SENADO2En medio de un clima de tensa calma, ya que la mayoría del personal se encuentra de vacaciones, los gremios estatales con afiliados en el Congreso endurecieron ayer su discurso y anticiparon que acudirán a la Justicia para anular la medida adoptada por la vicepresidenta Gabriela Michetti, que decidió dar de baja a más de 2000 empleados incorporados a la planta permanente del Senado durante 2015, último año de la gestión de Amado Boudou.

«Se han equivocado; si no dan marcha atrás vamos a llevar el tema ante la Justicia, porque esto es ilegal», anunció Martín Roig, secretario general de UPCN Congreso, en diálogo con LA NACIÓN.
De hecho, según pudo saber este diario, al menos dos gremios, UPCN y la Asociación del Personal Legislativo (APL), ya están preparando la presentación de medidas cautelares para detener la ejecución de la decisión. Un dato a tener en cuenta: hasta ayer la nueva administración no había dado la orden de enviar los telegramas a los 2035 despedidos.

Desde su rol de sindicato con la mayor cantidad de afiliados en el Congreso, la conducción de APL les reclamó ayer a las autoridades de la Cámara alta que «dejen sin efecto la desafortunada decisión adoptada» y reclamó la conformación de una comisión, «con la plena participación de los gremios, que se encargue de analizar las supuestas situaciones de anomalía» aducidas por Michetti para justificar su medida.
«Los trabajadores dados de baja por Michetti no tuvieron chance alguna de defenderse, ni siquiera se les dio la oportunidad de un proceso para informar sobre sus funciones», afirmó Norberto Di Próspero, secretario general de APL.

El panorama sindical se completa con el estado de alerta y movilización al que convocó el secretario general de ATE Congreso, Claudio Britos, tal como informó LA NACION.
Por su parte, Michetti ratificó su decisión en declaraciones periodísticas y volvió a justificar la drástica medida en el apuro de evitar que las incorporaciones firmadas por Boudou fueran alcanzadas por la estabilidad laboral que el estatuto del empleado legislativo (ley 24.600) otorga a todos aquellos que tengan, como mínimo, un año de antigüedad en su función.

Sin embargo, ayer en varios despachos de un Senado de pasillos desiertos se analizaba con ojos críticos el decreto firmado por la vicepresidenta, ya que violaría la ley 24.600 y la reglamentación de su artículo 9, el cual establece que los servicios requeridos para la adquisición de la estabilidad «deberán computarse sin distinción de planta en la que se hayan prestado».

En otras palabras, esto implica que mucha gente de planta transitoria ya tendría asegurada su permanencia en el cargo. «Han dejado en la calle gente que tiene más de ocho años de antigüedad, personal de servicio, que no son ñoquis», denunció Roig, de UPCN.

Sin embargo, los tres decretos de Boudou derogados por Michetti también presentan severas irregularidades. Así, por ejemplo, en uno de los anexos de un decreto de noviembre figuran casi dos centenas de personas incorporadas con su número de CUIL, que no tienen número de legajo. Es decir que pasaron de la calle directamente a la planta permanente. Se trata de una anomalía que va, incluso, en contra de la prédica de los gremios de priorizar la incorporación de personal con carrera en el Congreso.

Otro de los puntos críticos de las incorporaciones es el mecanismo utilizado en los decretos.

Al respecto, las nuevas autoridades del Senado quieren determinar si se mantuvieron «abiertos» más allá de la fecha en la que figuran como emitidos, sobre todo dos de enero de 2015, para permitir sumar a gente que ingresó en meses posteriores. Se trata de un mecanismo similar a los «decretos ómnibus» del escandaloso contrabando de armas a Croacia y Ecuador durante el gobierno de Carlos Menem.

Protesta en La Plata

Trabajadores temporarios de la Municipalidad de La Plata protestaron ayer en el edificio comunal al enterarse de que sus contratos no serían renovados. Según los empleados, el intendente Julio Garro prevé cesantear a unas 4500 personas. La protesta forzó la movilización de la Gendarmería.

 

fuente LA NACIÓN

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