120253_agropecuariasLa imagen de los trabajadores de Cresta Roja movilizándose para conservar sus puestos de trabajo es un triste capítulo más en un conflicto que lleva ya dos años. La empresa que supo ser una mina de oro, con tecnología de avanzada, y que controlaba 13% del mercado interno, quebró y tiene un pasivo que supera los $ 2000 millones.

La segunda avícola en importancia de la Argentina, después de Tres Arroyos, fue fundada en 1959 por la familia Rasic, de origen croata, que había arribado al país en busca de mejores oportunidades. Milenko tenía 16 años e Ivo, 19 cuando su padre fundó la empresa que en los años siguientes no pararía de crecer. Desde entonces pasaban casi el día entero trabajando en la planta de Ezeiza. Cuando murió, ellos se hicieron cargo de administrar el negocio. Milenko, de fuerte carácter, fue el encargado de tomar las decisiones más importantes a pesar de ser el menor.

El legado familiar siempre fue muy fuerte. «Para estudiar siempre van a tener tiempo, para trabajar no», les repetía su padre. Milenko no fue a la universidad, pero, obstinado, contrató a un profesor particular de economía. Liberal, así se define, leyó más de una vez La Acción Humana, su libro preferido y la obra por excelencia del economista austríaco Ludwig Von Mises, que sostiene que la economía de mercado es el mejor sistema.
A pesar de sus convicciones, Rasic recibió millones de dólares en subsidios durante la época de Guillermo Moreno como secretario de Comercio Interior, a quien en reuniones privadas suele culpar por la crisis de la empresa.

El gobierno kirchnerista implementó la política de precios máximos a cambio de darle compensaciones al sector, que contaba además con la protección de los derechos de exportación, de 20% al maíz y de 35% a la soja, lo que posibilitaba comprar los granos para alimentar a los pollos a un precio menor que el de los exportadores.

Después de una etapa en la que fluían regularmente, los fondos administrados por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuaria (Oncca) -disuelta en febrero de 2011 en medio de escándalos de corrupción- dejaron de llegar. Según fuentes del sector, que aceptaron hablar sólo en off the record, la deuda por compensaciones alcanzó los 65 millones de dólares. En la negociación, los hermanos Rasic sólo rescataron 15% de ese monto en bonos que aún cobran en pesos.

En 2011, el Gobierno le quitó los subsidios que pagaba para que la empresa ofreciera sus productos en los supermercados a un precio menor al costo. Para entonces faenaba 400.000 pollos diarios y tenía un 30% más de empleados. «Además pagaban sobreprecios, como la plata no era de ellos la derrochaban», sostuvo a LA NACION el secretario general de la Industria de la Carne y sus Derivados del Gran Buenos Aires y Zona Sur de la Provincia De Buenos Aires (Sicgbal), Silvio Etchehun.

La avícola se beneficiaba además de los negocios de los Kirchner con el chavismo. Por cada tonelada de pollo exportada a Venezuela, recibía un subsidio de US$ 650, y le otorgó multimillonarios créditos del Bicentenario. El expediente judicial indica, según los expertos, que en 10 años recibió del Gobierno cerca de $ 26.000 millones. Cuando se dejó de exportar productos a Venezuela fue otro duro golpe.

En 2014 Rasic Hermanos se presentó en concurso de acreedores, tras emitir cheques sin fondos por 43 millones de pesos. La empresa despidió a 400 empleados, pero por una protesta del gremio del Sindicato de la Alimentación, que amenazó con paralizar las plantas, los volvió a contratar.

El conflicto siguió agravándose con el correr del tiempo. La empresa está intervenida por la gobernación bonaerense desde el 11 de septiembre, cuando aún gobernaba Daniel Scioli. Daniel Giurzi, hombre cercano a Aníbal Fernández, fue designado por la Justicia para manejar el rescate financiero de $ 200 millones, de los cuales hasta ahora sólo se giraron $ 100 millones. LA NACION se comunicó con el interventor, quien evitó hacer declaraciones sobre el tema.

«Con la poca plata había que hacer equilibrio entre alimentar a los pollos y pagarles a los empleados, hasta que ya no alcanzaba para nada. Reclamamos que el gobierno gire la plata porque entendemos que gran parte del problema es estatal, aunque también hubo malos manejos de los Rasic y, si es como dicen que Moreno les debe plata, fue su problema confiar en él y no es justo que los empleados estemos pagando el costo», dijo el delegado Cristián Villalba, que hace 11 años trabaja en la compañía.

Qué pasará con la empresa es una pregunta que desvela al gobierno de Mauricio Macri.

Para volver a funcionar necesita muchos fondos; sólo los salarios significan unos 80 millones de pesos (con contribuciones incluidas) por mes.

Tras la quiebra, el futuro de Cresta Roja hoy es incierto. Mientras tanto, sus 5000 trabajadores(4000 contratados de manera directa y 1000 de forma indirecta) exigen soluciones y casi a diario protestan cortando la Autopista Riccheri y en la avenida 9 de Julio.

 

fuente LA NACIÓN

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