La pena de muerte es la forma más extrema de tortura

ejecutores mundialesExisten vínculos claros entre la pena de muerte y la tortura, y algunos aspectos de su aplicación tienen una naturaleza cruel, inhumada y degradante.

La práctica de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes está clara e inequívocamente prohibida por las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Tratados internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la Carta Árabe de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos o la Convención de NNUU contra la tortura, entre otros, prohíben el uso de la tortura, pero sin embrago, no prohíben la aplicación de la pena de muerte.

A pesar de la clara prohibición de la tortura, Amnistía Internacional registra habitualmente casos de personas condenadas a muerte o ejecutadas tras haber sido declaradas culpables sobre la base de “confesiones” obtenidas con tortura. Especialmente preocupante es la tortura bajo custodia, que es práctica generalizada en la mayoría de las regiones del mundo. AI tiene noticia de casos de personas condenadas a muerte en juicios basados parcial o exclusivamente en “confesiones” obtenidas presuntamente con tortura o bajo coacción en países como Arabia Saudí, Bielorrusia, Corea del Norte, China, Irak o Irán. .

Aunque el derecho internacional ofrece una orientación mínima para determinar los parámetros exactos de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, diversos mecanismos regionales y de la ONU han reconocido que algunos aspectos del uso de la pena de muerte constituyen tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, particularmente en relación con las condiciones de reclusión de los condenados a muerte, la angustia de estar condenados, la amenaza constante de ejecución y el secreto que rodea al uso de la pena de muerte, que afecta a los condenados y a sus familias. Diversos tribunales regionales y nacionales han conmutado condenas de muerte tras determinar que los solicitantes habían sido sometidos a tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.
Condiciones de reclusión: Son ejemplos de trato o pena cruel, inhumano o degradante durante la reclusión el confinamiento del detenido en una celda a oscuras, el uso de esposas para inmovilizarlo y la negación de lo indispensable para satisfacer sus necesidades básicas.

La angustia de estar esperando a ser ejecutado ha sido calificada en ciertas circunstancias de pena cruel, inhumana y degradante. Numerosos tribunales y órganos internacionales y regionales, así como varios tribunales nacionales, han determinado que la duración de la reclusión de los condenados a muerte puede constituir trato cruel, inhumano o degradante, a la vez que han reconocido el derecho del condenado a muerte a hacer él máximo uso posible del proceso judicial disponible.

La pena de muerte y el secreto en torno a ella: No comunicar al condenado a muerte ni a su familia la fecha de la ejecución o no permitir una última visita o comunicación con el condenado, el secreto en torno a la ejecución real y la negativa a entregar el cadáver a la familia para su enterramiento o a indicar dónde se encuentra pueden constituir formas de trato cruel, inhumano o degradante para la familia.

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Activistas de Amnistía Internacional piden la abolición de la pena de muerte contra menores. © AI

Ejecución de menores

La pena capital contra menores está prohibida en el derecho internacional pero todavía un reducido grupo de países la mantiene. Cuando se habla de menores, se entiende menores de 18 años en el momento de cometer presuntamente el delito. La ejecución de estas personas constituye una vulneración del derecho internacional. La edad real de la persona acusada es a menudo objeto de polémica si no existen pruebas claras que la confirmen, como un certificado de inscripción del nacimiento.

En los casos en que la edad es motivo de controversia, los gobiernos deben aplicar toda una serie de criterios adecuados. La buena práctica en la determinación de la edad incluye basarse en el conocimiento del desarrollo físico, psicológico y social. Cada uno de estos criterios debe aplicarse de manera que se conceda el beneficio de la duda en los casos controvertidos para tratar así al sujeto como menor y, por consiguiente, debe garantizar que no se aplica la pena de muerte. Tal enfoque se atiene al principio del interés superior del niño en tanto que consideración primordial a que se atenderá en todas las medidas concernientes a menores, como dispone el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Durante el año 2014, al menos 14 personas fueron ejecutadas en Irán por delitos presuntamente cometidos cuando eran menores de 18 años, si bien en años anteriores, como 2013, Yemen o Arabia Saudí ejecutaron a niños niños.

Egipto, Irán y Sri Lanka condenaron a muerte en 2014 a personas que eran menores de 18 años cuando se cometieron los delitos por los que fueron sentenciadas. Además, es especialmente preocupante que en Arabia Saudí, Irán, Maldivas, Nigeria, Pakistán, Sri Lanka y Yemen hubiera en 2014 personas condenadas a muerte por delitos presuntamente cometidos cuando eran menores de edad.

datos pena de muerteDatos y cifras : La pena de muerte en 2014

En 2014, al menos 607 personas fueron ejecutadas en 22 países. Esto refleja una reducción de casi el 22 por ciento respecto a 2013, cuando Amnistía Internacional registró al menos 778 ejecuciones en 22 países de todo el mundo.

La mayoría de las ejecuciones tuvieron lugar en China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Estados Unidos, por este orden.

China ejecutó a más personas que el resto de los países del mundo juntos, aunque se desconoce la verdadera magnitud del uso de la pena de muerte en el país, pues los datos al respecto se consideran secreto de Estado; en la cifra de 607 no están incluidas las ejecuciones llevadas a cabo en China.

Durante 2014, sólo se tuvo constancia de que 22 países –aproximadamente uno de cada 10 de los países del mundo– llevaran a cabo ejecuciones, la misma cifra que en 2013. Esta cifra se ha reducido casi a la mitad respecto a hace 20 años (en 1995 se llevaron a cabo ejecuciones en 41 países).

Un total de 140 países de todo el mundo –más de dos terceras partes– son abolicionistas en la ley o en la práctica.

En 2014 se registraron indultos o conmutaciones de condenas a muerte en 28 países. Al menos 112 personas que habían sido condenadas a muerte fueron exoneradas en nueve países en 2014.

En 2014 se registraron al menos 2.466 condenas a muerte en 55 países, un fuerte incremento respecto a 2013 (cuando hubo al menos 1.925 condenas a muerte en 57 países).

Este incremento se debió principalmente a la situación en Egipto (al menos 109 condenas a muerte en 2013; al menos 509 en 2014) y Nigeria (al menos 141 condenas a muerte en 2013; al menos 659 en 2014).

A finales de 2014 había al menos 19.094 personas condenadas a muerte.

Aunque siete países que habían llevado a cabo ejecuciones en 2013 no lo hicieron en 2014 (Bangladesh, Botsuana, Indonesia, India, Kuwait, Nigeria y Sudán del Sur), otros siete las reanudaron después de un paréntesis: Bielorrusia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Guinea Ecuatorial, Jordania, Pakistán y Singapur.

En todo el mundo se utilizaron los siguientes métodos de ejecución: decapitación, ahorcamiento, inyección letal y arma de fuego.

Los informes señalaban que en Irán se ejecutó al menos a 14 personas que eran menores de 18 años en el momento del delito, lo cual es contrario al derecho internacional.

En muchos países donde hubo condenas a muerte o ejecuciones, los procedimientos judiciales no cumplían las normas internacionales sobre juicios justos. En algunos casos, tal incumplimiento supuso la obtención de “confesiones” mediante tortura u otros malos tratos, por ejemplo en Afganistán, Arabia Saudí, Bahréin, China, Corea del Norte, Irak e Irán.

Se siguió condenando a muerte y ejecutando a personas por actos que no cumplían el criterio de «los más graves delitos» (es decir, delitos de «homicidio intencional»), conforme se establece en las normas internacionales. Entre tales actos figuraban delitos de drogas en al menos 10 países de Asia y Oriente Medio, así como el «adulterio» durante el matrimonio (Emiratos Árabes Unidos), la «blasfemia» (Pakistán), delitos económicos (China, Corea del Norte, Vietnam), diversos delitos relacionados con la violación (Afganistán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, India, Irán), y la «brujería» y «hechicería» (Arabia Saudí).

En diciembre, 117 países –más que nunca– votaron a favor de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre una moratoria del uso de la pena de muerte.

 fuente AMNISTÍA INTERNACIONAL

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