El presidente venezolano, Nicolás Maduro, calificó al expresidente español, Felipe González, como «un lobbista» que se habría incorporado a la dirección de lo que Maduro llamó «el eje Madrid-Bogotá» que conspira contra la revolución bolivariana.
Las palabras del mandatario venezolano se registraron durante la emisión del programa En contacto con Maduro que todos los martes por la noche se transmite por radio y televisión. Sus referencias al expresidente de Gobierno español se producen dos días después de que se conociera que González se apresta a participar en la defensa de Leopoldo López y Antonio Ledezma, dos líderes opositores venezolanos encarcelados en la prisión militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas.
Dijo Maduro que González «fue echado por Chávez de Miraflores», en alusión al palacio que sirve de sede a la presidencia de la República en Venezuela. De acuerdo a Maduro, «en 2005 o 2006» el expresidente español y líder socialista se habría reunido con el entonces presidente Hugo Chávez «para proponer que vendiera la Cantv a una empresa telefónica que González representaba». Cantv es la principal compañía de telecomunicaciones de Venezuela, propiedad de la estadounidense Verizon hasta que en 2006 Chávez la nacionalizó.
En su intervención, plagada de denuncias sobre una campaña mediática que se estaría desarrollando contra su Gobierno, Maduro identificó dos «ejes» desde los que se impulsaría la confrontación contra Caracas: el Bogotá-Miami, a cargo —siempre según Maduro— del asesor político venezolano Juan José Rendón, y el Madrid-Bogotá, ahora bajo la conducción de González. «Por un buen sueldo en euros se sumó a la campaña en favor de los golpistas», dijo el sucesor de Chávez en la presidencia de Venezuela, quien, para dar verosimilitud a su versión, recordó que al expresidente español se le concedió en 2014 la ciudadanía colombiana.
Maduro dedicó buena parte de su programa a difundir los alcances de la campaña de recolección de firmas que su Gobierno adelanta en Venezuela para solicitar a Barack Obama la derogación de la Orden Ejecutiva firmada por el presidente estadounidense el 9 de marzo y en la que impone sanciones de congelación de bienes a siete funcionarios venezolanos que, según el Ejecutivo norteamericano, incurrieron en ataques a los derechos humanos para sofocar las protestas opositoras del primer semestre de 2014.
fuente EL PAÍS