detencion-salaSAN SALVADOR DE JUJUY.- La decisión de debilitar a Milagro Sala por todas las vías posibles está tomada. El gobierno de Jujuy ampliará hoy su ofensiva en la Justicia contra la líder de la organización Tupac Amaru, detenida desde anteayer por instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real, una falta menor y excarcelable. Pero sigue en prisión porque registra otros procesos pendientes, por hechos de 2011 y 2014.
El equipo de abogados a cargo del gobernador, Gerardo Morales, ultimaba anoche los detalles de una serie de demandas penales que complicarían aún más la situación de la detenida. Según pudo saber LA NACION, Sala será acusada de cometer fraude contra la administración pública y de comandar una asociación ilícita con el agravante de ser funcionaria pública, por ser diputada del Parlasur. ¿El motivo? La desaparición de $ 29 millones que el gobierno entregó a las cooperativas para que sean invertidos en la primera etapa del programa de soluciones habitacionales 1000 mejor vivir. Según el Código Penal, las acusaciones podrían derivar en una condena de hasta veinte años de prisión.

«Sala es la jefa de una agrupación que dice ser una organización social, pero es una organización mafiosa, que delinque, malversa fondos y, encima, es una organización política», afirmó ayer Morales en diálogo con LA NACION en su despacho de la gobernación, a pocos metros del acampe masivo que Tupac Amaru encabeza en la plaza central de esta ciudad desde hace 34 días (ver aparte).

 

«Es una organización fascista -acusó el gobernador-. Nuestro desafío central ahora es terminar con este sistema que ha degradado a la gente y que le ha robado al Estado.»

El retiro del acampe

Morales no habló de represión. De hecho, fue cauto cuando se le preguntó si va a acatar el fallo que firmó ayer el juez Gastón Mercau, quien se hizo cargo de la causa luego de que el magistrado anterior, Raúl Eduardo Gutiérrez, se apartara por motivos de salud. El pronunciamiento judicial hizo lugar al reclamo de la provincia y ordenó el «cese de estado antijurídico en el área comprendida entre las calles Independencia, San Martín y Belgrano, entre Gorriti y Sarmiento». Es decir, desalojar las inmediaciones de la plaza ocupada.
Antes de actuar, afirmó Morales, se debe cumplir con lo dispuesto anteayer por la jueza de menores María Hinojo, quien intimó a Tupac Amaru a retirar a los menores de edad del acampe. «Tengo dos resoluciones acá y para cumplir la orden del juez tengo que tener certezas de que se haya cumplido lo firmado por Hinojo», dijo el mandatario radical.

En tanto, los abogados de Sala intentaban ayer convencer al juez de que liberen a la dirigente social, que permanece detenida en la Comisaría de la Mujer Nº 49. Aunque no lo admitían y se podía vislumbrar un dejo de esperanza en sus dichos, sabían que al menos esa batalla estaba perdida de antemano y acusaron al gobierno provincial de «perseguir» a la organización.

«Es una detención arbitraria, sin pruebas y con sesgo claro político. Es claramente una persecución porque Sala es opositora al pensamiento de Morales desde siempre», sostuvo a LA NACION Luis Paz, uno de los abogados de la dirigente. «Este gobierno busca disciplinar a las organizaciones y quitarle el poder político y territorial que tiene la Tupac», agregó.

Si bien el gobierno provincial y la Tupac Amaru continúan en pie de guerra y ninguna planea dar un paso atrás, Morales confió en que la disputa está «cerca del desenlace» porque -afirmó- día tras día la movilización pierde apoyo. Y aún tiene un as en la manga: en las demandas presentará como testigo a aquellas cooperativas -¿ex aliadas?- que presuntamente fueron perjudicadas por el resistente imperio de Milagro Sala.

 

fuente LA NACIÓN

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