aliciaKRÍO GALLEGOS.- Con las principales rutas provinciales y nacionales cortadas y la amenaza de tener cientos de despedidos, la gobernadora Alicia Kirchner decidió interceder en el conflicto que afronta el empresario de la construcción Lázaro Báez con sus empleados. Se comprometió a gestionar con el gobierno de Mauricio Macri, el pago de las deudas que reclama a Vialidad Nacional el empresario para abonar los sueldos.
Desde el lunes que las rutas de Santa Cruz se convirtieron en un caos. Los cortes llegaron hasta El Calafate, donde la temporada de verano pasa un buen momento, aunque alterada por falta de nafta y un piquete de la Uocra. Por estos días, también descansa allí en su chalet la ex presidenta Cristina Kirchner.

Ayer, los trabajadores de Austral Construcciones llevaron su protesta a la gobernación. No les alcanzó con el escueto comunicado que la gobernación difundió, en el que aseguraba que se habían iniciado gestiones con la Nación para el pago de las certificaciones. Querían que alguien se lo dijera personalmente.
Fue Alicia Kirchner quien se comprometió ante una reducida delegación, que recibió en su despacho. La gobernadora asumió el compromiso de gestionar el pago de la deuda a los trabajadores a partir de que se paguen certificados de obra pública, que, según declaró la empresa, se les adeudan desde antes del fin del gobierno de Cristina Kirchner.

Entre las partes acordaron abrir un tiempo de espera de 48 horas hábiles, que se extenderán hasta el lunes. La modalidad dependerá de cada localidad. Mientras en El Calafate decidieron levantar el piquete en forma total, en Río Gallegos flexibilizaron la medida permitiendo la circulación en las vías cortadas.
«Hay un 60% de posibilidades de que se obtenga el pago de algún dinero para poder afrontar alguna quincena», aseguró un trabajador de Austral. En tanto, negaron rotundamente que se hubieran dado despidos. «No hubo ningún telegrama de despido», afirmó Miguel Zuñiga, delegado de la Uocra en El Calafate.

Un día antes de la reunión, la gobernación santacruceña había difundido un parte de prensa donde aseguraba que a poco de asumir la gobernadora había intervenido a favor de los trabajadores de la Uocra y que el 30 de diciembre pasado, a través de la Secretaría de Trabajo, había intimado a Vialidad Nacional a cumplir con el pago de los certificados de obra reclamados por Báez.

Curiosamente, en ningún párrafo del comunicado Alicia Kirchner mencionó a las dos empresas en conflicto, Austral Construcciones SA y Kank y Costilla. Mucho menos mencionó a su dueño, Lázaro Báez, que por estos días desparramó duras críticas contra el kirchnerismo e incluso contra la gobernadora.

Ante testigos, Báez repitió que las deudas se las dejó el gobierno kirchnerista, y responsabilizó a Alicia Kirchner de no haber gestionado para que le aceleraran los pagos.

Desde su diario Prensa Libre, Lázaro Báez criticó a la gobernadora a través de un artículo periodístico por no resolver la situación de los pagos atrasados a la empresa. Aclaró, además, que la empresa «no es ajena al gobierno». También utilizó su diario para publicar una nota de comunicación a la Secretaría de Trabajo en la que se adelantaba que se verían obligados a avanzar en despidos si no se resolvía la situación.

La deuda

Báez reclama que le paguen $ 215.854 millones de certificados de obras atrasados para poder enfrentar el pago de las quincenas y aguinaldos de los trabajadores, que según fuentes gremiales alcanzaría los 25 millones de pesos. Los representantes del empresario detallaron que tiene a cobrar por parte de Vialidad Nacional certificados correspondientes a septiembre y octubre de 2015 por la suma de $ 215.854.000 millones.

Sin embargo la diputada nacional Susana Toledo (UCR) aseguró que Báez no tiene certificaciones a su favor: «No sólo no existen deudas (desde Nación) con la empresa Austral Construcciones, sino que la administración anterior pagó obras que no fueron ejecutadas».

«Estoy sorprendida porque Lázaro Báez, que es millonario, que tiene campos, empresas y cientos de vehículos, de pronto no tiene para pagarles a los empleados», dijo Toledo. Y manifestó sus sospechas de que el propietario de la firma «está buscando vaciar la empresa que durante años fue la dueña de todas las obras públicas que se hicieron en Santa Cruz», aseveró.

 

fuente LA NACIÓN

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