Susana-Malcorra-ONU-El Gobierno analiza rescindir más de 1000 contratos de empleados de la Cancillería y del Ministerio de Justicia como parte de la revisión de los nombramientos políticos hechos por el kirchnerismo, lo que motivó que los gremios estatales anunciaran que acudirán a la Justicia para evitar eventuales recortes.

La canciller Susana Malcorra anunció que está haciendo una revisión de 700 contratos en la Cancillería y que no ve que todos los que ingresaron en el último tiempo tengan oportunidad de quedar.
«No quiere decir que estén mal todos», dijo la funcionaria, y expresó que «hay que evitar una caza de brujas, sino ver quién está trabajando, lo que hace y si tiene la capacidad para ocupar el cargo».

Malcorra indicó: «Ha ingresado demasiada gente al Instituto del Servicio Exterior de la Nación en los últimos tiempos, y cuando uno mira la población que tienen no veo que podamos generar posibilidades y oportunidades para todos ellos. Estamos revisando estructuralmente la cosa». La Cancillería es una de las áreas de la administración donde la militancia camporista hizo pie, incluido también el Instituto del Servicio Exterior de la Nación.
A la vez, hay en marcha en la Cancillería una convocatoria a concursos para ocupar más de 500 puestos, y según indicó Malcorra este mecanismo seguirá su curso.

En tanto, en el Ministerio de Justicia, el ministro Germán Garavano analiza rescindir contratos de cientos de empleados. El número de personas alcanzadas por la medida está todavía en estudio, pero puede rondar las 500. Se trata de empleados que tienen contratos de los entes cooperadores y que, en muchos casos, ingresaron desde junio del año pasado en adelante.

Caso por caso
La revisión de los legajos se hace caso por caso y se analizan especialmente aquellos empleados que están nombrados y que nunca fueron a trabajar, o las áreas donde creció de manera exponencial el número de empleados. Entre los contratos que se revisan están los de familiares de ex funcionarios del ministerio, nombrados con sueldos importantes, dijeron las fuentes.

El Ministerio de Justicia, donde se hizo fuerte el camporista Julián Álvarez como viceministro, fue un ámbito donde se hicieron numerosos nombramientos sin funciones específicas.

La revisión de los contratos ya fue anticipada por Garavano a los gremios de estatales en diversas reuniones. Los sindicatos rechazaron los despidos y advirtieron que intentarán frenarlos por vía judicial. El secretario general de ATE, Hugo Godoy, advirtió que no van a permitir un solo despido y avisó que están en una «actitud firme y decidida de resistir». Godoy adelantó que desde ATE están analizando tomar «alguna medida de fuerza de carácter nacional» y advirtió: «Nos tocan a uno y nos tocan a todos».

En tanto, el titular del gremio de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, consideró «una barbaridad» las bajas, por lo que van a intentar frenarlos por vía judicial.

Rodríguez sostuvo que sólo hay «una minoría» de empleados públicos que no trabajan y manifestó que «no existe una revisión seria, responsable ni una evaluación como corresponde» de los contratos de los trabajadores por parte del Estado.

El ex ministro de Trabajo Carlos Tomada aseguró que «la enorme mayoría (72%) de los trabajadores/as públicos/as realizan tareas de salud, educación y seguridad», y se preguntó si «a ellos quieren despedir».

 

fuente LA NACIÓN

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