Mientras Petrobras busca un nuevo presidente y una nueva dirección, la Policía Federal brasileña lanzó en la madrugada del jueves la novena fase de la Operación Lava Jato, que ha desmantelado una gigantesca red de corrupción en el corazón de la empresa pública. Las medidas incluyen una orden para interrogar al tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari Neto, sospechoso desde hace meses de participar en el esquema descubierto. Doscientos policías federales y 25 agentes fiscales cumplieron a lo largo de la mañana 62 órdenes judiciales: una detención preventiva, tres temporales, 40 de busca y captura (con allanamientos) y 18 de demora coercitiva (traslado obligatorio de los acusados a una comisaría para tomarles declaración) en los estados de São Paulo, Río de Janeiro, Bahía y Santa Catarina.
No han sido divulgados más nombres de sospechosos, que serán conocidos a medida que haya denuncias formales. El objetivo fundamental de la operación, según anunciaron los agentes y la Fiscalía, es “reunir pruebas” que confirmen o no acusaciones y revelaciones surgidas del análisis de documentos y contratos aprehendidos desde el estallido del caso, en marzo de 2014, y muy señaladamente de las informaciones proporcionadas por el exgerente ejecutivo de Servicios de Petrobras Pedro Barusco. Barusco, que alcanzó un acuerdo de delación premiada en noviembre, confesó haber recibido desde la década de 1990 sobornos por valor de casi 100 millones de dólares, que devolverá a la Justicia. Sus testimonios aportaron nombres de nuevos operadores que hacían llegar los pagos ilegales específicamente a funcionarios de Petrobras. Los implicados podrían afrontar cargos por fraude, corrupción activa, lavado de dinero y organización criminal.
En esta nueva fase se investiga a 26 nuevas empresas, mayoritariamente “fachada” (según informaciones policiales). El operativo ha sido bautizado como My Way, en alusión a la canción popularizada por Frank Sinatra, que es el término utilizado por el propio Barusco para referirse a otro de los protagonistas de esta trama: su antiguo jefe, el exdirector de Servicios Renato Duque, excarcelado en diciembre. Según el diario Estado de Sao Paulo Duque no figura, sin embargo, entre los interrogados; el procurador general de la República, Rodrigo Janot, pidió la semana pasada la revocación de su hábeas corpus ante el riesgo de fuga. En informes internos de Petrobras, Barusco y Duque son responsabilizados por diversas irregularidades en obras, como el incremento bestial de los costes de la Refinería de Abreu y Lima, en Pernambuco, cuyo presupuesto se multiplicó por ocho y nutrió numerosas cuentas privadas ilegalmente. Poco se sabe hasta ahora sobre los interrogatorios y el futuro de las personas procuradas, aunque sí trascendió que el tesorero del PT rehusó abrir la puerta de su casa en São Paulo y la policía tuvo que trepar los muros del inmueble.
A fecha de hoy siguen encarceladas 11 de los 21 empresarios detenidos el pasado 14 de noviembre, otra de las fechas clave del caso. La policía sostiene que algunas de las mayores constructoras del país habían formado un ‘club’ que aparentemente se repartía los contratos de la petrolera (por valor de 22.000 millones de dólares) y pactaba incluso los sobornos. Les acompaña ahora el exdirector internacional de Petrobras Néstor Cerveró, detenido el 13 de enero. La Justicia ha procesado ya a 39 personas por lavado de dinero, corrupción y formación de organización criminal. De los contratos millonarios se desviaba sistemáticamente un porcentaje mínimo del 3% para empresarios y políticos, mediante una red de empresas falsas. Al menos siete partidos (entre ellos el PT, PDMB y PP) están afectados por las investigaciones. La policía calcula que la cantidad total desviada entre 2004 e 2012 alcanza los 4.000 millones de dólares: el mayor escándalo de corrupción de la democracia brasileña.
fuente EL PAÍS