ENACOMLas empresas audiovisuales que se hayan adecuado a la ley de medios sancionada en 2009 en cuestiones ahora derogadas por el decreto de necesidad y urgencia 267 dictado por el presidente Mauricio Macri podrán dar marcha atrás. En otras palabras, podrán elegir dejar las cosas como están hoy o retrotraer todo a la situación previa al dictado de aquella ley. Esta decisión beneficiará a la mayoría de las 21 empresas que debieron presentar planes de adecuación, desde el Grupo Clarín -que había propuesto dividirse en seis unidades distintas- hasta los grupos Jenefes, de Jujuy; Ick, de Santiago del Estero, o Aldrey Iglesias, de Mar del Plata, que dividieron sus medios entre familiares o colaboradores cercanos. Lo mismo ocurre con el grupo Manzano-Vila y con Indalo Media, del empresario Cristóbal López. En tanto, Telefé-Telefónica ya no tendrá que desprenderse de canales en el interior del país por superar en cobertura el 35% de la población y la cordobesa Cadena 3 podrá conservar y aumentar su red de emisoras al flexibilizarse la creación de cadenas privadas.

El nuevo Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) quedó formalmente constituido ayer con la publicación en el Boletín Oficial de la designación de los cuatro representantes del Poder Ejecutivo: Miguel de Godoy, flamante presidente; Alejandro Pereyra, Heber Martínez y Agustín Garzón (que el mes próximo será reemplazado por Silvana Giudici, cuando la Legislatura acepte la renuncia a su banca).
Este directorio tuvo ayer su primera reunión, donde fijó un reglamento de funcionamiento y puso en marcha una mesa de transición integrada por funcionarios políticos y de carrera, y por los sindicatos. Esa comisión hará un seguimiento de la fusión de las antiguas autoridades de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic). En lo inmediato, el directorio se concentrará en la unificación de todas las áreas, en el inventario de los expedientes pendientes de resolución y en un listado de juicios, muchos de los cuales -creen en el Gobierno- podrían quedar sin efecto tras la firma del DNU 267.

En cambio, ese mismo decreto generará nuevos planteos judiciales. Por lo pronto, el Gobierno logró que la medida precautelar del juez provincial de La Plata Luis Arias de retrotraer la situación de la Afsca al 29 de diciembre pasado pase al fuero federal e interpuso ante el juez de turno una apelación con efecto suspensivo. Por eso, hasta tanto no haya nuevas decisiones que lo impidan, la administración nacional prevé seguir avanzando en su reforma por decreto de las leyes de medios y telecomunicaciones.
Las fugaces intervenciones en la Afsca y la Aftic despidieron a unos 200 funcionarios políticos de esos organismos, que en conjunto suman unos 3000 empleados. Ayer fue el primer día sin asueto en la Afsca, que reimplantó el control de asistencia mediante huella dactilar. Si se detectan casos de empleados registrados que no asisten, el número de cesanteados podría aumentar. La Afsca y la Aftic tenían en las provincias unas 80 delegaciones, que podrían reducirse a la mitad tras la fusión.

Según fuentes oficiales, lo que no se revisará serán las adjudicaciones de canales de televisión y emisoras de radio que hayan sido otorgadas por la Afsca, dado que «esas adjudicaciones generan derechos objetivos» que no pueden revisarse, según dijo una fuente oficial. No es el caso de la Editorial Perfil, que mediante una medida judicial logró frenar los concursos de los que había sido excluida. Todo indica que esa empresa podría finalmente acceder a frecuencias de TV.
En los últimos días, las cámaras empresarias del sector audiovisual expresaron su satisfacción por el cambio regulatorio. Así lo hicieron mediante distintos comunicados la Asociación de la TV por Cable (ATVC), la Asociación de Telerradiodifusoras Argentinas (ATA) y la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA). En tanto, las empresas telefónicas se llamaron a silencio, aunque informalmente hicieron saber su malestar al Gobierno por la imposibilidad de dar el servicio de TV paga por dos años. También algunos cableoperadores pyme reclaman contra ese plazo, pero en sentido contrario: exigen que sea mayor.

Por otro lado, el Ministerio de Comunicaciones comenzó a analizar cómo se activarán los 35.000 km de fibra óptica que construyó el anterior gobierno y la adjudicación del espectro disponible, temas en los que podría haber novedades en algunas semanas.

 

fuente LA NACIÓN

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