gils-carboEl diputado Pablo Tonelli, uno de los líderes de los diputados de Pro, afirmó hoy que es una «decisión tomada» del futuro gobierno relevar de su cargo a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, mediante un decreto presidencial.

Una estrategia similar se seguiría para los casos de otros funcionarios kirchneristas, como el presidente de la Afsca, Martín Sabbatella; el director de Radio y Televisión Argentina, Tristán Bauer, y, de ser necesario, el titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, aunque en su caso la negociación para su paso al costado estaría avanzada .

Aunque Tonelli no lo diga abiertamente, LA NACION pudo averiguar con varias fuentes que esas decisiones estarán entre las primeras medidas de gobierno y se tomarán apenas asuma Mauricio Macri.

Para el caso de Gils Carbó se afianza en Cambiemos la idea de avanzar con un decreto de necesidad y urgencia (DNU). La suya es la situación más complicada entre los funcionarios del actual gobierno dispuestos a permanecer en sus cargos. Todo indica, según dejan trascender distintos operadores políticos, y también en Tribunales, que la funcionaria quedaría expuesta en pocos días más a dos frentes bien distintos: por un lado, se le podría complicar el horizonte judicial en Comodoro Py y, por el otro, Cambiemos prepara un decreto de necesidad y urgencia para removerla de su cargo.
La funcionaria intuye lo peor y, por eso, en los últimos días envió a varios emisarios para intentar un acercamiento con funcionarios del futuro gobierno. Pero la decisión de removerla de su cargo, afirman en Cambiemos, está tomada.

En todo el mundillo judicial saben que Gils Carbó está en la mira. Por eso, no hay que descartar que el jueves, cuando el futuro ministro de Justicia, Germán Garavano, visite al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, ese sea uno de los temas de la conversación. El otro seria el fuerte impacto que tendrá en las cuentas del presupuesto el fallo sobre el reparto de la coparticipación que días atrás dictó la Corte en favor de las provincias de Córdoba, San Luis y Santa Fe, y cuyos beneficios ayer extendió la Presidenta a todas las provincias.

Por un lado, varios de los jueces federales que nunca comulgaron con el kirchnerismo comenzaron a exhumar numerosas causas que comprometen a la procuradora. «Tiene más de veinte expedientes abiertos y al menos cuatro o cinco son denuncias serias y graves», coincidieron en señalar un juez y un fiscal federal. Algunos sumarios están en el juzgado de Claudio Bonadio, el juez federal más temido por el kirchnerismo.

El otro camino para remover a Gils Carbó, como se dijo, es mucho más directo: un DNU.

Según confiaron varias fuentes, será una norma muy extensa, que modificará la nueva ley de Ministerio Público, número 27.148. En efecto, esa norma recortará las atribuciones de la jefa de los fiscales y modificará la implementación del nuevo Código Procesal Penal -se demorará su entrada en vigencia-. El DNU será muy amplio, pero en lo esencial apuntará a reformar dos artículos clave de aquella ley: el 11 y el 62.

Estas dos normas son las que establecen que ela titular de la Procuración General es nombrado por el Presidente con acuerdo de los dos tercios de los senadores y conserva su cargo mientras dure su buena conducta. Según esa ley, la procuradora sólo podría ser removida con un juicio político en el que intervengan Diputados y el Senado, un camino que hoy tendría un final imprevisible.

Según entienden en Cambiemos, la Constitución nacional establece taxativamente quiénes son los funcionarios que tienen el privilegio del juicio político: el Presidente, el vice, el jefe de Gabinete, los ministros y los jueces que integran la Corte Suprema.

Entonces -explican- es inconstitucional reconocerle ese privilegio a otro funcionario. En otras palabras, Gils Carbó puede ser removida por el Senado o mediante un DNU que haga esa interpretación y que, además, por las dudas, limite la permanencia en el cargo a cuatro o cinco años.

Gils Carbó ocupa uno de los lugares más sensibles entre los que Cambiemos busca ocupar con funcionarios designados por el nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre. En esa lista también figura Vanoli, para cuya remoción también se analizan al menos un par de vías en caso de frustrarse el acuerdo alcanzado para que el actual titular del Banco Central dé, voluntariamente, un paso al costado. Una pasa por el Congreso, a través de las comisiones de Presupuesto y de Economía de cada Cámara. Y la otra consistitiría en un DNU para reformar la Carta Orgánica del BCRA y sacarle la estabilidad de que goza.

 

fuente LA NACIÓN

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