza por el poder político-criminal, llegaron a la ciudad. La orden a la policía municipal y a los sicarios del cartel fue que les quitaran de en medio.
Los peritos tan solo han identificado por ahora entre los restos encontrados a uno de los 43 detenidos, Alexander Mora Venancio, de 19 años. El trabajo de identificación de los cuerpos puede prologarse aún varios meses. Dado el grado de descomposición de las pruebas halladas, las autoridades mexicanas han remitido los restos a un laboratorio de Innsbruck, en Austria, especializado en pruebas forenses de ADN.
fuente EL PAÍS
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