678El programa «Seis, en el Siete, a las Ocho», popularizado como «678», costó casi $150 millones en sus seis años en el aire de la TV Pública. Ello sin contar los fondos que recibió por Pauta No Tradicional (PNT) de diversos auspiciantes privados y organismos públicos. Año a año, la apuesta fue creciendo: entre el 2009 y el 2015, el contrato anual del canal con la productora Pensado Para Televisión (PPT) tuvo un incremento del 623%.

Así surge de datos recopilados por el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos Hernán Lombardi, el ministro que busca desandar el denominado «relato kirchnerista». De acuerdo a su informe, en 2009 el monto del contrato anual (incluyendo IVA y el monto por la emisión dominical) fue de $5.142.500. En 2010, fue de $13.576. 200 y al año siguiente, de $17.017.440. En 2013, ascendió a $24.505.114 y en 2014 a $29.406.137. En su última temporada, el año pasado, el número final fue de $37.214.319.
Diego Gvirtz, dueño de PPT durante casi todo el ciclo hasta que fue vendida al Grupo Indalo en abril pasado, asegura que los montos «no eran elevados para una producción de ese tipo» y enfatiza: «La TV Pública ganó mucho más dinero que el que gastó por 678».
Según el contrato celebrado entre la TV Pública y PPT al que accedió LA NACION (ver al final), y que venció el 30 de noviembre último, estaba acordado que la productora aporte «los recursos técnicos y humanos para la pre producción, la producción, la dirección artística y la post producción» del ciclo. En tanto, el canal brindaba «horas de grabación con recursos técnicos y humanos, escenografía para el vivo, camarines, maquillaje, vestuario y peinado».
Otro de los puntos indicaba que «el personal contratado de cada una de las partes no tenía vinculación laboral con la otra parte», mientras que se especificaba que la productora era responsable por «la contratación y pago de los honorarios del conductor y los cinco columnistas que lo integran».

La pauta de la polémica

En el punto 10 del contrato se detallan las cláusulas vinculadas a la publicidad. Esta es la zona gris de la letra del acuerdo por la que el Gobierno denunció que PPT recibió $15 millones de la Anses de manera irregular, mientras que Gvirtz asegura que no hubo ilegalidades en esa transacción.
Textualmente, el punto 10.2 del contrato, que se refiere a las pautas que se transmiten durante los minutos de programa y no las tandas, indica: «Cualquiera de las partes podrá comercializar dentro de la artística del ciclo espacios de publicidad no tradicional (PNT). Los ingresos (netos de IVA) generados por la comercialización de estos espacios de publicidad se distribuirá 50% para la productora y 50% para Radio Televisión Argentina (RTA), independientemente de quien haya concretado la venta».

Otro de los puntos clave de esta cláusula contractual, el 10.8., adiciona: «En ningún caso la productora podrá comercializar espacios de publicidad de ningún tipo para organismos oficiales o con anunciantes que en los últimos nueve meses hubieran pautado con RTA».

En su denuncia, Lombardi detalla que de los $ 30.703.521 que desembolsó la Anses para 678 en 2015, la mitad quedaron en la TV Pública, y la otra parte ($15.351.760) fue transferida a PPT. Para el ministro esa transacción fue irregular, debido al punto 10.8 del contrato.

En diálogo con este medio, Gvirtz aseguró que no hubo faltas. «Nosotros a la Anses no la podíamos ir a buscar, y no lo hicimos. Pero el canal sí podía venderle PNT a la Anses. Luego, por contrato, los ingresos de esa publicidad se repartían entre el canal y la productora. En todos los canales es así».

Lombardi replicó: «El argumento de Gvitrz es infantil. Cuando se dice que la productora no puede comercializar con organismos del Estado significa que no podía vender espacios de programa a cambio de dinero. Acá se utilizó un artilugio para triangular dinero público ¿Cómo saber quién «vendía» el PNT? Es escandaloso que el dinero de los jubilados haya financiado 678 y que parte de ese dinero haya terminado en PPT».

Ahora, a titular de la OA, Laura Alonso, deberá seguir el expediente para determinar si hubo o no defraudación al Estado. Lombardi pretende que «si hubo montos mal liquidados, vuelva el dinero al Estado». Gvirtz está confiado en que la letra del contrato avala el millonario giro. De abrirse un sumario, lo deberán enfrentar Cristóbal López y Fabián de Souza, los dueños de Grupo Indalo, el nuevo controlante de PPT.

 

fuente LA NACIÓN

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