Cuando un escándalo ataca frontalmente a un Jefe de Estado en un país presidencialista como el de Chile, donde Michelle Bachelet gozaba incluso de una autoridad mayor a la de sus antecesores, el Gobierno entra en una crisis política profunda y en un inmovilismo que, según lo visto en las últimas semanas, La Moneda no consigue superar. Desde que a comienzos de febrero la prensa hizo públicos los millonarios negocios de especulación inmobiliaria vinculados al primogénito de la mandataria, Sebastián Dávalos, el Ejecutivo chileno parece haber perdido el control de la agenda pública apenas un año después de haber asumido el poder. Sobre todo, porque es el liderazgo de Bachelet y el relato de su segundo período, la lucha contra la desigualdad, lo que se ha visto dañado con esta trama que ha explotado en el anillo más íntimo de la presidenta.
La Fiscalía investiga los delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada en los negocios que llevaron adelante el hijo y la nuera de la presidenta, Natalia Compagnon, en medio de la campaña presidencial de 2013. Con ese objetivo, el pasado 6 de marzo el fiscal Luis Toledo, acompañado de carabineros, llegó hasta la casa de la pareja en la comuna de la Reina, en el oriente de Santiago, para incautar ordenadores y documentos. Paralelamente, hicieron diligencias en el Palacio de La Moneda, donde el Gobierno tuvo que entregar el móvil y el ordenador que el hijo de la presidenta tenía como Director Sociocultural, el cargo al que tuvo que renunciar cuando estalló el escándalo. En las últimas semanas, las esquirlas de esta trama marcan la mayoría de las actividades públicas y privadas de Bachelet, golpeada política y humanamente con el caso. De acuerdo a la encuesta de Adimark, su popularidad ha bajado hasta un 39%.
La sociedad Caval, de propiedad en un 50% de Compagnon y en la que el hijo de Bachelet se desempeñaba como gerente de proyectos en 2013, buscaba comprar terrenos a unos 100 kilómetros al sur de Santiago que se revalorizarían con el cambio de uso de suelo, una decisión que depende del Gobierno. La empresa necesitaba un préstamo de 10 millones de dólares, pero ninguna institución financiera se los concedía. Hasta que Dávalos y Compagnon lograron ser recibidos por uno de los empresarios más ricos y poderosos del país, Andrónico Luksic, vicepresidente del Banco de Chile. El lunes 16 de diciembre de 2013, apenas 24 horas después del triunfo de Bachelet, el banco les informó de que se había aprobado el préstamo.
Cuando a comienzos de febrero la prensa desveló estos negocios, La Moneda y la propia presidenta, que se encontraba de vacaciones junto a su hijo y a su nuera en el sur de Chile, tuvieron problemas serios para afrontar el escándalo. En un comienzo, el Gobierno justificó los negocios y señaló que se trataba de asuntos privados, lo que se hizo insostenible con el paso de las horas. Según analistas políticos de todos los sectores, la jefa de Estado falló sobre todo por apostar por sus obligaciones como madre y no por su deber al mando del Gobierno. Su hijo tardó una semana en presentar la renuncia a su cargo en La Moneda, Bachelet se refirió por primera vez al asunto 17 días después sin hacer hasta ahora una condena explícita y directa y, considerando el poder que tiene en Chile un presidente, no hizo gestiones para rescindir el contrato de compraventa de Caval. Justamente en medio de la explosión del caso, la empresa de su nuera terminó por sellar el negocio, con ganancias de unos 3,8 millones de dólares para la compañía.
El liderazgo de Bachelet ha estado basado históricamente en sus propias cualidades personales y políticas, que sobrepasaban por mucho el poder de los partidos de centroizquierda que la apoyan, desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista. No es un misterio que si no hubiese sido por la socialista, la coalición Nueva Mayoría habría tenido serias dificultades en haber regresado al poder en 2014 después de haberlo perdido en las elecciones de 2010. La fuerza de Bachelet se sustentaba en buena medida por su historia y su estilo ciudadano de hacer política, alejada de los partidos, como defendieron siempre sus asesores. El poder lo tenía la presidenta y no los dirigentes del conglomerado, que con el escándalo de Caval pretenden recuperar el espacio que alguna vez tuvieron en Chile. La semana pasada, pocas horas después de que Bachelet presentara un consejo para que regule la relación de política y dinero, los parlamentarios y los partidos de su bloque anunciaron la creación de un equipo paralelo.
La principal incógnita, hasta ahora, no es el daño que el caso Caval produjo a Bachelet, sino si este daño es o no reversible. Mientras tanto, el camino judicial de la trama sigue avanzando. La empresa que compró los terrenos de la polémica demandó a Caval por estafa, la Fiscalía incautó los cheques con que se habían realizado por pagos a la sociedad de la nuera de Bachelet, y la prensa sigue desvelando antecedentes sobre nuevos capítulos del controvertido negocio.
fuente EL PAÍS